Juan Francisco Rosa ha vuelto a dirigirse a la Audiencia Provincial de Las Palmas pidiendo que se levante la medida cautelar que en diciembre de 2013 ordenó el cierre de la bodega Stratvs, dentro de la causa penal que está ya pendiente de ir a juicio. En su nuevo escrito, la defensa de Rosa insiste en negar que se produjeran vertidos contaminantes, pese a los informes que así lo acreditan, y en asegurar que no existe una red hídrica en la zona, por lo que según él no hay "riesgo de contaminar aguas que no existen".
Además de aludir a nuevos informes privados aportados por su defensa, su solicitud también vuelve a hacer referencia al Plan Especial de La Geria, aprobado definitivamente hace dos años, alegando que "legaliza" las instalaciones. Al respecto, Rosa subraya que ese Plan menciona expresamente a la bodega Stratvs y la clasifica como un equipamiento estructurante, dándole así la misma categoría que a las nueve bodegas históricas de La Geria. "Este hecho es de una importancia capital puesto que, incluso en el caso de que se pueda concluir que las licencias concedidas para la construcción del complejo y de la actividad de la bodega no se ajustaron en su momento al ordenamiento jurídico, resulta irrefutable que dichas instalaciones han sido legalizadas o, cuando menos, resultan legalizables y por lo tanto atípicas, desde la aprobación de dicho Plan Especial", sostiene su defensa.
Por su parte, la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, cree que esta nueva petición de Rosa de que se reabra la bodega se basa precisamente en el riesgo inminente de que ese Plan sea anulado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya se ha reunido para emitir su fallo sobre los recursos contenciosos que se presentaron contra el documento, y está pendiente de dictarse la sentencia. "El señor Rosa sabe que, a pesar de su denodado esfuerzo por desprestigiar a los peritos judiciales doña Joanna Macías y don Leopoldo Díaz, hay sobrados fundamentos para temer que dicho plan decaerá por los vicios de nulidad de que adolece, y que dicha resolución judicial se dictará y notificará en breve, lo que convierte este trámite en un simple movimiento táctico de la defensa para anticiparse a un pronunciamiento judicial desfavorable, y eludir su efecto potencialmente devastador", sostiene la acusación popular, que recuerda que uno de los motivos por los que se recurrió ese Plan Especial es precisamente por el trato que da a Stratvs, con "determinaciones elaboradas para forzar el encaje de dicho complejo turístico ilegal en el ordenamiento urbanístico y ambiental, ajustándose, como un guante a la mano, a la desmesurada y desproporcionada construcción de dicha bodega en un espacio natural protegido".
Entre otras cosas, subraya que desde el documento de aprobación inicial se produjeron "notables alteraciones, puesto que de la falta de la más somera mención a la Bodega Stratvs se pasó, sin solución de continuidad, a legitimar su existencia", al nombrarla expresamente y clasificarla como un equipamiento estructurante. De esta forma, Transparencia Urbanística sostiene que se le dio "una posición jurídicamente privilegiada, como es la equiparación de la construcción ilegalmente ejecutada con las bodegas históricas de La Geria (que tienen detrás, como mínimo, un siglo de historia y el esfuerzo colectivo de varias generaciones de agricultores y campesinos para acceder a su posición singular dentro del espacio natural protegido)".
Además, afirma que Rosa ha realizado "esfuerzos" para "retrasar" la resolución de contencioso contra el Plan de La Geria, "estirando hasta el límite las normas de procedimiento de la jurisdicción contencioso administrativa". Al respecto, cabe recordar que el Cabildo anunció hace unas semanas, cuando ya se conocía que era inminente el fallo del TSJC, que elaborará un nuevo Plan Especial de La Geria. Y uno de los motivos, según reconoció el consejero de Política Territorial, Marcos Bergaz, es el temor a que el actual documento sea "tumbado" por los tribunales.
Rosa pide celeridad a la Audiencia "por la presencia de roedores" en la bodega
Mientras la acusación popular cree que la inminente decisión del TSJC sobre el Plan de La Geria es lo que ha provocado esta nueva solicitud de Rosa, el empresario alega que el cierre de la bodega "ha provocado daños en las instalaciones por la existencia principalmente de roedores, los que genera además de graves problemas de salubridad, importantes desperfectos en la maquinaria, al comerse el cableado eléctrico". Por eso, pide ahora a la Audiencia que resuelva esta petición "a la mayor brevedad". Cabe recordar que a principios de este año, la propiedad ya había advertido de la presencia de ratas en Stratvs y la juez instructora autorizó que accedieran al complejo para realizar un tratamiento de desratización, bajo la supervisión de agentes del Seprona.
