Coalición Canaria (CC) San Bartolomé lamenta que el alcalde socialista, Isidro Pérez, cree "falsas expectativas" a la ciudadanía con la anunciada remodelación del Pabellón Municipal de Deportes y denuncia que “lo que en realidad pretende”, señala el portavoz nacionalista en el ayuntamiento, David Rocío, “es desviar la atención sobre el "grave enfrentamiento" que mantiene con la Policía Local desde hace meses según viene denunciando reiteradamente el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPC)”.
Rocío añade que “el anuncio realizado por el alcalde se llevó a cabo de manera apresurada después de que el sindicato representativo de la Policía Local denunciase públicamente por tercera vez la soberbia de Isidro Pérez a la hora de enfrentar el conflicto que mantiene con los agentes y que ha provocado situaciones de extrema gravedad respecto a la seguridad del municipio”.
El portavoz municipal de CC en San Bartolomé aclara que “frente al propagandista comunicado emitido por el ayuntamiento en el que hace ver engañosamente que la remodelación del Pabellón es inminente, en realidad lo que se ha sacado a licitación es la redacción del proyecto por importe de 56.000 euros y con un plazo de presentación de dos años uno vez adjudicado”.
Inseguridad ciudadana
En este sentido, Rocío señala que “la preocupante realidad a la que nos tenemos que enfrentar hoy en día en San Bartolomé es al incremento de la inseguridad ciudadana que viene padeciendo el municipio reflejado por una memoria oficial del propio Consistorio que en el que se hace constar un aumento del 40% de los robos en viviendas, del 180% en el deterioro del mobiliario urbano y del 1.100% en daños a la propiedad pública, sólo por aportar algunas cifras”.
“A esta grave situación hay que añadir los problemas y carencias que sufren los agentes de la Policía Local, según denuncia el sindicato que los representa por la “inacción del grupo de gobierno con instalaciones deficientes y obsoletas; falta de equipamiento básico reglamentario”; inexistente “uso de tecnologías de la información y comunicación; falta de personal en horarios críticos”; indefensión jurídica; o “acciones formativas sin aplicación o sin continuidad”, recalca David Rocío.
