El Consorcio Insular del Agua ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil de Yaiza al no poder acceder a la desaladora de Montaña Roja para proceder a su incautación. Aunque el gerente del Consorcio, también de Canal Gestión, personal de los servicios jurídicos y técnicos han ido acompañados de seis policías locales, no han podido entrar en la instalación, ubicada en Playa Blanca.
"Han presentado a los empleados de Club Lanzarote las resoluciones, la incoación del expediente y la orden de incautación de las instalaciones y nos han impedido el acceso, supongo que siguiendo instrucciones de sus servicios jurídicos y del promotor", ha señalado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, en una comparecencia de urgencia para dar detalles de esta situación.
Por ello, desde el Consorcio se ha acudido a la Guardia Civil para presentar una denuncia por obstrucción a la autoridad, desobediencia y por poner en serie peligro el abasto de agua a 6.000 residentes y a unas 9.000 plazas turísticas. El presidente entiende que se ha regresado a la zona "con un cerrajero para desmontar los cerrojos de las puertas y entrar".
Además, San Ginés ha solicitado al director insular de la Administración General del Estado cooperación de la Guardia Civil para que acompañe a la Policía Local para proceder a esta incautación. "Lo haremos de manera pacífica si nos lo permiten o con los medios que tengamos que acudir si tenemos que hacerlo por la fuerza", ha indicado.
Una desaladora sin autorización
Los 6.000 residentes y las 9.000 plazas turísticas se nutren de agua de "esta desaladora privada", que está desalando "sin autorización". San Ginés ha asegurado que tenía un permiso en 2004, que venció en 2012. "Solicitaron una prórroga que les fue denegada por el Consejo Insular de Aguas y en 2013 se les conminó a dejar de desalar", ha afirmado.
Además, la "gran diferencia" entre ésta y otras desaladoras "en situación irregular" es que la de Montaña Roja es la "única que vende agua a terceros". "No es de autoconsumo y nunca tuvo autorización para vender", ha insistido el presidente.
San Ginés ha asegurado que a lo largo de los últimos meses ha intentado llegar a un acuerdo con los servicios jurídicos y el promotor de esta infraestructura hidráulica, pero las conversaciones han sido "infructuosas". "Nos hemos visto abocados a garantizar que alguien que sí está facultado para el suministro de agua a terceros sea quien garantice el agua de abasto y saneamiento a los vecinos y a las camas turísticas", ha concretado el presidente, en referencia a Canal Gestión Lanzarote.
Pese a esta situación con la desaladora privada, el presidente mantiene "la mano tendida para el diálogo y el consenso" para evitar "un contencioso jurídico de consecuencias impredecibles". El presidente ha defendido esta actuación y ha asegurado que lo "único" que pretende es "cumplir y hacer cumplir la Ley" para que todos los vecinos y establecimientos turísticos "tengan agua en las mismas condiciones, calidad y precio que la que tienen el resto de ciudadanos y el resto de industrias turísticas de Lanzarote".
"Dispositivo preparado para ejecutar obras de emergencia"
El presidente también ha querido enviar un mensaje de "absoluta tranquilidad a los usuarios" de este Plan Parcial. "Hay un despliegue de entre 10 o 15 técnicos para asumir las riendas de esta planta desaladora con inmediatez, en cuanto podamos acceder a ella porque nos han cerrado la puerta", ha insistido.
En cualquier caso, ha anunciado que hay "un dispositivo preparado para ejecutar obras por la vía de emergencia, en 12 horas, y conectar el agua de la desaladora de Janubio a la red de distribución, aun cuando las plantas no estuviesen en funcionamiento". "Estamos en disposición de acometer esto", ha defendido San Ginés que ha asegurado que, según los cálculos realizados, la mayoría de los usuarios pagarán un precio "mucho menor" cuando comience a actuar Canal Gestión que el que pagan en la actualidad.
