La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha aprobado la Ordenación Detallada de la Zona de Interés Acuícola LZ-2, que permitirá la instalación de jaulas marinas en todo el litoral comprendido entre La Bufona y Punta del Barranquillo, en Puerto del Carmen.
La resolución fue publicada el pasado 1 de marzo y viene a desarrollar lo establecido en el Plan de Ordenación de la Acuicultura de Canarias, aprobado en julio de 2018. En ese documento, se establecían hasta cinco zonas de interés para la acuicultura en Lanzarote, tres de ellas en Playa Blanca, otra entre la playa de Las Cucharas de Costa Teguise y el Islote del Francés de Arrecife y la quinta entre la Bufona y la Punta de El Baranquillo, que es la más extensa y la que acaba de ordenarse.
En total, la superfice abarca más de 12 millones de metros cuadrados y afecta a tres municipios: Arrecife, San Bartolomé y Tías. La aprobación de la Ordenación Detallada, según se indica en la resolución, es el “requisito previo para la implantación de los establecimientos acuícolas” y “tiene por objeto la ordenación, con suficiente grado de detalle, de ámbitos marinos delimitados por el PROAC como Zonas de Interés Acuícola,”.
Respecto a los futuros proyectos que puedan ahora implantarse, señala que “serán autorizados en base a la Ley de Pesca de Canarias” y que “el otorgamiento de concesiones de acuicultura está sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado”.
El documento subraya que estas Zonas de Interés se definieron en lugares “donde concurren con mayor o menor nivel los factores positivos para la implantación acuícola”, como “cercanía a puertos, existencia de cofradía en su zona de interacción o área de influencia, dotación de infraestructuras de transportes y comunicaciones terrestres, dotación de suelo de uso industrial y cercanía de aeropuerto”, así como “existencia de concesiones o demanda para su instalación”.
Además, explica que “la asignación del aprovechamiento acuícola de la totalidad de las Unidades se le otorgará a los beneficiarios del Concurso de Proyecto, mediante procedimiento de otorgamiento de títulos habilitantes”.
Contra la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias, que actualmente se encuentra a exposición pública, cabe recurso tanto ante la propia administración como en la jurisdicción contencioso administrativa.
