El fiscal Ignacio Stampa pasará a formar parte de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Su nombramiento ha sido aprobado este martes y en las próximas semanas deberá abandonar la isla para incorporarse a su nuevo puesto como fiscal de refuerzo en esta Fiscalía Especial, que lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en toda España. La plaza había salido a concurso y supone que estará destinado en comisión de servicios, en principio de forma temporal, aunque después podría prorrogarse.
Stampa, que es natural de Madrid, llevaba doce años ejerciendo en la isla. Y durante ese tiempo, ha llevado la investigación de las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote. La primera fue el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, pero después se fueron sumando muchas más, incluyendo el inicio del caso Unión y después el caso Stratvs y el caso Montecarlo.
Cuando llevaba cuatro años en la isla, Ignacio Stampa fue asignado a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía, pasando a depender directamente del responsable provincial de esa sección. "Fue una designación mía. De entre los compañeros que estaban ahí, me pareció la persona más idónea para llevar esos asuntos", declaró entonces a La Voz el jefe de la Fiscalía de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, haciendo referencia a la "capacidad" que había "demostrado" Stampa, que entonces tenía 34 años.
De medio ambiente a delitos económicos
Desde entonces, además de hacerse cargo de las causas relacionadas con delitos medioambientales en Lanzarote y Fuerteventura, Ignacio Stampa continuó también con el resto de asuntos que llegaban a los Juzgados de Arrecife, incluyendo casos de homicidio. Y también asumió otras causas de corrupción no vinculadas a temas urbanísticos o medioambientales, sino a delitos económicos, como el caso Montecarlo. Y es precisamente ésa el área en la que va a volcarse ahora con dedicación exclusiva, al incorporarse a la Fiscalía Anticorrupción.
En los últimos años, esa sección especial de la Fiscalía se ha tenido que ir reforzando, ante la proliferación de causas en toda España. Así, además de tener delegaciones en varias comunidades, incluyendo Canarias, también ha ido aumentando el número de fiscales asignados en Madrid, donde ahora se incorporará Ignacio Stampa como fiscal de refuerzo. Entre los casos más relevantes asumidos por la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años se encuentran el caso Noos, el caso Malaya, el caso Gurtel, el caso Pretoria, el caso de los ERES en Andalucía y la operación Púnica.
Más de una década en los Juzgados de Arrecife
En sus primeros años en Lanzarote, que fue su primer destino como fiscal, Ignacio Stampa llevó varios juicios con jurado por crímenes como el de las Cuatro Esquinas, el de La Rocar y el de la calle Paz Peraza. Además, representó al Ministerio Fiscal en el juicio contra el empresario Ramón Rodríguez por intento de homicidio a su pareja y en el caso del "velero de la coca". Y también ejerció la acusación contra dos policías nacionales de la Comisaría de Arrecife, que en el año 2008 fueron condenados a ocho años y medio de prisión por detener ilegalmente a una persona de origen africano y causarle lesiones.
Después, cuando fue asignado a la Sección de Medio Ambiente, llegó el impulso del caso Yate, que se cerró con una docena de acusados y está listo para ir a juicio, con una petición de 25 años de cárcel para el ex alcalde, José Francisco Reyes, que llegó a cumplir incluso prisión provisional durante la instrucción de esta causa, en la que fue detenido en septiembre de 2009.
En ese momento, el nombre de Ignacio Stampa ya era conocido para muchos lanzaroteños, ya que fue el fiscal con el que se inició la instrucción del caso Unión, que estalló en mayo de 2009. Dentro de esa causa, a la que también se sumaron el fiscal anticorrupción Luis del Río y el delegado de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, Stampa siguió a cargo de dos piezas. Entre ellas, la que se juzgó el pasado año y ya tiene sentencia condenatoria contra las cuatro personas que se sentaron en el banquillo, por la malversación de más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con pagos a Proselan por trabajos que ni siquiera se habían realizado. Entre los condenados está el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, a quien se le impuso una pena de 5 años y 3 meses de cárcel.
Acusación en Stratvs y Montecarlo
Además, Stampa también ha sido el fiscal del caso Stratvs, donde ya ha formulado acusación contra 16 personas, pidiendo hasta 15 años de cárcel para el principal acusado, el empresario Juan Francisco Rosa. Y también del caso Montecarlo, donde se acaba de cerrar la instrucción de las tres piezas que seguían abiertas y ahora debe presentar los escritos de acusación.
En la cuarta pieza de Montecarlo, centrada en San Bartolomé, la instrucción se cerró en diciembre y al día siguiente se presentó el escrito de acusación, en el que el fiscal pidió entre 5 y 12 años de cárcel para los cinco acusados, por la presunta malversación de 470.000 euros, tanto con pagos por servicios no prestados como por los honorarios "excesivos" que cobró el interventor, Carlos Sáenz, por su trabajo en este municipio.
Entre otras causas, Ignacio Stampa también ejerció la acusación en el juicio contra el empresario Miguel Morales, por la construcción de la machacadora de Hormiconsa sin licencia y en suelo protegido. Morales fue condenado a una pena de 1 año y 8 meses de cárcel y a pagar una multa de 67.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad. Además, la sentencia ordenaba el derribo de las naves, de la planta de hormigón y la machacadora.
Más recientemente, Stampa representó a la Fiscalía en el juicio contra el empresario lanzaroteño y piloto de rallies Óliver Rodríguez, que el pasado mes de marzo fue condenado a 4 años de cárcel por un delito de hurto de bienes de valor histórico y otro contra la ordenación del territorio, en concurso con uno más de daños contra el patrimonio histórico. Además, Óliver Rodríguez deberá pagar una indemnización de 1 millón de euros a los dueños del inmueble donde causó los destrozos, "La Casa de Los Carrasco", y 11.440 euros más por los objetos que sustrajo de su interior.
En cuanto a las causas de corrupción que están pendientes de juicio y que estaban a cargo de Stampa, casi todas están ya cerradas y con escritos de acusación presentados. Los únicos que faltan son los del caso Montecarlo, pero deberían presentarse en los próximos días, según el plazo fijado por el juez la pasada semana. Lo que supondría este traslado es que Ignacio Stampa no podría estar presente en los juicios cuando llegue la fecha de su celebración, salvo que sea autorizado para ello desde su nuevo destino.
