La Asamblea Extraordinaria del Consorcio Insular del Agua aprobó este lunes, por mayoría, la petición razonada al Consejo Insular de Aguas para la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa, amparada en el artículo 107 de la Ley de Aguas de Canarias.
La solicitud, avalada por el informe técnico-jurídico presentado por el Consorcio, fue apoyada por el Cabildo y los Ayuntamientos de Arrecife, Teguise y Tinajo, la abstención de Yaiza, y con las ausencias a la Asamblea de los alcaldes de San Bartolomé, Tías y Haría.
“Las conclusiones del informe apuntan a las claras que estamos en un momento crítico y que peligra el abastecimiento de agua potable a los lanzaroteños y gracioseros. Ante este escenario se requiere de la clase política actuaciones inmediatas”, señaló el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, que agradeció la asistencia de los cuatro alcaldes a la reunión y sus aportaciones a las medidas que pueden adoptar los ayuntamientos en materia de ahorro en servicios públicos municipales”.
Por su parte, el consejero de Aguas y vicepresidente del Consorcio, Domingo Cejas, lamentó la inasistencia de los alcaldes socialistas “dado que hoy sólo se daba a conocer el informe de la situación crítica por la que atraviesa la isla en materia de aguas y darle traslado al Consejo Insular que es el órgano competente para la declaración de emergencia”. Cejas también resaltó que “todos los alcaldes presentes felicitaron al gerente del Consorcio, Fernando Fernández, por el contenido y la rigurosidad del informe planteado que define a la perfección la situación de emergencia hídrica de Lanzarote y La Graciosa”.
Las medidas propuestas
El Consorcio propone que las medidas que se acometan vayan dirigidas al aumento de la producción de agua desalada, a la reducción de las pérdidas en la red de distribución y al fomento del ahorro mediante la restricción del consumo por las administraciones públicas y los ciudadanos.
“La declaración de emergencia hídrica permitirá reducir los tiempos de licitación de obras, acceder a la financiación de diferentes administraciones y agilizar las autorizaciones administrativas y las líneas de subvención”, según señala el presidente del Consorcio, que recordó que “desde el inicio de esta Legislatura el Consorcio del Agua ha estado actualizando y redactando nuevos proyectos para la mejora del ciclo integral del agua que contemplan inversiones que superan los 46 millones de euros”.
Para incrementar la producción el Consorcio propone dos actuaciones concretas en la Central Desaladora Díaz Rijo: la recuperación del bastidor averiado de 10.000 m3/día de la potabilizadora Lanzarote III, así como la rehabilitación del cuarto bastidor de la planta Lanzarote IV con capacidad de producción de otros 6.000 m3/día.
Al mismo tiempo, y de forma provisional, se pondrán en marcha los procedimientos administrativos, por la vía de urgencia, para el alquiler de plantas desaladoras portátiles, y se dará un impulso a la ampliación, mejora y sistemas terciarios de las EDARs, (Estaciones de Depuración de Aguas Residuales), con destino al sector agrícola al que se le asegura el suministro para el mantenimiento de la actividad agrícola.
Para el control y la reducción de pérdidas en la red se establecen actuaciones para la implantación del plan de sectorización y control de fugas, cuyo proyecto ya ha sido redactado por el Consorcio a la espera de su licitación, al igual que ya está preparado el pliego para la firma de un contrato marco que permitirá reducir a la mitad de tiempo las licitaciones para la ejecución de las obras.
En el ámbito del ahorro se establecen criterios para limitar el consumo de los usos públicos que prestan los Ayuntamientos, tales como las restricciones en las duchas de playa, fuentes ornamentales, baldeos de calles o riego de jardines públicos. En este apartado los alcaldes han planteado que tales restricciones deben afectar lo menos posible a los servicios de limpieza y al mantenimiento de jardines, y expusieron las circunstancias concretas de cada municipio para que esas medidas no supongan un deterioro de las prestaciones a los ciudadanos, manteniendo, por ejemplo, un servicio adecuado para la limpieza en las zonas de contenedores de residuos o asegurando el riego de los palmerales. “Unas circunstancias de cada municipio, que según Domingo Cejas, no tuvieron la oportunidad de plantear los alcaldes de Haría, Tías y San Bartolomé”.
Se pretende también para los edificios e instalaciones públicas la colocación de economizadores de flujo en los grifos, la reducción del tiempo de apertura de los pulsadores automáticos, que sean de doble descarga, y la reducción de la capacidad de las cisternas, entre otras propuestas economizadoras y ejemplificantes de cara a la población.
Se propone igualmente la vuelta a la cultura del agua mediante la recuperación de aljibes y alcogidas a través del desarrollo de líneas de subvención y planes de incentivación a la recuperación de los sistemas de almacenamiento privado en casas y edificios. Iniciativas que se verían agilizadas a la hora de la tramitación de los permisos gracias a la declaración de emergencia hídrica.
