"Toda la base de la trama o del fraude está en el registro de facturas ilegal que tiene Carlos Sáenz en Intervención". Así ha resumido el fiscal Ignacio Stampa lo sucedido con los pagos del Ayuntamiento de Arrecife a Proselan, pero también con otros presuntos delitos de malversación que investiga la Justicia en ese Consistorio. "No lo pueden hacer sin el interventor", ha señalado Stampa, refiriéndose al papel de los otros tres acusados en la pieza 13 del caso Unión, que este viernes ha quedado vista para sentencia.
Al presentar sus conclusiones durante la última jornada del juicio, el fiscal ha llegado a calificar a Carlos Sáenz como "la mano que mece la cuna". Y es que según ha señalado, "parece que lo que dice el interventor tiene que ir a misa", pero el problema surge "cuando la pieza que falla es el interventor". En su relato, el fiscal se ha referido a ese registro "paralelo" de facturas que existía hasta hace poco en Intervención, al margen del Registro General donde deben presentarse, y por tanto fuera del control del resto del Ayuntamiento. Fue en ese registro "ilegal" de Intervención fue donde se presentaron en diciembre de 2008 las facturas de Proselan, que ese mismo mes terminó cobrando 250.000 euros del Consistorio por trabajos presuntamente no realizados.
Supuestamente, el empresario José Daniel Hernández Arráez realizó trabajos de alumbrado con motivo de distintas fiestas de Arrecife. Sin embargo, nadie en el área de Festejos conocía esa contratación, según confirmaron todos los testigos durante las primeras jornadas del juicio. Además, señalaron que no eran necesarios esos servicios (la mayoría de las veces los realizaban los propios operarios municipales) ni hay constancia alguna de que se ejecutaran. De hecho, fue el propio Ayuntamiento quien denunció estos hechos en Fiscalía, cuando Festejos detectó esos pagos tras el estallido de la Operación Unión y la ruptura del grupo de gobierno entre el PSOE y el PIL.
Quien realizó el supuesto encargo a José Daniel Hernández fue el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, también acusado en la causa. Y como cargo público autorizó el pago el ex concejal de Hacienda y Urbanismo, José Miguel Rodríguez, que ha confesado que "contribuyó a malversar" ese dinero.
"La iluminación, un punto oscuro de este Ayuntamiento"
"Se da la paradoja de que la iluminación de Arrecife es uno de los puntos más oscuros de este Ayuntamiento", ha subrayado el fiscal, refiriéndose también a otro procedimiento, el caso Montecarlo. En una de las piezas de esa causa se investigan pagos a otra empresa de electricidad, Inelcon, que según ha apuntado Stampa habría recibido más de 2 millones de euros en pagos bajo sospecha. Durante el juicio, en varias ocasiones se ha puesto de relieve el paralelismo de esta pieza de Unión con el caso Montecarlo, en el que el principal imputado es Carlos Sáenz, aunque junto a otros políticos y técnicos.
Además, el fiscal ha llegado a afirmar que Sáenz debería haberse sentado también en el banquillo en el primer juicio del caso Unión, por los pagos por servicios no prestados a Francisco Rodríguez Batllori. Al respecto, ha recordado que si en esa pieza no se formuló acusación contra el interventor fue porque en su momento no aparecieron las facturas originales y porque en las que constaban en la causa no figuraba la firma de Sáenz.
Sin embargo, tras los registros llevados a cabo con la Operación Montecarlo, los agentes encontraron esas facturas originales en el despacho de Carlos Sáenz. "Cuando se aportaron a esa causa (a la pieza de Unión por los pagos a Batllori), ya no se podía formular acusación", ha recordado el fiscal, explicando que en ese momento ya se había dictado el auto de procedimiento abreviado, que es el que pone fin a la instrucción. De no haber sido así, ha agregado, "la Fiscalía no tiene ninguna duda de que también hubiera sido acusado en ese procedimiento".
"Un insulto al Tribunal y a la gente que lo está pasando mal"
Respecto a José Daniel Hernández, el fiscal considera que "el acusado se retrató solo" cuando en su declaración durante el juicio "dijo que fue cuestión de suerte presentar 10 facturas el día 2 de diciembre en el Ayuntamiento, crear una cuenta el día 9 y cobrar el día 26" un total de 250.000 euros, cuando algunos de los supuestos trabajos ni siquiera habían terminado de prestarse aún, ya que había facturas por "desmontaje" de instalaciones eléctricas en fiestas que aún no habían concluido.
Por contrapartida, otras facturas correspondían a supuestos trabajos realizados casi un año antes, en febrero y marzo de 2008, pero no fue hasta diciembre cuando las presentó al cobro. Y logró que se las pagaran todas juntas en poco más de 20 días, pese a que "sabemos que el Ayuntamiento no paga sobre la marcha", tal como recordó el fiscal. "Es un insulto no solo al Tribunal, sino a toda la gente que lo está pasando mal", señaló Stampa.
