El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas ha rechazado una solicitud de una supuesta "asociación ecologista" de Gran Canaria, Jacón, que reclamó el "cierre urgente" de cinco bodegas de La Geria, ubicadas en el municipio de San Bartolomé. Una petición similar fue formulada hace dos años por un empresario vinculado al dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa, que pretendió sin éxito que se ordenara el cierre de todas las bodegas de La Geria.
En el caso de Jacón, pretendía que el Juzgado acordara esta medida cautelar sin dar siquiera audiencia al Ayuntamiento, que es lo que ha rechazado el Juzgado. El escrito de la asociación fue presentado por el abogado Juan David García Pazos, que a través de distintas asociaciones ha intentado personarse como acusación en las principales causas de corrupción abiertas en la isla, y en particular en el caso Stratvs y en el caso Unión. En esta última causa, García Pazos llegó a representar a uno de los acusados, Luis Lleó, ejerciendo como su abogado en una vista.
Inicialmente, García Pazos entró en el caso Stratvs a través de una asociación ecologista de Fuerteventura, Agonane, que se personó como acusación popular. Sin embargo, la propia asociación terminó retirándose del procedimiento, al sentirse "engañada y utilizada" por este abogado, que fue quien les "convenció" para intervenir en esta causa. Desde la asociación, según declararon entonces a La Voz, consideraban que lo único que hizo García Pazos fue "aportar ruido", entorpeciendo con ello el procedimiento.
Justo tras la retirada de Agonane, a mediados del año 2015, una nueva asociación de Gran Canaria pidió entonces entrar en el caso Stratvs. Fue ahí cuando apareció por primera vez el nombre de Jacón, que en ese momento ni siquiera estaba constituida como asociación. En aquel momento, preguntado por este medio, García Pazos negó conocer siquiera a ese colectivo. Ahora, sin embargo, actúa como letrado en los tribunales en nombre de Jacón.
Intento de "fraude procesal" en Stratvs
Esta asociación intentó personarse en Stratvs, pero su pretensión fue rechazada por la juez instructora, Silvia Muñoz, que consideró que este intento suponía un "fraude procesal". Jacón llegó a firmar un poder para intentar recusar a la magistrada en este procedimiento. Y lo mismo ha hecho García Pazos en el caso Unión, en este caso a través de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que se constituyó en las mismas fechas que Jacón.
En el caso de esta asociación de juristas, tampoco estaba constituida cuando empezó a intentar personarse en todas las piezas de Unión, seis años después de que estallara públicamente la causa y cuando la instrucción ya estaba cerrada. Finalmente, la Audiencia permitió su personación solo en una de las piezas, que era la única que estaba en ese momento en fase de instrucción. Y lo primero que hizo fue recusar a la juez instructora, que es también Silvia Muñoz.
El escrito pidiendo la recusación de la magistrada estaba firmado también por García Pazos, que ha actuado como abogado de uno de los principales acusados en Unión, Luis Lleó. Además, este mismo abogado ha representado al periodista Francisco Chavanel, que tiene al menos dos demandas por su campaña de ataques a distintos jueces y fiscales que han investigado las causas de corrupción abiertas en la isla. La asociación de juristas a la que representa García Pazos, también llegó a presentar una querella contra el primer juez instructor del caso Unión.
Un empresario afín a Rosa ya pidió el cierre de bodegas
En el caso de Jacón, además de intentar entrar en el caso Stratvs, también ha emprendido acciones ante las instituciones y en la vía contencioso administrativa, que es precisamente la que acaba de dar lugar a la resolución del Juzgado Número 5 de Las Palmas. Concretamente, la asociación había pedido al Ayuntamiento de San Bartolomé el cierre de cinco bodegas (El Grifo, Bermejo, La Florida, Mozaga y Barreto), alegando entre otras cosas que "producen vertidos en el subsuelo y que no cuentan con títulos habilitantes para ello".
Este argumento es similar al que ya había planteado el empresario Antonio Curbelo Robayna, que ha sido socio y administrador de distintas empresas del dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa. Además de pedir el cierre de todas las bodegas de La Geria, Curbelo también presentó una denuncia en Fiscalía contra ellas, poco después de que la Justicia ordenara el cierre cautelar de Stratvs, inmersa en una causa penal por una decena de delitos.
Después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé no atendiera su petición de cierre, Jacón decidió acudir a los tribunales, presentando un recurso contencioso administrativo contra esa decisión municipal. Además de pedir que se anulara esa resolución del Consistorio, que en realidad se produjo por silencio administrativo, la asociación reclamaba que el Juzgado adoptara medidas cautelares "con carácter urgente" para cerrar esas bodegas.
En el auto en el que da respuesta a esa petición, el juez Ángel Teba explica que la solicitud, tal como estaba formulada, supondría no dar audiencia siquiera a la administración para que exponga sus argumentos. Así, en un auto fechado el pasado 29 de abril, el magistrado concluye que "no ha lugar" tramitar esa petición de Jacón con carácter "urgente". Por eso, lo que acuerda el juez es abrir una pieza separada de medidas cautelares, para decidir sobre el fondo del asunto tras valorar los argumentos que exponga el Ayuntamiento de San Bartolomé. Además de pedir el cierre de las bodegas de San Bartolomé, Jacón ha hecho lo mismo con las que dependen de otros Consistorios, dado que La Geria abarca varios municipios distintos.