Una vez se formalice la petición del Consorcio al Consejo Insular de Aguas, entidad competente para la declaración, este órgano, conformado por 36 miembros de todos los ámbitos políticos, administrativos, sociales y económicos, adoptará el acuerdo de declaración de emergencia, previo trámite de información pública por un plazo mínimo de cinco días, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor circulación de la isla.
Evitar el desabastecimiento
El informe jurídico-técnico presentado por el Consorcio para amparar la declaración de emergencia hídrica realiza una foto fija de la situación del ciclo integral del agua desde todos los ámbitos: producción, redes, distribución…
Según se apunta en el documento, hay factores como el aumento de la población de hecho y de la oferta alojativa (que ronda las 100.000 plazas turísticas), o la actual política de soberanía alimentaria, que implica un mayor desarrollo del sector primario, que han incrementado la demanda al tiempo que la producción de recursos ha sufrido un retroceso en los últimos años. Es vital en tal sentido, dice el informe, equilibrar este balance negativo para evitar el desabastecimiento.
La sequía meteorológica estructural, con una disminución progresiva de las precipitaciones medias anuales, y las sucesivas olas y episodios de calor fuera de la época estival han agravado la situación.
Y como ya se ha hecho público, la Red Insular no realiza una gestión eficiente pues soporta un nivel de pérdidas globalizadas muy por encima de lo admisible, con valores de ANR (Aguas No Registradas) por encima del 54% que afectan al estado de desabastecimiento del servicio.
Debilidades en todo el ciclo integral
En el repaso que el informe hace al ciclo integral del agua se destaca que la capacidad nominal total actual en los dos centros de desalación de la isla es de 86.000 m³/día; el centro de desalación de Díaz Rijo dispone de 68.000 m³/día y el centro de Janubio de 18.000 m³/día. Sin embargo, en la Central de Díaz Rijo la producción ha visto reducida su capacidad nominal hasta en 10.000 m3/día como consecuencia de la salida de servicio de dos bastidores, uno en 2021 y otro en julio de 2023, debido al mal estado de seguridad en la Lanzarote III.
En las islas de Lanzarote y La Graciosa existen instalados aproximadamente 1.800 km de tuberías que conforman el total de las redes de distribución y transporte de agua de consumo y regenerada, de las cuales aproximadamente 1.500 km son de redes de abastecimiento y los otros 300 km. las de agua regenerada.
Según las bases de datos del explotador Canal Gestión Lanzarote, la antigüedad de las redes es una de las mayores deficiencias del sistema pues el 67 % de las redes tienen más de 40 años, el 19% entre 15 y 25 años y el 14% restante menos de 15 años. Es decir, el 67 % de la red es muy antigua, según continúa el informe del Consorcio.
Respecto a las tuberías de transporte, la situación es muy similar a la que presentan las redes de distribución y por tanto es igual de necesaria su renovación. En este caso no sólo se estima necesaria por una cuestión de durabilidad de la misma, sino que además la capacidad no es suficiente para un correcto suministro.
Según los informes de Canal Gestión, en los últimos 6 años se han reparado más de 60.000 roturas. Un porcentaje de esa cantidad son localizadas con los planes de detección de fugas, pero el alto índice de pérdidas evidencia que han resultado ineficaces.
En relación con el almacenamiento de agua, en el año 2013 estaban disponibles 53 depósitos, con una capacidad de almacenamiento de 132.936 m3, mientras que desde el año 2016 tan sólo están en servicio 47 de ellos, con una capacidad de almacenamiento de 89.116 m3.
En el año 2015 se puso en servicio el nuevo depósito de Zonzamas de 30.000 m3, pero se retiró el depósito de Maneje (enero de 2016) de 60.000 m3 por graves problemas estructurales.
Y todas estas deficiencias han llevado a la aplicación en estos momentos de restricciones en el abastecimiento, cortes selectivos y controlados de suministro de agua y a la paralización temporal de las solicitudes de nuevos puntos de enganche. Se han denegado 164 enganches de agua potable y 54 de regenerada.
En cuanto a la depuración de aguas, actualmente existen 8 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de las cuales sólo 4 disponen de tratamiento terciario para la producción de agua regenerada.
La mayoría de las EDARs son de una antigüedad de 20-25 años o superior, y debido al tiempo transcurrido, algunas han quedado infra dimensionadas como es el caso de la EDAR de Arrecife, la EDAR de Playa Blanca o la EDAR La Santa, y otras tienen una tecnología obsoleta o inadecuada que afecta considerablemente al proceso, como es el caso de las EDAR de Haría y de Órzola.
Hoy en día se aplican numerosas restricciones para los agricultores de agua regenerada de la zona centro que riegan según un calendario muy reducido, y sólo si hay disponibilidad de agua. En resumen, el suministro de riego agrícola en el territorio se encuentra en una situación extremadamente crítica, dado que el riego se produce principalmente con agua desalada al no existir una red separada independiente, ni disponer de red de agua regenerada, según se desprende del informe del Consorcio del Agua de Lanzarote.
