No le consta "que hubiera un proyecto con ese nombre", ni tampoco "ningún contrato" ni "ningún servicio" que se prestara y que "encaje" con el concepto de la factura. Eso es lo que aseguró en los Juzgados una técnico del Ayuntamiento de Arrecife, cuando le mostraron una factura de 63.000 euros pagada por el Consistorio e investigada dentro del caso "Montecarlo".
El pago fue autorizado por el ex alcalde del PP, Cándido Reguera, y cargado a una de las Concejalías que gestionaba Lorenzo Lemaur. Sin embargo, la técnico que trabajaba en las áreas de Lemaur asegura que desconoce "el proyecto" al que se hace referencia en la factura, y también que realmente se haya prestado algún servicio en ese concepto. Lo mismo afirmó por escrito el trabajador responsable del área de Cultura, al recibir un requerimiento de la Fiscalía pidiendo documentos sobre ese pago. Según este trabajador, en su departamento no constaba ni el proyecto ni la memoria del mismo.
En la factura, de la empresa Tunera Producciones, se especifica que el concepto era el "Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife" y se emitió en diciembre de 2010. Sólo un mes antes, esa empresa había presentado al Ayuntamiento una propuesta para realizar un proyecto con una denominación muy similar: "Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife".
En su declaración como testigo en el caso Montecarlo, la técnico responsable señaló que sí conocía el proyecto bajo ese nombre, aunque en este caso tampoco le consta cómo se contrató ni que se llegara a ejecutar. Al respecto, explicó que cuando Tunera presentó esta propuesta, en noviembre de 2010, Lemaur le "solicitó ayuda para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas, porque el servicio de contratación era muy estricto, en el sentido de que hubiera algún técnico que hubiera supervisado el pliego".
"Necesitaba un técnico"
Tras cumplir este encargo, la técnico comunicó al concejal que "la adjudicación debía tramitarse como un procedimiento negociado" y que "debía invitarse a otras dos empresas", ya que el contrato superaba los 18.000 euros. Sin embargo, según declaró en los Juzgados, no le consta que después "se hicieran las invitaciones, ni que se celebrara el contrato, ni que se ejecutara el servicio".
Y todo ello, pese a que le hicieron figurar a ella como la encargada del contrato. "Entiendo que fue porque necesitaba un técnico", explicó en su declaración, en la que insistió en que ella se limitó a hacer el pliego de prescripciones técnicas, y después no volvió a saber nada más, por lo que entendía que el contrato ni llegó a firmarse.
Sin embargo, el Ayuntamiento sí pagó hasta tres facturas por este supuesto servicio. La primera, en teoría, sería la abonada por orden de Cándido Reguera, aunque no coincide la denominación exacta del proyecto. Las dos segundas fueron autorizadas por el ex concejal Lorenzo Lemaur y eran de 15.461 euros cada una.
La autorizada por Reguera, por importe de 63.000 euros, corresponde en teoría al supuesto "estudio y conclusiones" del proyecto, que en realidad se había presentado solo un mes antes en el Consistorio, y como una simple propuesta. La segunda, abonada ya por Lemaur y por importe de 15.461 euros, correspondía al pago del desarrollo del proyecto entre los meses de octubre de 2010 y enero de 2011. Es decir, se pagaba incluso un mes en el que el supuesto proyecto ni siquiera se había presentado aún en el Consistorio.
Además, cuando Cándido Reguera estaba aún en la Alcaldía, a la Fiscalía llegó dos veces el mismo proyecto para justificar estos gastos. En ambos casos, el texto es idéntico y sólo cambia la última hoja: en una aparece el presupuesto, y en la otra no. Y en la que sí figura el importe que tendrá esta iniciativa, la cifra coincide con las dos facturas abonadas por Lemaur, que en total suman 29.450 euros más IGIC, pero no se dice nada sobre los 63.000 euros abonados previamente por Reguera.
