La asociación de juristas que lleva meses intentando personarse en distintas piezas del caso Unión, supuestamente para actuar como acusación popular contra los imputados, ha terminado este lunes presentado una denuncia contra el juez que inició la causa, César Romero Pamparacuatro. La querella se ha presentado al mediodía de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, según ha podido confirmar La Voz de Lanzarote. Pero antes siquiera de que se presentara, ya había sido adelantada por el diario ABC.
El diario nacional dedica un reportaje en su edición de este lunes a cuestionar la instrucción del caso Unión, basándose para ello en un auto del juez Rafael Lis, que fue recusado hace meses cuando estaba llevando a cabo una investigación muy similar. Según determinó la Audiencia Provincial, el magistrado tiene un "interés indirecto" en la causa, dado que su mujer fue contratada como abogada de uno de los imputados en Unión, Juan Francisco Rosa, para representarle en el caso Stratvs. Sin embargo, poco antes el juez había separado una denuncia de Lleó de la causa principal y siguió instruyéndola, lo que motivó que la Fiscalía pidiera de nuevo su recusación.
En el mismo reportaje en el que habla de la investigación de Lis, el diario ABC adelanta esa denuncia de la Asociación de juristas Jiménez de Asúa, que hasta hace poco ni siquiera estaba formalmente registrada. Entre los abogados que han actuado en nombre de esta asociación se encuentra Juan David García Pazos, que al menos en una vista del caso Unión acudió representando a Luis Lleó. Además, García Pazos es el abogado que llevó a personarse en el caso Stratvs a una asociación ecologista de Fuerteventura, que después decidió retirarse del procedimiento y afirmó sentirse "engañada y utilizada" por este letrado, ya que cree que lo único que hizo fue "aportar ruido" y entorpecer la causa.
"Un caballo de Troya con intereses bastardos"
Además, esta asociación se ha personado recientemente en otra causa, derivada del caso Yate, en la que se acusa a Felipe Fernández Camero de un presunto delito de malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de Yaiza. Al igual que sucedió en Stratvs y en las distintas piezas del caso Unión donde esta asociación ha intentado personarse, en este caso la instrucción de la causa ya estaba terminada y prácticamente lista para ir a juicio.
"Hay ocasiones en que el acusador popular es un caballo de Troya que entra en el proceso con la panza repleta de intereses bastardos", llegaba a plantear el fiscal Javier Ródenas (reproduciendo una frase del juez Javier Gómez de Liaño), en el escrito en el que se opuso a que se aceptara el "tardío" intento de personación de estos juristas en una de las piezas de Unión, concretamente la número 12, en la que también está acusado Camero. En todos los casos, la Fiscalía se ha opuesto a que se acepte como acusación popular a esta asociación, entre otras cosas por ser una personación "extemporánea", porque solo causaría "dilaciones indebidas" y porque no está clara su identidad y podría ser en realidad "parte acusada" o tener "motivos espurios o fraudulentos".
Ahora, tras pasar meses presentando escritos y recursos para que se acepte su personación en distintas piezas de Unión, lo que ha hecho la asociación es plantear una querella contra el magistrado que inició el caso. Y según el reportaje publicado en ABC, los motivos en los que basan esa denuncia son los mismos que plantea el juez Lis en su auto del pasado mes de septiembre. "La actuación de los funcionarios puede llevar a la nulidad del caso", llega a afirmar el diario, que habla incluso de que el juez, el secretario y dos guardias civiles "falsearon" el caso Unión. Esto mismo es lo que vienen sosteniendo desde hace meses los principales acusados, que hasta ahora han visto rechazados todos sus intentos de que se anule el procedimiento.
Lis no tiene competencias para investigar a un juez
El reportaje de ABC se basa en un auto dictado por el juez Rafael Lis el pasado mes de septiembre, aunque lo cierto es que Lis ni siquiera tiene competencias para investigar a otro juez. Y en caso de que hubiera visto motivos para ello, tendría que haberse inhibido y dado traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ahora, quien ha ido al TSJC es la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, tal como ha adelantado ABC en el mismo artículo en el que se hace eco de ese auto dictado hace tres meses por el juez Lis. Según este periódico, lo que denuncian entre otras cosas es que el juez firmó autos estando de vacaciones.
Cuestiones similares vienen siendo planteadas desde hace años por distintos acusados del caso Unión, que intentan que se anule el procedimiento. Sin embargo, el caso tiene ya hasta ahora dos condenas y se acaba de celebrar el tercer juicio. Al dictar el primer fallo condenatorio, la Audiencia Provincia ya rechazó las supuestas causas de nulidad invocadas por las defensas.
Además, también el TSJC ha rechazado ya otras querellas en la misma línea. Cabe recordar que además de presentar una denuncia en el Juzgado de Lis (en ese caso supuestamente solo contra el secretario del juzgado y contra agentes de la UCO), Lleó también se querelló contra Pamparacuatro ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el órgano al que le correspondería esa investigación. Sin embargo, la querella fue archivada al no apreciar ningún indicio de delito.
Segunda recusación a Lis y personaciones anuladas
Además de apartar al juez juez Rafael Lis de la investigación sobre la instrucción del caso Unión, la Audiencia Provincial también anuló recientemente una de sus resoluciones dentro de ese procedimiento, que en realidad se originó por una denuncia de César Romero Pamparacuatro, por el presunto robo o extravío de autos del caso Unión. Según la Audiencia, Lis permitió personarse como acusación particular a personas que podrían ser directamente "beneficiadas" por esas supuestas sustracciones. Incluso, serían "los máximos sospechosos" de los hechos que se investigaban en ese procedimiento, por lo que decidió expulsarles como acusación en la causa.
Tras la recusación de Lis, la causa pasó a manos de un nuevo juez, que finalmente decidió archivar las actuaciones (actualmente, esa resolución está pendiente de los recursos que se presentaron por las distintas partes del procedimiento). Sin embargo, pese a que fue apartado de esa causa, el juez Lis siguió instruyendo otro procedimiento que él mismo separó del caso principal. Concretamente, una ampliación de denuncia que presentó uno de los principales imputados en Unión, Luis Lleó.
Tras tener conocimiento de esa causa separada, la Fiscalía pidió la recusación del juez Lis también en ese procedimiento, en el que durante meses solo participó activamente el propio Lleó. De hecho, sostiene que se realizó "de espaldas" al Ministerio Fiscal y a los denunciados, que son el secretario del Juzgado Número 5 y dos integrantes de la UCO de la Guardia Civil. El propio juez ha decidido no admitir a trámite el escrito pidiendo su recusación, por lo que ahora su recusación volverá a resolverse en la Audiencia Provincial.
En el auto fechado el pasado 30 de noviembre, la Audiencia también subrayaba que lo que denunció César Romero Pamparacuatro no fue que se hubieran introducido resoluciones falsas en el procedimiento, sino que habían desaparecido algunos originales que sí tenían su firma, a diferencia de lo que ocurría con las copias que quedaron en las actuaciones. "No duda que las resoluciones que firmó son las mismas", destacaba la Audiencia, que concluía que "desgraciadamente para los imputados del caso Unión", esto no tiene por qué implicar que se anulen las resoluciones ni mucho menos el procedimiento.
