La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo y vicesecretaria insular del PSOE, Ariagona González, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de la posición del Partido Socialista sobre la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del Plan Hidrológico de Lanzarote.
El PSOE ha exigido a Oswaldo Betancort, por boca de su portavoz, que "negocie con el Gobierno de Canarias la modificación de ese borrador y que recurra ante los tribunales su aprobación, en caso de que el Gobierno prosiga con su tramitación, por los graves perjuicios que ocasionaría a Lanzarote".
La consejera ha pedido a Betancort que mantenga la línea de oposición al Plan del anterior gobierno insular: «El gobierno de Loli Corujo se negó a aprobar el borrador del Plan porque autorizaba la desalación privada y avisó al Gobierno de Canarias de que recurriría a los tribunales en caso de que siguiera adelante con su aprobación».
"Autorizar la desalación privada provocará en poco tiempo un encarecimiento insoportable del precio del agua para la población insular", ha advertido la consejera, explicando que el precio que pagan las familias de Lanzarote está bonificado gracias a la tarifa, más cara, que pagan los grandes consumidores, fundamentalmente en el sector alojativo.
Un cambio de última hora
González explicó que "desde el primer momento" se dieron instrucciones al equipo redactor del Plan y a la propia Dirección General de Aguas, que se había hecho cargo de la redacción del Plan, de que mantener el monopolio del agua en favor del Consorcio del Agua de Lanzarote era un requisito indispensable para su aprobación.
"Sorprendentemente, el último borrador, fechado en diciembre de 2022, liberalizaba la desalación y, ya en enero de 2023, se le comunicó al Gobierno de Canarias la negativa del gobierno de Loli Corujo ha aprobar el Plan en esas condiciones y su intención de recurrir el Plan si fuera aprobado por el Gobierno de Canarias", ha explicado la consejera.
"Las consecuencias de una irresponsabilidad"
Inicialmente, tanto la Dirección General como el equipo redactor manifestaron sus dudas con respecto a prohibir la desalación privada por la existencia de una sentencia del año 2018, que anulaba el Plan Hidrológico de 2001 precisamente por reservar la desalación solo al Consorcio del Agua de Lanzarote.
Esta sentencia, fruto de un procedimiento interpuesto por un particular, deja claro que ninguna administración insular defendió el Plan anulado, compareciendo tan solo el Gobierno de Canarias.
"Se estaba combatiendo en los tribunales el Plan Hidrológico de Lanzarote y no se personó ninguno de los organismos insulares afectados", ha explicado González reprochando que no intervinieran ni el Consejo Insular del Agua, organismo encargado de velar por el Plan, ni el Consorcio del Agua de Lanzarote, como titular del monopolio del agua.
Pero lo peor, a juicio de la consejera, fue la incomparecencia de la primera institución insular: «El Cabildo Insular de Lanzarote, que podía y debía haber tenido un papel fundamental en ese contencioso, ya que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote del año 91 reservaba el monopolio del agua al Consorcio, tampoco se personó».
"O fue el Gobierno de Canarias quien ocultó la existencia de este procedimiento hasta que se produjo la sentencia, o fue el Cabildo quien hizo dejación de sus obligaciones en el año 2016, presidiendo el gobierno tanto en Canarias como en Lanzarote Coalición Canaria", ha señalado González.
Fue por ello por lo que se insistió al equipo redactor a mantener la prohibición de la desalación privada, basándose en lo dispuesto por el Plan Insular, algo que no se había hecho en el Plan Hidrológico anulado y así se recogió en alguno de los borradores iniciales, hasta que se produjo el cambio de criterio en el borrador recibido en diciembre de 2022.
El procedimiento de monopolización
Ante la exigencia de la presidenta de prohibir la desalación privada, por parte del equipo redactor se hizo saber, ya en los primeros meses de este 2023, que, por seguridad jurídica, esta prohibición debería ampararse no en el Plan Insular, sino en un procedimiento de monopolización en favor del Consorcio Insular del Agua.
Ante esta nueva vía, Loli Corujo dio instrucciones de iniciar el procedimiento de monopolización y, para ello, se procedió a la contratación de un despacho jurídico especializado en la materia.
"Recibimos ese informe, que se encuentra en el Consorcio a disposición de Oswaldo Betancort, pero no pudimos culminar esas gestiones por el cambio de gobierno", ha explicado la portavoz socialista, exigiendo a Betancort que prosiga con la monopolización para garantizar la unidad del ciclo integral del agua en Lanzarote.
