La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha acordado con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, "abrir líneas de trabajo conjuntas y vías de diálogo, buscando el consenso, con el fin de dar respuesta a las inquietudes manifestadas por el propio Cabildo de Lanzarote y diversas instituciones insulares, tras la aprobación de la Ordenación Detallada de la Zona de Interés Acuícola LZ-2" que permitiría la instalación de jaulas marinas frente al litoral de Arrecife, San Bartolomé y Tías, desde La Bufona hasta Puerto del Carmen.
Esa ordenación detallada se aprobó en marzo y se ha publicado este mes en el Boletín Oficial de Canarias, pero Vanoostende recuerda que surge del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), que comenzó su tramitación en el año 2007 y "tras un largo procedimiento", se aprobó definitivamente en el año 2018, por el Gobierno de Canarias que presidía entonces Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.
“En ese Plan, de acuerdo con todos los cabildos, se determinaron las Zonas de Interés Acuícola que ahora se ordenan en detalle”, ha explicado la consejera, que ha recordado que “además de la participación inicial, se habilitaron varios periodos de audiencia pública en lo que se pudieron formular alegaciones”.
La consejera ha mostrado su "firme voluntad de dar respuesta a las inquietudes planteadas por la presidenta del Cabildo", al tiempo que ha "rechazado" las manifestaciones realizadas por algunos representantes de Coalición Canaria: “La definición de las zonas de interés acuícola es fruto del gobierno de Fernando Clavijo, en la época en que Pedro San Ginés y Oswaldo Betancort eran presidentes del Cabildo y alcalde de Teguise. La Consejería se ha limitado a desarrollar la ordenación contenida en un instrumento que heredamos sin que ninguna administración insular se opusiera”, subraya.
Por su parte, la presidenta del Cabildo ha mostrado su "satisfacción por la disponibilidad de la consejera para dar respuesta a las inquietudes" del Cabildo y ha reprochado “la falta de rigor de quienes pretenden descargar la responsabilidad de esta decisión en el actual Gobierno, ocultando su incapacidad para defender los intereses de Lanzarote”.
