El fiscal Miguel Pallarés no ha sabido explicar este martes, al declarar como testigo en el caso de La Bufona, por qué la propiedad que adquirió en esa urbanización tiene 384 metros según el Registro de la Propiedad, mientras que en el Catastro figuran 546. "¿Y qué quiere que yo le diga?", le ha respondido al abogado de la acusación particular, cuando éste le ha preguntado por esa discrepancia de más de 160 metros.
"¿Pero qué fue lo que usted compró, una propiedad de 384 metros o una de 546?", ha insistido el letrado. "Yo compré el inmueble que está en la calle Chabusquillo, perfectamente vallado y cerrado", ha contestado Pallarés, que ha asegurado que "no comprobó" si la superficie que figuraba en las escrituras de compraventa se ajustaba o no a la superficie real.
"No sé qué se reflejó en el Catastro, no tengo ni idea", ha respondido el que fuera fiscal coordinador en Lanzarote, que tampoco ha sabido precisar quién hizo esa modificación en el Catastro. Desde hace años, Pallarés ejerce fuera de la isla y ha prestado declaración por videoconferencia. Y su interrogatorio ha sido uno de los más tensos de los que han tenido lugar en las dos primeras sesiones del juicio, que continuará la próxima semana.
"Cree" que la licencia autorizaba las obras, pero "tendría que mirarlo"
Además de poner sobre la mesa la relación de parentesco que une a Pallarés con dos personas que en ese momento ocupaban puestos clave en el Ayuntamiento, como el ex secretario Felipe Fernández Camero y la responsable del Catastro y de la Oficina de Recaudación, Cristina Fernández, la acusación particular ha hecho hincapié en si Pallarés tenía o no licencia para las obras que realizó después de que le entregaran la vivienda.
Según Miguel Pallarés, hizo obras posteriores pero solicitó "la oportuna licencia". Concretamente, se ha referido a la instalación de una pérgola y una barbacoa y a la pavimentación del suelo. Sin embargo, cuando uno de los letrados de la acusación particular le ha preguntado expresamente si la licencia cubría todas las obras que realizó, y que tienen desde 2013 orden de derribo de la Apmun, Pallarés no lo ha precisado. "Creo que sí, pero tendría que mirarlo", ha respondido.
A continuación, el abogado le ha recordado que en ese expediente de derribo (que acaba de ser confirmado por el Juzgado, aunque Pallarés ha adelantado que recurrirá), se dice que las obras no están amparadas por ninguna licencia. "Le recuerdo que está bajo juramento", le ha planteado el abogado antes de volver a repetir la pregunta. "¿Y me lo tiene que recordar usted?", ha contestado con tono molesto Miguel Pallarés.
No presentó la licencia para evitar el derribo
Después, el letrado ha insistido preguntando a Pallarés por qué no aportó la licencia a ese procedimiento de derribo, si realmente las obras contaban con permisos. "Nos hemos basado en otros argumentos jurídicos. Que a lo mejor a usted no lo parecen bien, pero nos han parecido correctos", ha contestado. Entre esos "argumentos", ha citado uno: una "certificación del Cabildo" que, según ha dicho, sostiene que las obras están a 500 metros del suelo protegido. "¿Qué a usted no le gusta? Bien. Pero es uno de los que hemos utilizado", ha vuelto a insistir.
En cualquier caso, también ha señalado en varias ocasiones que no conoce "perfectamente el expediente" y que "ahora mismo de memoria" tampoco tiene presentes todos los datos de la licencia que obtuvo. De hecho, a preguntas de la otra abogada de la acusación particular, también ha contestado con "no me consta" y "no recuerdo".
Concretamente, la letrada le ha recordado que en el expediente municipal que se incorporó a esta causa, consta que pidió solo licencia para poner las baldosas del suelo, y que incluso "renunció expresamente" a instalar la pérgola. "A mí no me consta, no recuerdo esa renuncia", ha respondido Pallarés, que no obstante tampoco ha podido asegurar que ese permiso amparara todas las obras que realizó.
