El juicio por la concesión de licencias a dos empresas vinculadas a Pedro de Armas para construir 66 villas en el Plan Parcial Playa Blanca en el año 2005 ha quedado este jueves visto para sentencia y ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los ejes sobre los que giran casi todas las causas de delincuencia urbanística en este municipio. Es decir, la concesión de licencias por parte del alcalde con la "cobertura" de supuestos informes jurídicos y técnicos que en realidad no se pronunciaban sobre el fondo del asunto y que ni siquiera terminaban con una conclusión a favor o en contra.
De hecho, el que era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, ha llegado a afirmar durante el juicio que ni siquiera veía los expedientes y que los informes que emitía eran en realidad "plantillas" estándar que iba utilizando. "Ha sido costumbre no pasarle al secretario los expedientes. Me pasaban las resoluciones firmadas", ha asegurado Bartolomé Fuentes, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y 10 de inhabilitación por un delito continuado prevaricación urbanística. La misma pena solicita para el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y para el ex alcalde, José Francisco Reyes, que se ha negado a declarar durante el juicio.
Por su parte, Lorenzo ha apelado a su "falta de conocimientos" en aquella época, incluso sobre cómo debía emitir los informes. "Ahora sí conozco el reglamento, pero en ese momento no", ha respondido el todavía jefe de la Oficina Técnica, cuando la fiscal le ha preguntado cómo pudo emitir informes que "ni aludían a los elementos técnicos que debía analizar", ni terminaban concluyendo si el pronunciamiento técnico era a favor o en contra de la concesión.
"Se hacían así siempre, nadie me dijo nada, nadie me pidió que aclarara nada… Estaba absolutamente convencido de que estaban bien hechos", ha afirmado Lorenzo, que ha admitido que ahora "habría hecho ese informe de otra forma, bastante más motivado", y que "en ese momento estaba absolutamente convencido de que era suelo urbano".
Informe técnico, informe jurídico y concesión de licencia en un día
En cuanto a Bartolomé Fuentes, ha defendido que en sus informes como jurista solo daba cuenta del procedimiento que se debía seguir para conceder la licencia. "Yo no informé favorablemente, en absoluto", ha asegurado. De hecho, ha insistido en que en ese escrito "terminaba diciendo que se debían solicitar informes" -entre ellos uno de compatilibilidad con el PIOT al Cabildo-, y que "si no se incorporaban o no eran favorables, el del secretario debía entenderse como negativo".
Sin embargo, tal como se ha puesto de relieve durante el juicio, después no se llevaba a cabo procedimiento alguno. De hecho, en un mismo día constan emitidos el informe técnico de Lorenzo, ese supuesto informe jurídico del secretario, la resolución del alcalde autorizando la licencia y la notificación al interesado, sin que Bartolomé Fuentes pusiera reparo alguno.
"¿Usted como secretario no pone el grito en el cielo ante esas irregularidades?", le ha preguntado la fiscal, subrayando que además era él quien tenía el deber de advertir si faltaban informes preceptivos. "Creo que cumplí con mi deber", ha respondido el ex secretario, que en 2013 fue apartado de su cargo por otra condena por un delito de prevaricación urbanística.
"¿A usted le parece normal que se emita el informe técnico, el informe jurídico y la resolución concediendo la licencia el mismo día?", le ha preguntado la fiscal al jefe de la Oficina Técnica. "No", ha respondido. "Pero se puede hacer", ha agregado a continuación.
Hasta siete advertencias de la juez a Bartolomé Fuentes
El interrogatorio más tenso durante el juicio ha sido el de Vicente Bartolomé Fuentes, que ha sido advertido hasta en siete ocasiones por la juez mientras la fiscal Elena Herrera le formulaba preguntas. "Responda a la pregunta", "aquí los debates los dirijo yo" y "conteste a lo que se le está preguntando, o si no quiere diga que no quiere contestar", son algunas de las frases que le ha dedicado la magistrada Margarita Gómez Martín, cada vez que el acusado comenzaba a referirse a otros hechos, informes o episodios que nada tenían que ver con la pregunta. "Nos está dando un mitin", le ha espetado por su parte la fiscal al ex secretario.
