El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife ha adelantado que presentará alegaciones a la Ordenanza Municipal de Uso y Gestión del Litoral Capitalino aprobada el pasado pleno con los únicos votos favorables del equipo de gobierno, PSOE-CC y PIL.
Los populares aseguran que la nueva normativa municipal incide de forma sustancial en las prohibiciones más que en la regulación de las prácticas y actividades. A juicio de la portavoz municipal, Dácil Garcias, "la obsesión de la Alcaldesa socialista por prohibir y recortar derechos queda de manifiesto en un texto fundamentalmente sancionador que choca con la nula labor de concienciación que el Ayuntamiento, como administración pública, también está obligado a hacer".
"Es más fácil, cómodo y rápido prohibir a los ciudadanos fumar en las playas que respetar derechos y trabajar en la concienciación y en medidas para evitar los problemas, como puede ser el caso de las colillas en la arena que, como todos sabemos, obedece a la actitud incívica de muchos ciudadanos", señala la edil.
"Es lógico que que se establezcan sanciones para este tipo de acciones, tirar colillas en la playa o chicles y escombros en la calle, pero la línea a seguir no puede ser prohibir por prohibir", asegura. "¿Si se prohíbe fumar en las playas por las colillas, también se va a prohibir masticar chicle por la ciudad?. Es evidente que no, por tanto, éste sólo un ejemplo de lo prohibitiva que es la ordenanza".
Garcias apunta que su grupo está en contra de que se prohíba fumar en todas las playas o calas del municipio y aboga por la concienciación de los fumadores para evitar la suciedad y los perjuicios que causan a los demás usuarios de las playas, así como por la aplicación de sanciones severas para los fumadores que abandonen colillas en la arena.
"Ordenanza sin participación"
La concejal del Partido Popular también denuncia la nula participación que se ha dado a los colectivos o sectores afectados en la redacción del texto básico que entra ahora en fase de alegaciones.
"Lo que no puede ser es que se elabore y se apruebe una ordenanza que sin escuchar previamente a los vecinos, colectivos o asociaciones, como ocurre con los pescadores a los que les afecta de lleno pues existe un apartado especifico para el Charco de San Ginés".
