El Comisionado de Transparencia ha acordado estimar una queja presentada por el ex portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, confirmando así que la institución que presidía Pedro San Ginés incumplió la ley al ocultarle durante tres años documentación relativa a Canal Gestión. Meca reclamó esa información poco después de acceder al cargo en el pasado mandato pero ha sido ahora, tras el cambio de gobierno y en respuesta a un requerimiento del Comisionado, cuando la Corporación ha respondido y ha entregado por fin la información.
Por eso, aunque la resolución dictada por el Comisionado de Transparencia el pasado día 28 de septiembre da por terminado el procedimiento "por haber perdido su objeto", también estima la reclamación a "efectos formales" y da un toque de atención al Cabildo por el modo en el que procedió bajo el mandato de San Ginés.
En su resolución, el Comisionado advierte a la Corporación que "el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública, en caso de reiteración, constituyen infracciones graves/muy graves" recogidas en la Ley de Transparencia, y le insta a "agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública para que la respuesta se produzca en plazo".
Opacidad sobre el contrato de Canal y su seguimiento
Además de esta reclamación, el ex portavoz de Podemos presentó ante este mismo órgano dependiente del Parlamento de Canarias otra queja más que aún no ha sido resuelta, por lo que sigue sin recibir otra documentación que solicitó en el año 2016, y que también está relacionada con el seguimiento del contrato con la empresa madrileña a la que San Ginés entregó la gestión del agua en la isla.
En cuanto a la reclamación que ya ha sido estimada, Carlos Meca la presentó el pasado mes de mayo. En ella explicaba que fue en octubre de 2015 cuando registró por primera vez un escrito solicitando todas las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato con Canal Gestión, dada la opacidad que existía sobre el funcionamiento de éste órgano y las dudas sobre el contrato en sí. De hecho, la Justicia ordenó después revisar esa adjudicación, en una sentencia que San Ginés también ocultó durante meses, hasta que fue desvelada por La Voz.
Junto a las actas de esas reuniones, Meca pedía información sobre los nombres de las personas que formaban o habían formado parte de esa Comisión de Seguimiento y los de las personas o empresas que habían recibido pagos por participar en ella. Además, solicitaba una copia del reglamento de funcionamiento de la Comisión y que se confirmara si era Canal quien estaba "corriendo con los gastos".
Tras dos meses sin recibir siquiera respuesta, el portavoz de Podemos reiteró su solicitud en noviembre de 2015 y volvió a hacerlo sin éxito en enero, febrero, abril y julio de 2016. Finalmente, en agosto de ese año recibió una contestación a través del Consejo Insular de Aguas, pero parcial e incompleta. De hecho, solo le entregaron las actas de cinco de las reuniones de la Comisión, manteniendo oculto el contenido del resto. Así, Meca volvió a reclamar la entrega de todas las actas con un nuevo escrito fechado el 16 de septiembre de 2016 -que después volvió a reiterar en varias ocasiones-, y que es sobre el que se pronuncia ahora el Comisionado de Transparencia.
Los documentos, entregados por fin "en la fase de alegaciones"
"La administración local no ha cumplido los plazos establecidos para resolver la solicitud de información formulada por el ahora reclamante de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", señala la resolución del Comisionado. Y es que aunque ese segundo escrito también fue reiterado en octubre y diciembre de 2016 y de nuevo en febrero de 2017, el gobierno de San Ginés no dio siquiera respuesta y continuó ocultando esas actas.
Ante este incumplimiento de la Ley, Meca se dirigió al Comisionado de Transparencia, que el pasado mes de junio solicitó el expediente completo y notificó al Cabildo la apertura de este procedimiento para que pudiera presentar alegaciones en su defensa. La respuesta llegó el pasado mes de septiembre, ya con el nuevo grupo de gobierno, que ante el requerimiento del Comisionado entregó al ex portavoz de Podemos la documentación solicitada.
"El Cabildo de Lanzarote ha procedido a dar traslado de la información en fase de alegaciones, cuando lo apropiado hubiera sido contestar directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración recibió la solicitud de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", concluye la resolución al estimar esta reclamación, que se suma a otra que aún tiene pendiente de resolver.
Más documentos que se negó a entregar
En esa segunda queja, Carlos Meca denunciaba que tampoco se le entregó la información que solicitó sobre la relación de gastos totales vinculados a la Comisión de Seguimiento y Control, cuya creación se establecía en el contrato firmado con Canal. En este caso, solicitó la información en septiembre de 2016 y ni siquiera llegó a recibir respuesta en ningún momento, pese a que también volvió a reiterar esta petición en numerosas ocasiones en los años siguientes.
"Los datos solicitados son públicos, no son datos especialmente protegidos. En este caso consideramos que está justificado el interés público, la transparencia y el derecho a acceso a la información del grupo político Podemos del Cabildo Insular. La solicitud conecta directamente con el derecho de un grupo político a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos, por lo que procede contestar y facilitar dicha información", señalaba el ex portavoz de la formación morada en el escrito de queja que elevó al Comisionado de Transparencia.
En ese escrito que aún está pendiente de respuesta, Meca recordaba que la Ley establece que "el incumplimiento de ese deber acarreará responsabilidad disciplinaria por obstrucción al derecho constitucional del libre ejercicio de cargo público".
