El juez que instruye la causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, Jerónimo Alonso, ha decidido abrir una pieza separada, tras detectar nuevos indicios de delito relacionados con la contratación de Ignacio Calatayud. El abogado, tal como ha puesto de relieve esta investigación, fue quien asesoró a Pedro San Ginés para llevar a cabo la incautación, mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión, que es la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas a Club Lanzarote
En esa nueva causa, el magistrado señala que "lógicamente" serán "investigados" el propio Calatayud y el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés. Cabe recordar que ambos están imputados ya en el procedimiento principal, y ahora serán además investigados en esta nueva pieza. "Razones de conveniencia y utilidad aconsejan la fragmentación del procedimiento, con objeto de evitar las consecuencias negativas que puede determinar la formación de una macrocausa", señala el auto, fechado el pasado 12 de enero.
Según explica el juez, las nuevas diligencias tendrán por objeto "la investigación de la contratación por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote del letrado Ignacio Calatayud Prats para la prestación de servicios profesionales, sin perjuicio de lo que pueda acordarse, conforme avance la investigación, respecto a otros hechos o personas". En su auto, el magistrado nombra hasta siete delitos que están tipificados en el Código Penal "para combatir la corrupción en los contratos onerosos".
El doble asesoramiento de Calatayud
El auto separando esta nueva pieza hace referencia al "informe jurídico" que realizó Calatayud, que es el único que existe avalando la incautación y que se elaboró en realidad cuando esta medida ya se había ejecutado. Según San Ginés, este mismo letrado, con quien ha reconocido que le une una amistad personal, le había asesorado "verbalmente" antes de la incautación. Después, le pidió que plasmara por escrito ese asesoramiento en un informe. Sin embargo, el juez señala que para realizar ese dictamen, Calatayud no fue contratado por el Consejo Insular de Aguas "conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto aplicables al ejercicio correspondiente".
El auto sostiene que en esa contratación podrían haberse omitido "las mínimas exigencias procedimentales", eludiendo así "los controles que el propio procedimiento establece". Y esos controles, según subraya el juez, están dirigidos entre otras cosas a "preservar la objetividad y la imparcialidad de una administración pública". En concreto hace referencia al artículo 103 de la Constitución, que establece que el acceso a la función pública debe ajustarse a "los principios de mérito y capacidad" y al "sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".
Entre otros documentos que el juez ordena que se incorporen a esta nueva pieza, se encuentran las declaraciones que prestaron en calidad de imputados el propio Calatayud y Pedro San Ginés. Al presidente, entre otras cosas, el juez le preguntó si Ignacio Calatayud era también asesor jurídico de Canal Gestión mientras le asesoraba a él para llevar a cabo la incautación de las plantas de Club Lanzarote. "Lo desconozco", respondió San Ginés, que en varias ocasiones ha tachado de "irrelevante" ese dato, cuando los medios de comunicación y varios partidos de la oposición le han trasladado esa misma pregunta.
El abogado recibió 116.000 euros de Canal en dos años
Finalmente, la confirmación de que Calatayud trabajaba efectivamente para Canal Gestión mientras asesoraba a San Ginés llegó de manos del que era gerente de la empresa, Gerardo Díaz, y después también del propio abogado. Ambos reconocieron en los Juzgados que Calatayud trabajaba para la empresa que se quedó con las plantas incautadas (y que hace unos meses tuvieron que ser devueltas a Club Lanzarote por orden judicial). Además, Ignacio Calatayud aseguró que "todo el mundo" sabía que él trabajaba para Canal Gestión, que San Ginés "lo sabía también" y que él "no lo ocultaba jamás".
Según puso de relieve esta investigación judicial y la documentación reclamada por el magistrado, Canal Gestión llegó a pagar a Calatayud 116.000 euros en menos de dos años. Por un lado, le pagaba 3.300 euros mensuales por los servicios prestados a la empresa. Por otro, le contrató incluso para que asesorara al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote.
En concreto, Calatayud debía asesorar a la Comisión de Seguimiento y Control creada por el Consorcio del Agua, precisamente para "fiscalizar" la labor de Canal Gestión y el cumplimiento del contrato. De este modo, Canal eligió y contrató a la persona que iba a asesorar a la institución pública para supervisar su trabajo. Además, la empresa descontaba luego ese dinero del pago anual que debía abonar al Consorcio del Agua, con lo que el pago se terminaba haciendo con dinero público.
Tres facturas presentadas el mismo día
En cuanto a los pagos que Calatayud recibió directamente del Consejo de Aguas, el juez se refiere a tres facturas, todas ellas presentadas el mismo día y vinculadas a la incautación. Una de ellas es la que incluye el pago por el "asesoramiento" a San Ginés. Curiosamente, aunque el informe escrito de Calatayud está fechado en septiembre de 2014, el letrado no pasó la factura al Cabildo hasta julio de 2015. Y lo hizo solo unos días después de que los tribunales anularan la incautación y ordenaran además tramitar la querella criminal contra San Ginés y los gerentes del Consejo y del Consorcio, al ver indicios de delito en su actuación.
En ese informe de septiembre de 2014, Calatayud no solo señalaba que la incautación que ya se había realizado era "viable", sino que también dejaba constancia escrita de que previamente había dado asesoramiento verbal al presidente sobre este tema. "Con carácter previo a la incautación se consultó a este letrado, el cual consideró que dicha medida era viable jurídicamente", señalaba en el dictamen.
En la factura por ese asesoramiento, presentada casi un año después, Calatayud también incluyó sus honorarios como abogado del Consejo en el procedimiento en el que el Juzgado dictó medidas cautelares el pasado mes de julio, anulando la incautación. Además, el mismo día Ignacio Calatayud presentó otras dos facturas, ambas de 1.605 euros. Una correspondía a su contratación para llevar el procedimiento principal tras la demanda de Club Lanzarote contra la incautación, y el otro al emprendido por esta misma empresa contra la entrega de sus plantas a Canal Gestión. En este caso, el abogado también perdió el pleito y los tribunales dieron la razón a Club Lanzarote.
Una incautación basada en una "infracción inexistente"
Mientras tanto, también ha seguido su curso la causa penal, de la que ahora se ha ordenado separar una nueva pieza, y que tenía ya cinco imputados. En el auto acordando esta medida, el juez señala que la decisión de San Ginés de incautar las plantas se habría fundamentado en una "infracción inexistente" por parte de Club Lanzarote. Además, subraya que, en cualquier caso, la supuesta "producción de agua industrial sin autorización" hubiera constituido una "infracción leve", tal como señalaba la propia resolución firmada por San Ginés ordenando la incautación.
"Se desviaría de la finalidad perseguida (pues las infracciones administrativas imputadas a la entidad Club Lanzarote solo podrían suponer la imposición de una multa de 7.600 euros), carecería de previsión legal y se habría ejecutado sin contar con la preceptiva autorización judicial", insiste el auto. Así, recordando también lo señalado por la Audiencia Provincial, cuando ordenó tramitar esta querella, concluye que hay "indicios evidentes de injusticia y de utilización espuria de la medida cautelar".
Junto a Calatayud y Pedro San Ginés, que sigue imputado por un delito de prevaricación y otro de coacciones, en el procedimiento principal están imputados los que eran gerentes del Consejo y del Consorcio, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, y el secretario de la Corporación, Pancho Perdomo.
