La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular y vicesecretaria de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Lanzarote, Ariagona González, ha salido al paso de la nota de prensa difundida por Oswaldo Betancort en la que el presidente desmiente la información publicada sobre sus actuaciones en el procedimiento penal que se sigue contra Pedro San Ginés.
"No basta con decir que no es cierto lo que se ha publicado, cuando se trata de hechos de tanta gravedad, Oswaldo Betancort tiene que justificar con documentos oficiales sus afirmaciones", ha señalado González, recordando que el PSOE ha registrado una petición de información que atañe, precisamente, a las cuestiones que Betancort niega.
La consejera socialista ha explicado que el PSOE ha solicitado copia de los informes jurídicos que avalan las decisiones que se le imputan a Betancort, así como las copias de todas las comunicaciones cursadas con el abogado, el procurador, el Juzgado Nº2 de Instrucción y la Audiencia Provincial.
"El propio Oswaldo Betancort ha reconocido que dio instrucciones al abogado de paralizar todas las actuaciones, que se presentaron los escritos de desestimiento y que es la Asesoría Jurídica del Cabildo la que ha estado cursando escritos en el procedimiento, pero no ha aportado documentación sobre los supuestos informes de los servicios jurídicos que le llevaron a adoptar esas decisiones que en nada benefician ni al Consorcio ni a INALSA, pero que favorecen claramente a Pedro San Ginés", ha explicado la portavoz.
"Una clara falsedad"
González ha explicado que el PSOE queda a la espera de la documentación solicitada pero que ya está en condiciones de afirmar que la nota de excusas de Oswaldo Betancort se aparta de la realidad.
Tal y como ha explicado la portavoz socialista, la acusación que realiza Betancort achacando a la anterior presidenta el haberse saltado el procedimiento establecido en los estatutos del Consorcio e INALSA es radicalmente falsa.
La presidenta presentó el incidente de recusación por razones de urgencia, dado el corto plazo de tiempo que establece la ley para su formalización y, con posterioridad, los órganos competentes ratificaron su decisión.
«Oswaldo Betancort conoce perfectamente que los máximos responsables de las instituciones públicas están facultados para actuar personalmente por razones de urgencia cuando se trata de la defensa de las propias instituciones, debiendo luego someter esa decisión a los órganos de gobierno competentes, que fue lo que hizo la anterior presidenta», ha explicado González.
«Esta decisión de la presidenta estaba amparada, además, en una propuesta de la dirección letrada del procedimiento, que es a quien compete definir la línea de actuación de la institución», ha finalizado.