"Juan Francisco Rosa Marrero vuelve a mostrar de forma descarnada la concepción que tiene de las Administraciones Públicas y, en este caso en particular, de los órganos de la jurisdicción penal como una gestoría al servicio de sus ocurrencias y caprichos, y su paralela incapacidad para entender que la medida cautelar adoptada es un mero reflejo de la existencia del Estado de Derecho y, en particular, del principio de igualdad ante la ley", responde la acusación popular. Al respecto, subraya que lo que ha ocurrido en este caso es que "el señor Rosa Marrero cometió, presuntamente, varios delitos en el proceso de construcción de la bodega Stratvs, y es su deliberado y continuado apartamiento de la legalidad la causa principal y, en puridad, la razón del cierre de la bodega y de la prohibición de la realización de actividades".
Además, considera que "los nuevos informes aportados por la defensa del señor Rosa no añaden nada nuevo a los que ya constan en la causa, ni a los argumentos ya rechazados" hasta en cuatro ocasiones, primero por la juez instructora, Silvia Muñoz, y después por la Audiencia Provincial, que desestimaron las anteriores peticiones de que se anulara la medida cautelar y se permitiera reabrir la bodega.
"Una vez al año tiene por costumbre cambiar de letrado" y pedir la reapertura
"Es la tercera vez en tres años que los tres diferentes letrados del señor Rosa y de la entidad BTL Lanzarote S.L. solicitan el alzamiento de la medida cautelar adoptada", recuerda la acusación popular, subrayando que el empresario ha ido cambiando de abogado en esta causa, siendo representado primero por Felipe Fernández Camero, después por Margarita Alejo Hervás y actualmente por José Antonio Choclán Montalvo. "Basándonos en el cálculo de probabilidades podríamos afirmar que, al menos una vez al año, el señor Rosa tiene por costumbre cambiar de letrado y ordenar que se inste el alzamiento de la medida cautelar que le impide abrir el complejo clandestino que construyó en pleno corazón de La Geria", concluye Transparencia Urbanística.
En cuanto a esta nueva petición de que se autorice la reapertura, insiste en que los argumentos empleados por la defensa son los mismos que ya han sido rechazados en otras ocasiones y reitera que el único motivo de que se vuelva a solicitar ahora de forma "extemporánea e inoportuna" está en adelantarse a la sentencia del TSJC en el contencioso sobre el Plan de La Geria. "Ésta es la última oportunidad de solicitar la apertura del complejo clandestino denominado Bodega Stratvs ", insiste la acusación popular, que destaca que para ello la defensa "reitera" los mismos alegatos "hasta la saciedad, aunque para ello se tengan que manosear los mismos argumentos ya rechazados, manipular el contenido de los informes periciales que constan en la causa y retorcer hasta la extenuación la interpretación de las resoluciones judiciales firmes".
Además de acusar a Rosa de "manipular" la intervención de la Fiscalía en la adopción y el mantenimiento de la medida cautelar de cierre, la acusación también destaca que la nueva solicitud del empresario "oculta datos, interpreta de manera torticera la legislación aplicable, extrae cuidadosamente de los textos frases sueltas que pudieran favorecer el alzamiento de la medida y descontextualiza el contenido de las resoluciones para, con una interpretación arbitraria e interesada de dichos extractos, exponer una argumentación ficticia y vacua con la que se pretende fundamentar el alzamiento de la medida acordada".
Además, en contra de lo alegado por la defensa de Rosa, niega que el único motivo en el que se basó la orden de cierre de Stratvs fuera el riesgo medioambiental por los vertidos. Al respecto, recuerda distintos fragmentos de las resoluciones judiciales que se han adoptado, tanto al ordenar el cierre como al rechazar los distintos recursos de la propiedad, y también del auto que en marzo de 2015 ordenó ya la apertura de juicio oral en esta causa, en el que se detalla "el escandaloso cúmulo de delitos que permitieron la construcción, puesta en funcionamiento y explotación del complejo industrial denominado Bodega Stratvs, y que representa el ejemplo más significativo del urbanismo criminal practicado durante años en Lanzarote, con la inestimable complicidad de altos cargos públicos y funcionarios de la administración local, insular y regional".
