La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha respondido con contundencia a un escrito que le envío el pasado viernes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y le ha recordado que la Corporación no puede "supervisar" los informes que realizan sus técnicos a petición de un Juzgado, porque podría "suponer una incursión" en su "independencia".
Incluso, la juez advierte de que la independencia de los peritos está protegida por las leyes procesales y que incluso el Código Penal tipifica como delito, en el artículo 464, el "intentar influir directa o indirectamente" en cualquiera que sea parte de un procedimiento judicial, incluyendo los peritos.
Esta respuesta forma parte de una providencia fechada el pasado 10 de noviembre, en la que la juez acuerda incorporar a la causa un informe técnico y otro jurídico realizados por dos técnicos del Cabildo, que concluyen que Stratvs es ilegal e ilegalizable y hacen un diagnóstico demoledor sobre el trato privilegiado que recibe esta bodega, propiedad de Juan Francisco Rosa, en el Plan Especial de La Geria.
Al remitir esos informes al Juzgado, San Ginés adjuntó un escrito en el que aclaraba que los dictámenes firmados por los técnicos Joana Macías y Gustavo Navarro no habían sido "validados ni supervisados en profundidad" por falta de "tiempo material para hacerlo". Incluso, adelantaba que el de Macías "excedía el objeto de lo solicitado (por el Juzgado), amén de los errores de contenido en que incurre el mismo".
"No es admisible valoración alguna"
Tres días después, en una providencia en la que acordó incorporar esos informes a la causa, la juez dio respuesta también a ese oficio de San Ginés. "En relación al exceso sobre el objeto, es materia que compete en exclusiva a esta instrucción, que no observa exceso en relación a la pericia acordada", advierte Silvia Muñoz, subrayando que es el Juzgado quien debe determinar si un informe se ajusta o no a lo solicitado.
Respecto a la "supervisión" a la que hacía referencia San Ginés en su escrito, la juez también es tajante y le aclara al presidente que no es "admisible valoración alguna por personas ajenas" a ese informe o que no hayan sido "designados como peritos" dentro de esta causa penal.
Incluso, advierte de que "la supervisión institucional pudiera suponer una incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe", y que está "protegida" por "las leyes procesales" y penales. Y es que la responsabilidad sobre una pericial, tal como aclara la juez, corresponde "exclusivamente al perito suscribiente de las valoraciones y razonamientos que el mismo contenga", sin que puedan influir terceras personas.
Entregados fuera de plazo
Los dos informes solicitados al Cabildo fueron entregados un día después de que venciera el plazo que les había dado el Juzgado para remitirlos. Al respecto, el presidente señalaba en su escrito que no se enviaron con anterioridad porque el técnico y la jurista los entregaron a las 14 horas del jueves 6 de noviembre, que era el día límite para aportarlos al Juzgado. El Cabildo los envío a la juez al día siguiente.
"Significarle que tales informes no han sido validados, ni supervisados en profundidad por la Asesoría Jurídica de esta Corporación, dado que no ha habido tiempo material para hacerlo", agregaba San Ginés. Además, adelantaba que "de una primera lectura por parte de los Servicios Jurídicos de la Corporación, se me comunica que el informe suscrito por doña Joana Macías Fernández excede el objeto de lo solicitado, amén de los errores de contenido en que incurre el mismo, según me traslada el Director Insular de Política Territorial de esta Institución".
