El Gobierno de Canarias ha dado la razón al Cabildo de Lanzarote al estimar el recurso de reposición que interpuso la presidenta, María Dolores Corujo, contra la autorización del proyecto ‘Parque Eólico Vista Mar’, de 6,00 MW, promovido por Renovertis, SL, en el municipio de Teguise.
Nada más conocer el acuerdo, la presidenta del Cabildo ha manifestado: “Esperaba que se nos diera la razón, porque la tenemos, aunque compartimos con el Gobierno de Canarias la necesidad de impulsar las energías renovables, pero entendemos que su despliegue ha de ser ordenado para garantizar la conservación de nuestro activo más valioso, nuestro paisaje”.
Todo comenzó en octubre de 2021, cuando el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial declaró de interés general las obras necesarias para la ejecución del proyecto ‘Parque Eólico Vista Mar’. Dio comienzo así el procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
Dicho artículo establece que, por razones de “urgencia” o “excepcional interés”, la consejería del Gobierno competente en Energía “podrá declarar el interés general de las obras necesarias” para instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica.
Durante dicho procedimiento excepcional, se evacuó la preceptiva consulta al Cabildo de Lanzarote sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial y urbanístico en vigor. El Cabildo de Lanzarote, en efecto, contestó y se opuso, pero la Dirección General de Energía, informó erróneamente que el Cabildo no había contestado a la solicitud de informe, un silencio que no era tal pero que dio pie al malentendido de que era favorable a la instalación del parque eólico.
Dicho procedimiento excepcional culminó con la autorización del ‘Parque eólico Vista Mar’. Como es natural, el Cabildo de Lanzarote interpuso un recurso de reposición alegando, en síntesis, que, “en contra de lo señalado en los antecedentes del Decreto”, el Cabildo “sí mostró de forma expresa y a través de sus órganos de gobierno, su disconformidad con la instalación propuesta”, y se pedía “que se suspenda y revoque el Decreto 46/2022, de 24 de febrero”.
Entre sus argumentos, el Cabildo de Lanzarote exponía que este tipo de autorizaciones “suponen en la práctica recurrir a un supuesto interés general (…) a costa de generar un importante impacto paisajístico en una isla de especial vulnerabilidad”. Por otro lado, subrayaba que el paisaje de Lanzarote “presenta una especial fragilidad pues la ausencia de relieves significativos y la inexistencia de zonas arboladas suponen que cualquier intervención en el medio rural sea fácilmente apreciable a gran distancia cuando precisamente la conservación del paisaje insular constituye, ahora sí, un objetivo de interés general”.
Además, el Cabildo expresaba “su voluntad de incrementar de manera drástica el porcentaje de electricidad generado a través de renovables, pero también considera la necesidad de regular, mediante instrumento específico, las localizaciones en las que este tipo de instalaciones puedan ser desplegadas”.
El nuevo Decreto corrige el error cometido y recoge que el acuerdo adoptado por el Cabildo de Lanzarote “no fue remitido por la Dirección General de Energía, de forma que el mismo no llegó a ser elevado al Gobierno de Canarias, razón por la que cabe estimar que el Consejo de Gobierno carecía de un elemento relevante para la adopción del acuerdo, así como que, de haber conocido el parecer desfavorable de la Corporación insular, ese acuerdo hubiera sido desfavorable”.