La piscina no tiene licencia ni figura en las escrituras
En el caso de la piscina, Miguel Pallarés sí ha admitido que no pidió licencia. "No, creo que no", ha terminado respondiendo, después de varias preguntas al respecto. Según Pallarés, cuando la constructora le entregó la casa, dejó el "hueco" de la piscina hecho (los promotores niegan haber hecho las piscinas, aunque varios compradores han declarado lo mismo que Pallarés, que pagaron por ese trabajo añadido antes de recibir las casas). Después, contrató a otra empresa para que terminaran las obras. Sin embargo, ni pidió licencia para esa obra ni en las escrituras de compra de la casa se reflejaba la existencia de una piscina. "No sé si eso se tiene que reflejar, no lo sé", ha respondido al respecto.
Una de las claves del juicio se centra en determinar si los dos acusados, Federico Echevarría y Antonio Carmona, propietarios de la promotora Brisa Inversiones, ocuparon suelo rústico de protección con la construcción de esas viviendas. El suelo en cuestión es el que se sitúa en la parte trasera de las casas, donde luego los compradores hicieron piscinas, pérgolas y otras instalaciones. Según los propietarios, ellos hicieron obras en el terreno que les entregaron, porque estaba perfectamente amurallado, marcando el límite de su propiedad. Los acusados, sin embargo, responsabilizan a los dueños de las casas de lo que hicieran allí y niegan que la venta incluyera ese terreno.
Por su parte, Pallarés ha insistido en que desconocía que se tratara de suelo protegido. "Si el Ayuntamiento me autoriza a poner baldosas, rústico protegido no será", ha subrayado al respecto, insistiendo en que tenía licencia, al menos, para una parte de las obras que realizó. Cuando el Consistorio otorgó ese permiso, ya había una orden de parar los trabajos en esa urbanización (concretamente de julio del año 2000). "Creo que ninguno de los vecinos que estaban comprando las casas sabíamos que fuera suelo rústico", ha asegurado, afirmando que se han ido enterando todos, incluido él, "por la prensa".
No ha emprendido acciones contra los promotores
Sobre si ha emprendido algún tipo de acción desde el año 2002, que es cuando el tema ya había saltado a los medios y se conoció que había una orden de precinto, entre otras cosas, por ocupar suelo público, Pallarés ha respondido que no. "¿Qué quiere que haga si todavía no se me ha producido ningún daño?", ha preguntado como respuesta, añadiendo que podría dirigirse contra el Ayuntamiento o los promotores si se consumara ese derribo. "Seguro que usted sabe mucho más derecho que yo, pero de momento creo que no podemos dirigirnos. Pero seguramente esté equivocado", ha señalado Pallarés.
Tampoco ha sabido precisar cuánto duraron las obras que él ejecutó. "De 15 años atrás, no le puedo decir fechas", ha señalado, negando después que duraran "dos o tres años". Además de las obras en esa especie de patio trasero, Pallarés también ha añadido después que cuando entró en la casa lo primero que hizo fue "ampliar la cocina". En total, según sus palabras, el cierre fue de unos 16 metros cuadrados.
Años sin pagar el IBI
Durante su declaración, Pallarés también ha insistido en que lo que él compró fue una vivienda "totalmente terminada, con cédula de habitabilidad, con luz, agua..." Sin embargo, ha admitido que los vecinos pasaron años sin pagar el IBI. "Hubo un periodo, no recuerdo tiempo exacto, en que no nos giraban los recibos por un problema en el Ayuntamiento", ha señalado, afirmando que después les cobraron "lo atrasado", "lo que no estaba prescrito". En total, los vecinos pasaron unos siete años sin pagar impuestos, porque las viviendas no estaban registradas oficialmente.
En este punto, la abogada de la acusación le ha preguntado por Cristina Fernández Fernández, que según la letrada representaba a Pallarés en los escritos relacionados con la solicitud de la licencia de obras menores en la casa, y que además era "encargada del Catastro y de la Oficina de Recaudación" del Ayuntamiento. "¿Es la misma Cristina Fernández?", le ha preguntado la letrada, tras pedirle que identificara a esa persona.
"Si la pregunta que quiere hacerme es qué relación tiene conmigo, es que me la ha hecho mal", ha respondido Pallarés, que tras varias intervenciones ha concluido con un: "Si lo que quiere saber es qué relación de parentesco tiene conmigo, se lo digo: es la hermana de mi mujer". A continuación, la abogada le ha preguntado también por su relación de parentesco con el que era secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que intervino en la concesión de las licencias de obra y también estuvo imputado en esta causa, pero la juez no ha admitido la pregunta. Concretamente, Camero es ‘tío político’ de Pallarés.
