La Comisión Autonómica de Informe Único del Gobierno de Canarias tomó conocimiento el pasado 2 de octubre de la anulación del Plan Especial de La Geria, después de que el Tribunal Supremo tumbara en febrero el último intento de Juan Francisco Rosa de fingir que dicho Plan seguía vigente para usarlo en el juicio de Stratvs.
En una resolución de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas publicada en el Boletín Oficial de Canarias, se detalla que en primer lugar se tomó conocimiento de una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, en 2016, anuló dicho planeamiento.
En aquel fallo, el TSJC estimó íntegramente un recurso de la empresa Peña del Camello contra el acuerdo de la Cotmac por el que el 28 de enero de 2013 se aprobó el Plan Especial de La Geria, así como contra el acuerdo posterior, de septiembre de 2013, por el que supuestamente se corrigió "un error material en la planimetría", anulando ambos.
Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado 17 de febrero, después de que Juan Francisco Rosa intentara mantener vivo el pleito de cara al juicio de Stratvs, a pesar de que ya había un fallo firme.
"Son trámites ya establecidos y con independencia de que haya pasado tiempo de que supiéramos que el Plan estaba anulado, hasta que la comunidad autónoma no recibe ese testimonio de firmeza por parte del tribunal, no puede proceder la Comunidad a ejecutar la sentencia en sus términos", ha explicado este lunes en Radio Lanzarote-Onda Cero el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz.
Según se publica en el BOC, la Comisión de Informe Único acordó dar traslado del acuerdo al Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Política Territorial para que realice las actuaciones correspondientes dirigidas al cumplimiento del fallo de la sentencia, Asimismo, acordó notificar el acuerdo al TSJC a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos de Tinajo, Tías, Teguise, San Batolomé y Yaiza, al Cabildo de Lanzarote y al Servicio Jurídico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Política Territorial.