"Estudios sociológicos" y pantallas para el Mundial
Tras ser citado a declarar en calidad de imputado por estos y otros hechos al estallar la causa, Cándido Reguera reconoció que nunca vio la memoria de ese proyecto, en la que se debía dar cuenta de las actividades realizadas, aunque afirmó que "sabe que se hizo porque recuerda haber visto a dos chicas trabajando en los centros socioculturales". Sin embargo, con respecto a la factura de 63.000 euros que él firmó personalmente, acabó señalando que en realidad obedecía a otros servicios prestados por la empresa.
Según él, "proyectos pequeños que se iban contratando" y que se abonaron en esa misma factura. Y entre esos proyectos, aseguró que se incluían un "estudio sociológico sobre Malpaís", "las pantallas para ver los partidos de la selección española en el Mundial", "el Día del Emprendedor" o "el Día de Canarias". Sin embargo, tanto en la factura como en la orden de pago, el concepto que figura es el de "Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife".
Lo que sí señaló el ex alcalde es que fue él quien "encargó personalmente" esos supuestos servicios a esta empresa. Además, admitió que "fue una decisión verbal" y que "no hay procedimiento de contratación". Aunque según él, fueron "varios encargos a lo largo de 2010 y 2011" y esos 63.000 euros "no se pagaron por el proyecto solo".
Ante esta afirmación, el ex alcalde también tuvo que responder si se trataba de un posible "fraccionamiento irregular" de facturas, para evitar los trámites de contratación establecidos, a lo que respondió que entendía que no.
En cuanto al "estudio sociológico" que aseguró que se pagaba dentro de esos 63.000 euros, el fiscal le preguntó si se trataba de una encuesta y Cándido Reguera confirmó que sí. Según su declaración, la empresa le dio una copia, en la que "aparece una empresa de Madrid, llamada Institutos Perfiles Canarios". Respecto al dinero que costó esa encuesta, Reguera aseguró que lo desconoce.
Firmaba facturas "sin mirar el importe"
Aunque reconoció que fue él quien pidió esos supuestos servicios a Tunera y que lo hizo sin ningún procedimiento de contratación, Cándido Reguera intentó justificar la firma de esas facturas escudándose en el interventor, Carlos Sáenz, que también está imputado en la causa y continúa en prisión provisional.
En este sentido, aseguró que "al no poner reparos el interventor", él "firmaba" las facturas "con carácter de dar el visto bueno, porque entiende que sí han pasado los cauces legales". Además, a preguntas de su abogada, agregó que cuando firmaba facturas no era una sola, sino "un bloque", y que "a veces no miraba el importe ni el concepto" y "firmaba sin más".
Ni en la factura firmada por Reguera ni en las dos de Lorenzo Lemaur aparece la firma de la técnico del área, que asegura desconocer todo lo relativo al proyecto de Tunera. En la primera factura, junto a Cándido Reguera firma como técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de Turismo.
En las otras dos facturas, junto al nombre de Lemaur aparece el de Emilia Perdomo, que en esa época era miembro del grupo de gobierno, aunque la firma no se corresponde con la suya. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que aclarar después al Juzgado que quien realmente firmó esas facturas fue un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés, y que por "error" se agregó debajo el nombre de Emilia Perdomo.
"Política general" y "dinamización"
En el encabezamiento del proyecto presentado por Tunera al área de Barrios, la empresa lo definía como "un servicio externo para el desarrollo de actividades y proyectos a desarrollar, de forma directa o indirecta, por dicha Concejalía, dirigidos a la política general en materia de Barrios del Ayuntamiento, a la dinamización social y cultural de los mismos y, de forma específica, si bien no principal, de apoyo a la gestión y dinamización de los centros socioculturales del municipio".
En las cláusulas, se establecía también que se presentarían memorias mensuales, para ir "evaluando las acciones" y "replanteando objetivos". Sin embargo, no constan en el Ayuntamiento ni esas memorias mensuales, ni tampoco la memoria final del proyecto, en la que se debería haber dado cuenta de las acciones realizadas.
De hecho, la Fiscalía considera que esos servicios ni siquiera llegaron a prestarse: ni los que se pagaron con las dos facturas de Lemaur, ni los de los 63.000 euros autorizados previamente por Reguera, y adjuntados a ese mismo expediente.
