Los Centros Turísticos no solo llevan más de dos años pagando a Marina Rubicón por el alquiler de locales, sino que también han estado abonando a este puerto deportivo ilegal facturas por amarre, compra de combustible e incluso "varado" y "reparación". En total, por estos tres conceptos, los dueños de Marina Rubicón recibieron casi 30.000 euros de dinero público entre enero de 2016 y junio de 2017.
Además, la cantidad pagada al puerto solo en ese periodo se eleva a más de 81.000 euros al sumar el alquiler de los locales. Ese contrato de alquiler fue firmado en julio de 2015 entre el consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo, y su primo Rafael Lasso Lorenzo, que es el gerente del puerto. Y entre otras cosas establecía un pago añadido de 2,4 euros por metro cuadrado de local, en concepto de "gastos de mantenimiento y conservación". Esto ha supuesto que los CACT pagaran cada mes 616 euros, facturados como "servicios comunes", que se sumaban a los 2.140 euros del alquiler en sí.
Ahora, el listado de facturas al que ha tenido acceso La Voz refleja que además de pagar por esos locales –utilizados primero como taller para el museo submarino y después como "oficina" de ese Museo Atlántico- los Centros también han estado abonando otros conceptos a este puerto deportivo ilegal, promovido por Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas.
Más de 20.000 euros en "varado reparación"
Según ese listado de facturas, la mayor cuantía abonada por los Centros Turísticos al margen del alquiler corresponde a "varado reparación". En total, solo entre junio de 2016 y marzo de 2017, la institución pagó más de 20.000 euros por este concepto. La mayor factura es del 21 de diciembre y asciende a 7.847 euros. La siguiente es del pasado 27 de marzo, por importe de 4.065 euros, pero ese mismo día se emitieron otras dos, una de 1.665 euros y otra de 270 euros. Además, solo en esos 10 meses de junio a marzo hay cinco facturas más de entre 69 y 3.666 euros.
A esto se suman otras 17 facturas por suministro de combustible emitidas entre febrero de 2016 y junio de 2017, que suponen otros 8.722 euros abonados al puerto. En cuanto al importe de cada una, hay notables diferencias de unos meses a otros, oscilando entre los 47 euros pagados en abril de 2016 y los 1.150 abonados justo el mes anterior, sin que se conozca cuál fue el destino de ese combustible.
Lo mismo ocurre con el "varado reparación" y con el otro concepto por el que los Centros abonaron facturas a Marina Rubicón, el de "estancia amarre". En el periodo de facturas al que ha tenido acceso La Voz hay en total tres en concepto de amarre, y dos de ellas son del mismo día, el 30 de diciembre de 2016, por importe de 69,55 euros cada una. La otra es de enero de 2016 y asciende a 706 euros.
La única embarcación pública que consta que se vinculara a ese puerto y al museo submarino es la Foca Monje, que en el año 2013 fue cedida al Cabildo por el Gobierno de Canarias. La embarcación estaba destinada a "cubrir y garantizar la seguridad marítima en la zona sur de la isla", pero en abril de 2016 se anunció que se usaría para la vigilancia del entorno del museo submarino.
Meses de denuncias y mandato plenario
En cuanto a los locales, en su momento fueron alquilados para servir de taller a Jason deCaires, durante la elaboración de las esculturas del museo submarino que los Centros Turísticos decidieron instalar frente a Marina Rubicón. Sin embargo, tras la inauguración del museo en enero de este año, los CACT siguieron pagando el alquiler y deCaires continuó haciendo uso de los locales para su obra privada. Finalmente, tras meses de quejas planteadas desde el grupo de Podemos en el Cabildo, el contrato fue rescindido en abril, pero ese mismo día se firmó otro nuevo para seguir alquilando uno de los locales, que actualmente se utiliza como "oficina" del museo submarino.
Tras conocer ese segundo contrato, Podemos volvió a llevar el tema al Pleno el pasado mes de julio, pidiendo que se rescindiera también ese segundo contrato. La moción fue aprobada ya que esa vez sí consiguió el apoyo de la mayor parte de la Corporación, pero el presidente, Pedro San Ginés, dejó claro que el grupo de gobierno no tenía intención de acatar ese mandato y lo calificó de "totalmente fuera de lugar".
Tres meses después, cuando estaba a punto de debatirse su destitución como consejero de los Centros por incumplir otro mandato plenario, José Juan Lorenzo anunció que estaban "ultimando" un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza para poder dar uso al Castillo de las Coloradas y trasladar allí, entre otras cosas, la oficina del Museo Atlántico. Sin embargo, casi un mes después de ese anuncio no han trascendido avances y los CACT siguen en Marina Rubicón, un puerto que fue declarado ilegal en la sentencia del caso Yate, que consideró acreditado que los dueños pagaron un soborno al ex alcalde, José Francisco Reyes, para obtener la licencia.
