El Ministerio fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen dentro de una pieza separada del caso "Unión" respecto a 17 imputados. En un escrito fechado el día 21 de julio, el fiscal Javier Ródenas pide el archivo provisional de la causa para Segundo Rodríguez, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez.
En ese escrito, el fiscal pide que se dicte este auto de sobreseimiento provisional en esta pieza separada número 12 de este caso, "por la ausencia de material probatorio que justifique la pendencia de este estadio procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación, que legitime la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral".
Esta pieza se centraba en la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos, sobre todo en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife en el periodo de 2007 a 2009, pero también desde 2005 en algún caso concreto, a empresarios de la isla cuyos intereses económicos habrían estado en buena parte ligados, de hecho, habrían dependido de las decisiones políticas, según un auto de 5 de julio de 2012.
El fiscal concreta en su escrito por qué no es posible fundamentar la acusación contra alguno de estos imputados. Respecto a 13 de ellos, es decir, a todos menos los arquitectos y Joel Delgado, los indicios para la imputación llegaron por parte de atestados de la UCO y de la declaración del coimputado Matías Curbelo. En este sentido, recuerda que Curbelo declaró en sede judicial en febrero de 2010, "la participación en operaciones destinadas a la financiación irregular del PIL en el año 2003-2007", época en la que era la persona que ejercía las funciones de administrador de campaña del partido.
Declaraciones que "no han podido ser corroboradas"
Sin embargo, afirma el fiscal, las operaciones que relató en dicha comparecencia, "muchas de ellas con poca precisión e inconexas", no han podido ser corroboradas por datos externos a su propia declaración y por expedientes concretos de adjudicación de obras. "No existiendo otro material en las actuaciones que la personal declaración del coimputado no es posible fundamentar en este sólo dato una eventual acusación ante la falta de corroboraciones externas a su personal declaración", señala el fiscal.
Respecto a Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife, el Ministerio Público asegura que no se ha acreditado "dato de sesgo incriminatorio que permita atribuirle conducta ilícita en una contratación, la de su madre, que no se produjo en ningún momento".
Sobre los tres arquitectos imputados en esta pieza del caso "Unión", Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez, el fiscal insiste en que también procede decretar el archivo provisional de las actuaciones "porque no se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de voluntades entre los arquitectos con los responsables públicos para defraudar a la administración en la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife".
De otra parte, el fiscal solicita la práctica de diligencias "indispensables" para enfilar la "decisiva" fase intermedia respecto a 22 imputados. En concreto, respecto a Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín, Yoana Cabrera Machín, Loyola del Mar Fernández Álvarez, María Luisa Blanco, Juan Rafael Arrocha, María Elena Martín, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenes, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y Joaquín Herrera.
Sostener la acusación o adherirse a la Fiscalía
Ante este escrito del fiscal, la juez, en una providencia y atendiendo a la petición del Ministerio Público, pide que se dé traslado a las restantes acusaciones personadas en la causa para que en un plazo de diez días puedan alegar, en particular si sostienen la acusación contra los citados imputados, o se adhieren a lo interesado por el Ministerio fiscal.
También, solicita que se cite a declarar como imputado a Samuel Lemes por un presunto delito de estafa, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la vista del dictamen pericial auditor de los expedientes de obras de la empresa de su titularidad por la facturación supuestamente excesiva al Ayuntamiento de Arrecife en el acondicionamiento del centro sociocultural de San Francisco Javier. Para ello, se fija el día 12 de septiembre a las 10.30 horas.
En esta misma providencia, se acuerda oficiar al director de la cárcel de Tahíche para que en el plazo de 10 días se aporte el testimonio íntegro de la documentación entregada por el interno Dimas Martín para la consecución del tercer grado penitenciario, en especial, el contrato de trabajo presentado lograr tal objetivo.
