El gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz, ha admitido este jueves ante el juez que el abogado Ignacio Calatayud, asesor de Pedro San Ginés "ha tenido un contrato con Canal Gestión" desde "dos o tres meses después de crearse la empresa hasta hace unos meses, mayo de 2015" y que "cuando se llevó a cabo la incautación Ignacio Calatayud era uno de los varios letrados" de la empresa. Ha confirmado que el abogado que asesoró al Consorcio y el Consejo Insular de Aguas en la incautación de la planta de Montaña Roja era a su vez letrado de la empresa. Cabe recordar que Canal Gestión fue la compañía a la que se le entregó la planta y que la lleva explotándola desde que en septiembre del año pasado se produjera la incautación.
Para llevar a cabo esa medida cautelar, como el propio San Ginés reconoció ante el juez, no hubo informes jurídicos por escrito que avalaran la decisión antes de adoptarla. El único informe que consta se elaboró después de ejecutar la incautación y está firmado por el abogado Ignacio Calatayud.
Díaz ha acudido a los Juzgados de Arrecife para declarar en calidad de testigo en la causa que investiga esta incautación, en la que están imputados el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, y los entonces gerentes del Consejo y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero.
Asesoramiento "verbal" y por escrito ‘a posteriori’
En ese único informe que consta sobre la incautación, fechado 11 días después de ejecutarse la medida, Calatayud, que no es funcionario del Cabildo, comenzaba explicando que San Ginés le requirió el informe después de haberse producido la incautación. El presidente le preguntaba, entre otras cosas, si era "viable la subrogación o incautación del servicio por parte del Consejo e, igualmente, los requisitos necesarios para ello", a pesar de que la planta ya estaba incautada.
En su respuesta, Calatayud avalaba la decisión de San Ginés y, además, dejaba constancia por escrito de que previamente había asesorado verbalmente al presidente sobre esta cuestión."Con carácter previo a la incautación se consultó a este letrado, el cual consideró que dicha medida era viable jurídicamente", dice literalmente en su informe, que fue además asumido por el secretario del Cabildo, el Consejo y el Consorcio Insular de Aguas, Pancho Perdomo.