Y es que aunque Bartolomé Fuentes ha sostenido que no informó favorablemente a esas licencias, al mismo tiempo ha basado buena parte de su defensa en intentar defender la concesión de esos permisos, que se otorgaron en un plan parcial que ya había quedado extinguido desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes de Canarias del año 2001. Por tanto, ese plan no podía desarrollarse, tal como sentenciaron después los tribunales y como le venían advirtiendo en ese momento al Ayuntamiento tanto el Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias. Sin embargo, el Consistorio siguió adelante aprobando el proyecto de urbanización y concediendo después licencias a distintos promotores. Y todo ello pese a que, además, el Cabildo había suspendido ese plan durante dos años. Y también pese a que tenía que haberse adaptado al Plan Insular de 2010, para lo que tenía un plazo de seis meses, y nunca lo hizo, ni había publicado a tiempo las normas de ese plan, como era obligado para que estuviera realmente en vigor.
Para defender su postura, los acusados han aportado un solo perito, el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que ha sido duramente cuestionado tanto por la Fiscalía como por la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística. Y es que tal como ha admitido el propio Díaz de Aguilar, él está directamente vinculado a ese plan parcial. Por un lado, porque representó a la Junta de Compensación. Por otro, porque su hermano es uno de los promotores, y además del parentesco les unen varias empresas en las que están o han estado asociados. Pero además, un tercer hermano ha intervenido en ese plan parcial como arquitecto y otro ha adquirido propiedades en el mismo.
"No sé si me explicó, porque es siempre un pequeño galimatías"
Aunque su validez como perito ha sido cuestionada por la acusación, Díaz de Aguilar ha declarado por videoconferencia para ratificarse en un informe que elaboró en el año 2004, defendiendo la vigencia del Plan Parcial Playa Blanca, que después fue anulado por los tribunales. "No sé si me explico, porque es siempre un pequeño galimatías", ha señalado el abogado en un momento de su intervención, tras referirse a distintas normativas y procedimientos para defender un plan que, en definitiva, los tribunales ya declararon nulo (aunque él ha subrayado que tras la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza, ahora está "perfectamente legalizado").
"Estamos debatiendo algo de lo que ya se ha pronunciado la jurisdicción contenciosa. No entiendo el sentido de este debate", ha señalado en sus conclusiones la fiscal, que ha aportado durante el juicio cuatro peritos distintos: dos que estaban entonces en la Oficina del PIOT del Cabildo, Leopoldo Díaz y Esteban Armas, y dos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias.
Los primeros han confirmado que en el caso de una de las dos licencias enjuiciadas, el Ayuntamiento ni siquiera pidió informe de compatibilidad al Cabildo y se enteraron de su concesión "con posterioridad". En el otro, sí se pidió el informe y fue negativo, pero para entonces Reyes ya había concedido la licencia. Además, han recordado que en aquella época el Cabildo tuvo que acudir a los tribunales, porque el Ayuntamiento le ocultaba las licencias que otorgaba, hasta que la Justicia le obligó a notificárselas. Y también han recordado que la institución recurrió todos los actos relativos al Plan Playa Blanca, obteniendo siempre sentencias que le dieron la razón y confirmaron que ese plan era nulo.
"Ningún informe cumple. Era algo genérico"
Por su parte, las peritos de la Apmun han señalado que los informes de Antonio Lorenzo y Vicente Bartolomé Fuentes que se aportaron al expediente de concesión de esas licencias "no cumplen con los requisitos que establece la normativa", y también que el secretario era "el responsable de advertir de la omisión de informes preceptivos". "Ninguno cumple. Era algo genérico. Informaban de forma genérica, no detallada", ha señalado una de las peritos, avalando la tesis que desde hace años viene sosteniendo la Fiscalía en ésta y otras causas de corrupción urbanística en Yaiza, incluyendo el caso Yate, que está pendiente de juicio y ha sido nombrado de forma reiterada durante esta vista.
Además, las peritos también han confirmado que la Apmun en su día requirió expresamente información tanto al alcalde como al secretario sobre este plan parcial, tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, "y no consta respuesta". Y al requerimiento de la Apmun se suma el que hizo el propio Cabildo, tal como han recordado también los peritos de la Corporación insular. Concretamente, la institución envió una carta certificada al Consistorio en el año 2004, para que anulara o dejara sin efecto el proyecto de urbanización que acababa de aprobar para este plan parcial, advirtiéndole de que estaba extinguido. En el caso de Vicente Bartolomé Fuentes, ha confirmado que conocía la existencia de esa carta. En el de Antonio Lorenzo, ha asegurado que no tuvo conocimiento en su día y que no la había visto hasta ahora, cuando ha "estudiado" los hechos al verse imputado en esta causa penal, "para ver qué sucedía aquí".
