EL TSJC RECLAMA EL EXPEDIENTE, TRAS EL RECURSO DE UN PARTICULAR

El nuevo Plan Especial de La Geria ya está en los Tribunales

El TSJC ha solicitado al Gobierno de Canarias que le envíe el expediente, tras admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por un particular afectado. Junto a éste, se habrían presentado otros?

4 de diciembre de 2014 (20:50 CET)
El nuevo Plan Especial de La Geria ya está en los Tribunales
El nuevo Plan Especial de La Geria ya está en los Tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tramita ya al menos un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo Plan Especial de La Geria, aprobado definitivamente por la Cotmac el pasado 29 de julio. Tras admitir a trámite este recurso de un particular, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado al Gobierno de Canarias que le envíe todo el expediente de este documento, para incorporarlo al procedimiento.

La información la ha hecho pública la propia Consejería de Ordenación Territorial del Gobierno canario, que ha publicado en el Boletín Oficial el acuerdo para cumplir con el requerimiento del TSJC. El Ejecutivo hace pública esta resolución para  "notificar a todos los interesados" sobre la existencia de este procedimiento y la remisión de ese expediente al Tribunal, para que si lo entienden necesario "puedan personarse como demandados" en el procedimiento en el plazo de nueve días.

Así, cuatro meses después de aprobarse, este documento inicia una nueva batalla en los Tribunales, después de que el anterior Plan de La Geria fuera anulado por varias sentencias firmes, a raiz de recursos presentados por particulares. 

 

"El Plan es para tirarlo"


El  recurso que ha dado lugar a este nuevo procedimiento ha sido presentado por la propietaria de una construcción que se encuentra en La Geria, dentro del municipio de San Bartolomé, pero habría varios más elevados ya al TSJC.

Según ha explicado la afectada a La Voz, su reclamación se centra en una vía que contempla el Plan junto a su casa, "en medio de la finca", y que "no lleva a ningún lado". En su momento presentó alegaciones pero, al no ser atendidas, ha decidido acudir a los Tribunales.

Además, se muestra muy crítica con el contenido de todo el documento. "El Plan, en general, es para tirarlo", sostiene, aunque su recurso se centra en la parte que afecta a su propiedad. Como ella, le consta que otros vecinos y propietarios de parcelas o construcciones en La Geria han acudido también a la Justicia, en lo que será una nueva prueba para este documento, que ha vuelto a ver la luz por segunda vez, después de un trámite que se inició hace más de una década. 

 

Un Plan en medio de la polémica


El nuevo Plan Especial de La Geria ya estaba inmerso en polémica a raíz del informe realizado por la jurista del Cabildo Joana Macías, a solicitud de la juez del caso Stratvs. En ese dictamen, la jurista señalaba que el Plan incluye determinaciones "contrarias a la ley" que afectan y benefician directamente a la bodega Stratvs, privilegiándola sobre el resto de bodegas e intentando darle encaje legal en el planeamiento.

Además, advertía de que el documento entero está "viciado de nulidad", porque al ejecutar la sentencia que anuló el anterior Plan en el año 2012, el nuevo documento "no se aprobó siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su formulación, tramitación y aprobación". Al respecto, la jurista recordaba que cuando una sentencia declara la nulidad de un instrumento de planeamiento, "no es posible la conservación, subsanación ni la convalidación de trámites, así como la transmisibilidad de los actos administrativos"; y subrayaba que la administración "carece de facultad alguna para alterar o modificar el contenido de sentencias".

También, entre otras cosas, advertía de que "no consta la existencia de informe que avale jurídica y, en su caso, jurisprudencialmente el procedimiento administrativo seguido para la ejecución de la sentencia"; que "no se incorporó informe de Evaluación de Impacto de Género, exigible por ser un acto de naturaleza normativa"; y que no contó con un "informe o memoria de sostenibilidad económica". 

Incluso, apuntaba que las competencias para la formulación y tramitación de este plan recaerían en la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, y no en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Viceconsejería de Ordenación Territorial, que fue quien lo tramitó.

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