Además, subrayó que los únicos testigos que aportó la defensa del empresario fueron "varios conocidos suyos para decir que había hecho lo mismo en San Bartolomé", pero ninguno que hablara de sus supuestos trabajos en Arrecife. "No acreditaron nada", ha concluido el fiscal, que ha subrayado que lo único que tienen en común ambos municipios es el interventor, Carlos Sáenz, que en aquella época también era el responsable de Intervención en San Bartolomé (dejó de serlo tras ser detenido en la Operación Montecarlo, aunque sigue siendo interventor de Arrecife). "Lo único que podría demostrar es que las administraciones están podridas", ha advertido Stampa, refiriéndose a los trabajos que Hernández Arráez afirma haber realizado y cobrado en ese municipio, también sin que existiera un contrato previo.
"Aparte de malversación es cohecho"
Tras recordar que la empresa a la que Arrecife pagó 250.000 euros no tenía "ni local, ni empleados ni vehículos", el fiscal ha llegado a afirmar que no solo se habrían cometido presuntos delitos de malversación, que son los que se juzgan, sino también de cohecho. Sin embargo, ha aclarado que si no se ha formulado la acusación por ese delito es porque no se han encontrado pruebas de que el empresario entregara dinero como soborno a los otros tres acusados. Lo que sí ha subrayado es que el mismo día en que José Daniel Hernández recibió esa cantidad del Ayuntamiento en la cuenta que acababa de crear, retiró todo el dinero, sin que conste dónde fue a parar.
En cuanto a Rafael Arrocha, la Fiscalía considera que "su tesis defensiva es inverosímil". Durante su declaración, Arrocha explicó que él mismo encargó verbalmente a José Daniel Hernández esos trabajos, consistentes en supuestas instalaciones eléctricas con motivo de distintas fiestas de Arrecife. Sin embargo, nadie en el área de Festejos tenía conocimiento de los mismos. Y todo ello pese a que tanto Arrocha como Carlos Sáenz afirmaron que el encargo se hizo y se pagó con una partida de la Oficina Técnica porque Festejos había agotado su presupuesto.
"Errores", "falta de habilidad" y resultado "cutre"
Además, el fiscal ha hecho hincapié en los "errores" y "malos cálculos" en los que considera que incurrieron los acusados, y que se pusieron de relieve durante las dos primeras jornadas del juico. Por ejemplo, presentando facturas y abonándolas antes siquiera de que llegara la fecha en la que terminaba de prestarse ese supuesto servicio, y cargando facturas dobles por las mismas fiestas, una por montaje y otra por desmontaje, y cada una a un nombre distinto (una a nombre de Proselan y la otra directamente a nombre del dueño, José Daniel Hernández)
"Ni siquiera tuvieron habilidad", ha señalado el fiscal, que considera que el resultado final fue incluso "cutre". Entre esos "errores", también se ha vuelto a referir a otro relacionado con el interventor, que realizó una retención de crédito cuando el supuesto trabajo ya se había realizado. "Una retención de crédito posterior que ni él mismo entendía, pero que forma parte de toda la trama", ha señalado el fiscal, recordando que durante su declaración, Sáenz no supo dar explicación a por qué hizo esa retención.
Además, ha insistido en que el interventor no realizó "fiscalización de ningún tipo", pese a que había "un fraccionamiento grosero de la facturación" y pese a que las facturas no habían entrado por el registro oficial del Ayuntamiento, ni constan siquiera presupuestos previos del trabajo que se iba a realizar, entre otras carencias en el expediente. "Carlos Sáenz no puede validar el pago aunque se fie mucho de Rafael Arrocha", ha advertido el fiscal, que considera que el interventor tendría que haber fiscalizado tanto si se trataba de un contrato de servicios como si fuera un contrato de obra menor, como sostienen las defensas.
En cualquier caso, la Fiscalía considera que lo que supuestamente se estaba contratando era un servicio y no una obra. Esto supone que el límite del contrato menor está en 18.000 euros (en las obras el límite es de 50.000), cuando en este caso se pagaron más de 40.000, en dos facturas distintas, por cada fiesta. Y eso, entre otras exigencias añadidas, hubiera obligado a sacarlo a concurso, en caso de que realmente se fueran a prestar los servicios.
Al concluir su intervención, el fiscal ha hecho hincapié en el daño que causan estas actuaciones, generando no solo un daño económico a la institución, sino también una pérdida de confianza de los ciudadanos, que "ha llegado a tal punto que consideran que estas cosas son normales". Además, ha tachado de "esquizofrenia procesal" la actitud del Ayuntamiento, que está personado como acusación en la causa para exigir la responsabilidad civil, es decir, que los acusados devuelvan el dinero presuntamente malversado, pero no ha formulado acusación penal ni ha iniciado un procedimiento de reintegro de ese dinero. Además, ha recordado que cuatro testigos que declararon en el juicio, incluyendo al actual alcalde de Arrecife, José Montelongo, están imputados en el caso Montecarlo por hechos similares.
