Llevaba meses intentando entrar como "acusación popular" en todas las piezas del caso Unión y, tras lograr personarse en una de ellas, su primera acción ha sido recusar a la juez instructora, Silvia Muñoz. Ése ha sido el desembarco de la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa, que ahora pretende que se aparte a la juez del procedimiento.
"Hay ocasiones en que el acusador popular es un caballo de Troya que entra en el proceso con la panza repleta de intereses bastardos", había advertido la Fiscalía, que el pasado mes de noviembre se opuso a que se aceptara la personación esta asociación, formada por un grupo de abogados de Gran Canaria, en otra de las piezas de la causa.
En el escrito de recusación contra Silvia Muñoz, la asociación reprocha a la juez que les negara en su día personarse en la causa y que pusiera en duda "la propia existencia de la asociación, acusándola de falta de rigor y seriedad en la solicitud" e "indicando que ni habían acreditado la existencia de la asociación, ni la identidad de sus componentes, ni los fines de su personación, ni el interés legítimo, ni la pretensión condenatoria". Por eso, consideran que existe una "falta de imparcialidad objetiva y enemistad manifiesta de la magistrada, que demuestran la absoluta hostilidad y la pérdida de objetividad hacia esta asociación, sus miembros y los letrados de la misma".
La recusación, firmada por un abogado que representó a Lleó
Ese escrito de recusación contra la juez está firmado por el abogado Juan David García Pazos, que tiene al menos un vínculo con uno de los principales acusados del caso Unión, Luis Lleó. Concretamente, García Pazos representó a Lleó al menos en una vista celebrada dentro de esta causa ante la Audiencia Provincial. Además, este letrado defendía al periodista Francisco Chavanel, en la demanda que se le interpuso por sus reiterados ataques a los jueces y fiscales que han intervenido en este procedimiento.
García Pazos también es el abogado que llevó a una asociación ecologista de Fuerteventura, Agonane, a personarse en el caso Stratvs. Después, la propia asociación decidió retirarse del procedimiento y afirmó sentirse "engañada y utilizada" por este letrado, ya que cree que lo único que hizo fue "aportar ruido" y entorpecer la causa.
En esas mismas fechas, el nombre de este abogado empezó a aparecer en otra de las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote, esta vez como miembro de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa. La asociación supuestamente pretende actuar como acusación popular en Unión, aunque de momento sus pasos más destacados han sido presentar una querella contra el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, y ahora esta recusación contra la actual magistrada, Silvia Muñoz.
Lograron entrar en una pieza tras "subsanar las deficiencias"
Cuando esta asociación de juristas empezó a intentar personarse en distintas piezas de Unión, ni siquiera constaba registrada oficialmente. Fue meses después, el pasado noviembre, cuando finalmente fue dada de alta en el Registro de Asociaciones de Canarias. Hasta entonces, entre otras cosas, ni siquiera había acreditado quiénes eran sus miembros, según señalaron tanto la Fiscalía como la juez, que realizó distintos requerimientos para que subsanaran esos "graves defectos" en sus intentos de personación.
Finalmente, la magistrada terminó rechazando su personación en todas las piezas. Sin embargo, en una de ellas, que es la única que en ese momento seguía abierta, tuvo finalmente que admitirla el pasado 21 de marzo, después de que la Audiencia Provincial aceptara un recurso de la asociación. En ese auto, tras mostrar "todo el respeto" al "parecer siempre sensato, trabajado y bien argumentado de la magistrada instructora", la Audiencia señalaba que la asociación había "subsanado" las "deficiencias de acreditación documental en principio detectadas", por lo que acordaba que debía admitirse su personación en esa pieza, que era la única que en ese momento no estaba cerrada.
Sin embargo, coincidiendo con la entrada oficial de esta asociación de juristas como acusación popular, se dictó el auto de procedimiento abreviado, que puso fin también a la instrucción de esa pieza, que tiene a María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero entre los principales imputados. Precisamente por el dictado de ese auto, que puso fin a la instrucción de una pieza con 110 tomos y más de 60.000 folios, la asociación considera que la juez tuvo una actitud "evidentemente hostil" hacia ellos.
Pretendían pedir diligencias tras siete años de instrucción
"Entendemos que fue para imposibilitar que solicitáramos diligencias de investigación y participásemos en la instrucción", señala en su escrito de recusación. Se da la circunstancia que mientras en esta pieza consideran un agravio que se haya cerrado la instrucción coincidiendo con su personación, en el resto de piezas intentaron entrar cuando ya estaban cerradas. Y también en el caso Stratvs, al que García Pazos llevó a esa asociación ecologista de Fuerteventura. "La clave está en el juicio oral, no en la instrucción", afirmó entonces este abogado, cuando La Voz le preguntó el porqué de esa personación tardía, cuando la causa llevaba años instruyéndose y en ese momento ya estaba cerrada.
Sin embargo, el mismo letrado reprocha ahora a la juez que cerrara la instrucción de esa última pieza abierta de Unión, según él, "de forma sorpresiva" e "impidiendo" que pudieran "ejercer la acusación popular como parte procesal". Cabe recordar que su primera solicitud de personación se produjo el pasado mes de julio, cuando la causa lleva instruyéndose desde el año 2009. Y ahora, la asociación sostiene que pretendía proponer nuevas "diligencias de investigación". Y lo mismo planteó en otras piezas en las que intentó entrar cuando ya estaban cerradas, y en las que pidió incluso que se anularan los autos que habían puesto fin a la instrucción.
Respecto a la pieza en la que sí han conseguido personarse, la asociación considera que la juez incurrió en una "contradicción" al declarar un tiempo antes "compleja" la causa, para poder ampliar a 18 meses el plazo de instrucción, cuando finalmente la dio por cerrada a finales del pasado mes de marzo.
Además de en el caso Unión, esta misma asociación está tratando de personarse o se ha personado ya en otras causas de corrupción abiertas en los Juzgados de Arrecife. Entre ellas, una pieza separada del caso Yate contra el abogado Felipe Fernández Camero, por malversación de caudales públicos. En el caso de esa causa, también está ya cerrada e incluso con el escrito de acusación de la Fiscalía presentado. Y también acaba de personarse en la causa contra el yerno de Camero, Ignacio Calatayud, en la pieza separada del procedimiento por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Cambio de nombre de la asociación
Entre los "defectos" señalados por la juez y por la Fiscalía en los intentos de personación, se incluye incluso un cambio parcial de nombre de la asociación, que empezó presentándose como Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y la Justicia Jiménez de Asúa, y después cambió a Asociación de Juristas por la defensa de la Legalidad y Garantías del Proceso Jiménez de Asúa.
Respecto a los documentos que les requirió en su día la magistrada, este colectivo de abogados sostiene que "una asociación no tiene que constituirse mediante escritura pública" y que tampoco "le es exigible para actuar como acusación popular un interés legítimo", que era una de las cuestiones que pedía que aclararan la magistrada.
En cuanto a los motivos que esgrimen en su recusación, la propia asociación reconoce que al menos uno de ellos "no concurre estrictamente", pero defiende que "nada impide su aplicación analógica a la luz de la legislación internacional" y defiende que se haga una "interpretación no restrictiva de las causas de recusación". A la espera de que se resuelva su solicitud, de momento la magistrada tiene que apartarse del procedimiento, ya que es el trámite que conlleva una recusación. Esto no afecta a la instrucción de esta pieza, que ya está cerrada, pero sí a los recursos de los imputados que estén pendientes de resolverse en el Juzgado.
