Proponen la utilización de cinco desaladoras portátiles hasta que se instale la de 20.000 m3

En un informe publicado por la Mesa del Agua de Lanzarote piden al Cabildo Insular y a la empresa Canal Gestión que "las diligencias del agua se encuentren bajo un control público y sometido a la vigilancia de la ciudadanía"

20 de noviembre de 2024 (10:36 CET)
La propuesta de esta instalación provisional de las desaladoras ha sido propuesta por la Mesa del Agua. Foto: Juan Mateos
La propuesta de esta instalación provisional de las desaladoras ha sido propuesta por la Mesa del Agua. Foto: Juan Mateos

La Mesa del Agua de Lanzarote ha publicado un comunicado donde lanzan una serie de peticiones al Consorcio del Agua para solucionar el suministro hídrico en la isla y, además, exigir que "cumplan las promesas prometidas a los ciudadanos".

"La población residente de la isla seguimos sufriendo cortes selectivos diarios en el suministro del agua, sobre todo a los abonados de agua de uso doméstico y agrícola, ya que, en el agua de uso turístico no se registran cortes, incluidos los establecimientos hoteleros ilegales", denuncian desde el colectivo. 

La Mesa del Agua ha recalcado que en los meses de setiembre y octubre, "los vecinos del pueblo de Haría y de Los Valles estuvieron más días sin suministro que con él".

Además, critican al Consorcio del Agua por Agua por "tratar de amortiguar su descrédito y el de Canal Gestión intentando confundir a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa, dando a entender que están haciendo lo posible para resolver el problema, proponiendo una nueva artimaña como solución a los problemas de desabastecimiento: la declaración de Emergencia Hídrica en Lanzarote y La Graciosa".

La Mesa del Agua asegura que "estamos ante la presencia de un modelo de gestión del ciclo integral del agua privatizada que ha fracasado". Asimismo, acusa a la empresa madrileña Canal Gestión de "buscar la maximización de la tasa de beneficio y crear una crisis para obligar a intervenir a las administraciones, y así, con dinero público, mediante la Emergencia Hídrica el contribuyente pague las inversiones a la que está obligada la conseccionaria por contrato; y que el Consorcio del Agua no es capaz de hacer cumplir sus obligaciones".

 

Solución que proponen

En el documento presentado al Consejo Insular de Agua para solicitar la Emergencia Hídrica, se propone como medida principal el aumento de la producción de agua desalada, con la adquisición provisional de cinco desaladoras portátiles, hasta que se instale la de 20.000 m3.

"Recordemos que Canal Gestión Lanzarote, informó en el balance hídrico del año 2023 que la producción de agua desalada ascendía a 29,5 millones de metros cúbicos, es decir, un aumento del 4,67%, incluso con la merma de 10.000 m3 de un bastidor fuera de servicio. Si consideramos un consumo de 200 litros por habitante y día, sería suficiente para una población de 404.000 habitantes. A esto habría que añadir la producción de las desaladoras privadas", detallan.

"Creemos que es un error seguir instalando desaladoras de manera caprichosa, con dinero público y sin una planificación adecuada para intentar esconder donde está el verdadero problema y a donde hay que señalar, que no es otro que el 56% de volumen de agua no registrada; que no sólo se producen por las fugas en las redes, sino que es una problemática multifactorial y que abordarla requiere un enfoque integral e inversiones, correspondiendo solucionar a la empresa concesionaria (que no está dispuesta), combinando tecnologías avanzadas, mejoras en las infraestructuras y una gestión eficiente", explican.

 

Declaración de Emergencia Hídrica 

Desde La Mesa Ciudadana del Agua creen que "la declaración de Emergencia Hídrica lamentablemente no solucionará los graves problemas que está sufriendo la población de Lanzarote y La Graciosa, entre otras cosas, porque se sigue apostando por un modelo de gestión mercantilista de un bien común que ha fracasado y porque el documento presentado para justificar la Emergencia Hídrica, no refleja de manera rigurosa, ni se le da la suficiente prioridad a los problemas que afectan día a día a los usuarios".
 
"Cuando se declara la Emergencia Hídrica, las obras que se realicen deben ir ajustadas a los casos reales de verdadera emergencia porque conlleva la exención del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como un relajación de los controles administrativos, lo que abre la puerta a posibles corruptelas, por lo que un uso abusivo de dicha declaración favorece la realización de actuaciones que pueden conllevar un gran impacto o cuya eficiencia técnica, ambiental y económica no esté garantizada", exponen.
 
Por último, la Mesa del Agua aboga por "abrir un proceso abierto de reflexión con todos los agentes implicados para abordar un cambio de rumbo, un nuevo modelo, donde la gestión del agua se encuentre bajo un control público y sometido a vigilancia de la ciudadanía, no sólo de niveles de eficiencia, sino también sobre su impacto medioambiental".
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