El Instituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias se ha ofrecido a facilitar una vivienda a Sinforiano y Pilar, la pareja de ancianos de Argana que está pendiente de desahucio. Según han indicado desde esta institución a La Voz, el Instituto ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Arrecife para informarse sobre este caso y "buscarles un espacio habitacional", en caso de que ellos estén dispuestos a abandonar su casa. Esta misma semana se conoció que el Juzgado ha dado una nueva orden de desahucio para esta pareja, el próximo 10 de marzo.
Según han explicado desde el Instituto, fue el propio director del organismo quien, al conocer el caso, decidió iniciar las "gestiones" con el Ayuntamiento de Arrecife y ahora trabaja para "buscar una solución" para Sinforiano y Pilar, que tienen 91 y 88 años respectivamente y llevan años luchando contra su desalojo. Según han indicado desde el Instituto de Vivienda a La Voz, por el momento "no hay algo consolidado" y se están estudiando "posibilidades". Recalcan, no obstante, que no pueden "aventurar todavía la fórmula".
Lo que sí han subrayado es que ofrecerían a Sinforiano y Pilar "siempre las condiciones más favorables para ellos, sobre todo porque son personas mayores con escasos recursos". Apuntan también que "lo ideal" sería hallar la "solución" antes de la fecha fijada por el Juzgado para el lanzamiento, "para que tengan la posibilidad de moverse antes del desahucio". En cualquier caso, todo dependerá de que esta pareja acceda a dejar su casa.
Se enfrentan al desahucio por tercera vez
Sinforiano Lemes y Pilar Callero residen desde hace más de 50 años en una vivienda que era propiedad de la Iglesia. En 2006, la Diócesis de Canarias vendió las viviendas a una empresa, Juan Antonio Rivera S.L., Iveco. Desde entonces, esta pareja mantiene una pugna para permanecer en la casa. Esta semana se supo que el Juzgado había puesto una nueva fecha para su desahucio. Con ello, es ya de la tercera vez que los ancianos hacen frente a una orden desalojo.
Su desahucio había permanecido paralizado desde mayo de 2014, cuando la Diócesis entregó un documento en el que la empresa se comprometía a que los inquilinos pudieran seguir en la casa "hasta su fallecimiento" o, en su defecto, a realojarlos o indemnizarlos.
Además del procedimiento del desahucio, que lleva el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife, hay otra causa judicial sobre la venta de esas casas. Ese segundo procedimiento surgió de la demanda de esta pareja de ancianos tanto a la empresa como a la Diócesis de Canarias. Juan Antonio Rivera S.L. trató de paralizar esa causa, alegando que el contrato que firmó con la Iglesia era "cosa juzgada" y no podía someterse de nuevo a la Justicia. El Juzgado discrepó cde esa visión y el procedimiento se desarrolla actualmente de forma paralela al del desahucio. Tras más de un año paralizado, fue la propia empresa, según indicaron fuentes cercanas a los ancianos esta semana, quien inició los trámites en octubre para retomar el desalojo de los ancianos.
