El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado por concluida la instrucción de causa contra el ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, y ha acordado iniciar el trámite para llevarle a juicio por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, por la concesión de licencias turísticas ilegales en Costa Teguise.
En un auto fechado el pasado 1 de diciembre, la Sala de lo Penal del TSJC da diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen su escrito de acusación, previo a la apertura del juicio oral contra Hernández, que aún podría tardar meses o incluso más de un año en celebrarse.
Este procedimiento contra el ex alcalde de Teguise (que en aquella época militaba en el PIL) forma parte del caso Yate, que investiga también la concesión masiva de licencias en Playa Blanca. Sin embargo, hace años se separaron ambas causas en los Juzgados. Además, la de Hernández pasó a ser competencia del TSJC cuando se convirtió en diputado regional por Coalición Canaria y, por tanto, en aforado. Así, lo que suceda tras las próximas elecciones de mayo también podría influir en la tramitación de esta causa, en virtud de si Juan Pedro Hernández continúa o no en el Parlamento de Canarias.
Licencias ilegales sin informes
El auto del TSJC detalla los hechos que se le imputan a Juan Pedro Hernández, centrados en la concesión de cuatro licencias ilegales en 1999. Además, otorgó prórrogas de dos de esas licencias, también al margen de la ley. En todos los casos, los permisos fueron anulados con sentencias firmes.
Las licencias se concedieron en plena revisión del Plan Insular de Ordenación, que impedía conceder nuevos permisos. Además, el alcalde los otorgó sin que consten los preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales, y tampoco solicitó el informe de compatibilidad con el PIOTL.
Una de las licencias fue entregada al grupo Hoteles Playa, para la construcción de un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de Costa Teguise. Además, después se le dio una prórroga de la licencia. La misma situación se repitió con otra licencia concedida a Armadores de Puerto Rico S.A., para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la parcela 210, y a la que también se le otorgó una prórroga dos años después.
Las otras dos licencias fueron otorgadas a Colinas Residencial, para 48 apartamentos turísticos en la parcela 318-22; y a otra mercantil que pretendía levantar un complejo de apartamentos con 157 unidades alojativas en la parcela 214, también en Costa Teguise. En este caso, la Justicia aceptó en su día las medidas cautelares solicitadas por el Cabildo mientras se resolvía el pleito, por lo que el complejo no llegó a construirse. Y lo mismo sucedió con el hotel de cinco estrellas, que hoy es un esqueleto a la entrada de Costa Teguise.
A diferencia de lo que sucede en la parte del caso Yate centrada en el Ayuntamiento de Yaiza, en el caso de Teguise será solo Juan Pedro Hernández quien se siente en el banquillo, ya que según la instrucción, no hubo técnicos que avalaran la licencias ilegales que concedió. Además, mientras José Francisco Reyes está imputado también por cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos, Juan Pedro Hernández responderá solo por presunto delito continuado de prevaricación urbanística.
