El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado en su reunión de este lunes la adquisición de una finca urbana en la localidad de Uga, en Yaiza, por 1,1 millones de euros. Este terreno tiene 4.714 metros cuadrados de superficie y el objetivo de su compra es "incrementar las posibilidades de acceso de los lanzaroteños y gracioseros a una vivienda digna sin dedicar a ello gran parte de su renta". A ello se suman los dos terrenos adquiridos recientemente en Arrecife.
“No se trata de viviendas sociales; lo que está haciendo el Cabildo en los últimos meses es comprar terrenos para que, gracias al acuerdo que mantenemos con el Gobierno de Canarias, promover la promoción de vivienda dirigida a alquileres a precios asequibles, una buena noticia para de muchos jóvenes y muchas familias que no pueden permitirse afrontar un gasto mensual ahora por las nubes”, ha puntualizado el consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, a la hora de explicar el trabajo que vienen realizando desde su Área.
Jiménez ha adelantado que la previsión de la Institución es que, “en breve”, los tres terrenos comprados y destinados a esta iniciativa sean cedidos ante notario al Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias. “Es nuestra forma de ayudar durante un tiempo a las familias ya que estos alquileres a precios asequibles les permitirán plantearse ahorrar y soñar con tener una vivienda en propiedad. Y eso”, añade el consejero, “sin crear guetos porque las adquisiciones se están produciendo en el interior de los núcleos urbanos, tal y como nos anima la normativa”, expone Miguel Ángel Jiménez.
Hay que recordar que el Instituto Canario de la Vivienda acordó hace unas semanas con el Cabildo de Lanzarote el compromiso de construir todas las viviendas que se pueda sobre el suelo que le sea facilitado, a fin de resarcir a la isla donde, por otro lado, se lleva más de 40 años sin construir ni una sola vivienda de protección oficial o social.
Para agilizar este proceso, la Institución presidida por Oswaldo Betancort está usando el amparo normativo de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se permite la compra directa "por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien".
