El decreto ley que unifica la normativa alrededor de la Covid en Canarias y que abre la puerta a no dejar trabajar a aquellos que se niguen a recibir la vacuna o a presentar una prueba diagnóstica negativa no aclara qué sectores se verán afectados por tal extremo.
Según se indica en el texto, será el Gobierno de Canarias, "en su condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales" la que determinará qué actividades requerirán certificados o pruebas Covid. Asimismo, el documento tampoco define en qué situación laboral quedaría el trabajador en cada uno de esos supuestos casos.
"La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica. [...] Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación", explica el documento publicado este lunes y que consta de 88 páginas.
Además, asevera el Ejecutivo regional, rechazar tanto una cosa como la otra podría derivar en "posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este Decreto ley".
Sobre las pruebas, detallan que se harán "siempre por personal médico en ejercicio y se someterá a los criterios de indicación establecidos en cada momento por la Comunidad Autónoma de Canarias o por el Ministerio de Sanidad" y que los laboratorios y materiales "deberán estar autorizados y validados".
Por último, "la entidad, organización o empresa debe contar con los medios necesarios para completar el proceso diagnóstico de infección activa por Covud-19 según los protocolos vigentes, y debe comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias".
El decreto ley, que irá ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación como proyecto de ley, regula también el uso de la mascarilla, los aforos, la distancia, las medidas de higiene o los aislamientos y cuarentenas, así como los eventos multitudinarios, los cribados, los rastreos, el tratamiento de datos personales, la inspección, control y régimen sancionador, el sistema de alertas por fases y las restricciones de cada una de ellas, entre otros aspectos.
