La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó el pasado 28 de enero el recurso del Ayuntamiento de Arrecife contra un acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de noviembre de 2007 que le había condenado a pagar una indemnización de 8,3 millones de euros a las empresas Bermúdez y Cabrera, Rosario Cabrera Tavío e Hijos, Fabrecar y Tamicar por ocupar unos terrenos de 34.000 metros cuadrados para construir el colegio público de Los Geranios de Altavista.
El TSJC anula el acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa al estimar los argumentos de la defensa del Ayuntamiento, representada por el letrado Agustín Domingo Acosta. El Ayuntamiento alegaba que se produjeron múltiples irregularidades durante la tramitación del expediente, que los títulos de propiedad de los reclamantes eran imprecisos o que se eligió un método de valoración erróneo.
Además, el técnico del Jurado de Expropiación que formuló la propuesta de valoración en dicho organismo era la misma persona que los expropiados contrataron en su momento para realizar el informe de valoración que presentaron ante el Ayuntamiento reclamando el pago de más de 11 millones de euros por la ocupación del suelo.
Estas empresas también recurrieron el acuerdo del Jurado de Expropiación que les otorgaba una indemnización de 8,3 millones porque consideraban que la cantidad fijada por el Jurado debía elevarse en otros 3,5 millones de euros. Este recurso también fue rechazado por el TSJC en abril de 2010.
Otros casos
Por otra parte, el TSJC también anuló el pasado 4 de febrero otro acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de octubre de 2008 que había obligado al Ayuntamiento de Arrecife a pagar más de un millón y medio de euros por ocupar un terreno de 600 metros cuadrados situado entre las calles Juan Rejón y La Porra.
El caso del colegio Los Geranios es muy similar al del colegio Adolfo Topham, en el que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa condenó al Ayuntamiento de Arrecife a pagar 8,1 millones de euros a esas mismas empresas por ocupar unos terrenos de 13.000 metros cuadrados, que consideraban de su propiedad, para construir ese colegio público. El acuerdo también fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia mediante una sentencia del pasado 14 de mayo.
ACN Press
