La juez Silvia Muñoz ha ordenado ya la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a 14 personas en la pieza número 12 del caso Unión, que ahora se trasladará a la Audiencia Provincial para que fije la fecha de la vista. En esta pieza, que es una de las centrales de la causa, se investiga el pago de sobornos y la malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife, concretamente entre los años 2007 y 2009. En su auto, fechado este lunes 20 de julio, la juez impone además el pago de fianzas a 9 de los acusados, que en total tendrán que entregar casi 3 millones de euros.
El dinero tendrá que ser depositado en los 5 días siguientes a la notificación del auto y, en caso contrario, se ordenará el embargo de sus propiedades hasta alcanzar la suma que se le reclama a cada uno. Con este dinero, se pretenden cubrir las cantidades que tendrían que abonar en caso de ser condenados, tanto en concepto de multa como de responsabilidad civil, para devolver al Ayuntamiento el dinero presuntamente malversado. La cifra es la que solicitó la Fiscalía en su escrito de acusación, que fue presentado el pasado 26 de junio. Junto al Ministerio Fiscal, en la causa están personados como acusación particular la asociación Transparencia Urbanística y el Ayuntamiento de Arrecife.
La mayor fianza se solicita para el principal acusado, Dimas Martín, al que la juez le reclama 718.653 euros (409.000 en concepto de multas y 129.989 en concepto de responsabilidad civil, más un tercio de la cantidad total, que es lo que contempla la ley para establecer la cuantía de estas fianzas). Por su parte, Ubaldo Becerra y Antonio Machín, ex concejales del PIL en Arrecife, tendrán que entregar fianzas de 608.777 y 505.876 euros respectivamente.
Tres ya han entregado parte del dinero
Al otro ex edil acusado, José Miguel Rodríguez, se le exige la cuarta mayor fianza, aunque algo menor que la de los otros dos. Concretamente, 467.319 euros. En su caso, además de confesar los hechos y mostrar su arrepentimiento, ha devuelto ya parte del dinero que reconoce que malversó, entregando al Juzgado 9.000 euros. En su comparecencia voluntaria ante la juez el pasado 11 de junio, explicó que es "la cantidad que ha podido reunir" hasta ahora, "sin perjuicio del abono fraccionado o progresivo de las cantidades que le pudieran corresponder, reiterando que su intención es la reparación íntegra del daño causado".
La confesión de Rodríguez se suma a la de Matías Curbelo, para el que no se solicita fianza, y también a la de varios empresarios acusados en esta pieza. En el caso de Jesús Manuel Martín Brito y Antonio Gómez Ruiz, también habían mostrado su arrepentimiento y depositado ya en la cuenta del Juzgado 50.851 euros y 33.065 euros, respectivamente. Ahora, ambos deberán aumentar esa cantidad. A Martín Brito, la juez le exige una fianza de 239.210 euros en concepto de multa y responsabilidad civil, y a Gómez Ruiz 70.754 euros.
También reclama fianza al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que deberá depositar 173.320 euros, y a los empresarios Manuel Gregorio Reina Fabre y Samuel Lemes, que deberán entregar 28.852 euros y 10.505 euros respectivamente.
Otros cinco acusados y sobreseimiento para Luisa Blanco
Junto a estos 9 acusados para los que se reclaman fianzas, en el banquillo se sentarán otras cinco personas, para las que la Fiscalía pide penas de cárcel, pero no de responsabilidad civil. Además de Matías Curbelo, en esa situación están también Elena Martín, Rafael Arrocha, Antonio Cárdenas y Juan Francisco Rosa.
En su auto, la juez ordena además el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones contra la ex concejal del PIL Luisa Blanco. En su caso, la juez la mantuvo entre los imputados en el auto en el que dio por concluida la instrucción de esta causa, pero ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares han formulado acusación contra ella.
"La existencia de indicios justificó el despliegue de la actividad investigadora para esclarecer los hechos delictivos e identificar a los presuntos responsables pero, llegado el momento procesal actual y agotada la instrucción, aún persistiendo los indicios, no existe posibilidad de obtener nuevos datos incriminatorios que permitan sostener una acusación fundada" contra Luisa Blanco, sostiene la juez en su nueva resolución.
Penas de entre 1 y 17 años de cárcel
En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía penas de entre 1 y 17 años y medio de cárcel para 14 personas. La mayor pena se solicita para Dimas Martín, al que el fiscal Javier Ródenas señala como el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales. Del resto, algunos han conseguido rebajar su pena gracias a su confesión y a la "reparación del daño", al haber devuelto todo o parte del dinero malversado. Para los demás, pide penas distintas en función de su participación en los hechos.
La segunda mayor pena, de 17 años de cárcel, se pide para Ubaldo Becerra, mientras que para Antonio Machín reclama 12 años y medio y para José Miguel Rodríguez 4 años, 7 meses y 2 días de prisión. En cuanto a Matías Curbelo, el fiscal le pide 1 año y 4 meses de prisión y multa de 96.800 euros.
En cuanto a los funcionarios de Arrecife, para el interventor Carlos Sáenz la Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel, mientras que para el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, pide 4 años y para la que era jefa de Contratación, Elena Martín, reclama 2 años de prisión.
Respecto a los empresarios, la mayor pena se pide para Samuel Lemes (5 años de prisión), seguido de Manuel Gregorio Reina Fabre (4 años y 4 meses de prisión). Por su parte, la petición de pena se ha rebajado para los que han confesado y reparado parte del daño, Antonio Gómez Ruiz y Jesús Manuel Martín Brito. Para el primero el fiscal pide un año de cárcel y para el segundo 15 meses.
Además, reclama 2 años y 4 meses de prisión para el ingeniero Antonio Cárdenas, acusado de fraude a la administración y de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración. Por último, pide 2 años y 3 meses de cárcel para el empresario Juan Francisco Rosa por un delito continuado de falsedad documental, en su caso por "fingir" un contrato laboral a Dimas Martín, para que éste pudiera conseguir el tercer grado penitenciario. Según el fiscal, "con este favor" al líder histórico del PIL, Rosa "realmente pagaba algo más que la nómina, enmascaraba un trato de privilegio y favor", para "procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros".
