El abogado Ignacio Calatayud no solo participó activamente en el proceso para adjudicar el agua a Canal de Isabel II -de quien luego cobró más de 116.000 euros en menos de dos años-, sino que también fue quien propuso llevar a cabo esa adjudicación a través de un procedimiento negociado. Así lo reflejan las actas que este miércoles hizo públicas el presidente, Pedro San Ginés, que pretendía intentar atacar con ellas a su principal adversaria en las próximas elecciones, pero que en realidad han permitido conocer datos que aumentan las sospechas sobre este procedimiento en el que la Justicia ya ha visto irregularidades y sobrados indicios de nulidad, ordenando que sea revisado.
En una de las reuniones reflejadas en esas actas, celebrada después de que quedara desierto el concurso, se puso sobre la mesa un informe elaborado por el secretario del Consorcio planteando los pasos que podían darse a partir de ese momento. En ese informe, como tercera opción incluía la posibilidad de acudir a un procedimiento negociado, pero antes planteaba otras dos posibilidades: volver a convocar el concurso con los mismos pliegos o modificar esas bases y realizar una nueva convocatoria pública.
Sin embargo, junto a ese informe se aportó otro de Ignacio Calatayud, que no es funcionario de la Corporación pero ha sido contratado de forma habitual como asesor externo por San Ginés -que ha reconocido públicamente que les une una relación de amistad-, y también ha sido designado para representar a la institución en algunos de los principales pleitos que ha perdido en los tribunales, como el de la Cueva de Los Verdes.
En su informe, Calatayud ni siquiera valoraba las otras dos posibilidades que planteaba el secretario para volver a sacar a concurso esta adjudicación y se centraba solo en defender el procedimiento negociado. Para ello, sostenía que la ley "lo permite" y defendía la "necesidad urgente de inversiones que eviten y atajen la pérdida de aproximadamente el 50 por ciento del agua". Sin embargo, más de cinco años después de la adjudicación y tras las inversiones que asegura haber realizado ya Canal Gestión, las pérdidas siguen rondando el 50 por ciento.
El secretario advirtió de que no podían introducirse alteraciones sustanciales
"Está y estaría justificada la decisión de optar por el procedimiento negociado, desde el punto de vista del interés público, por razones de economía-costes-tiempo y de eficacia en la actuación administrativa", defendía Calatayud en su informe, que fue en el que se basó San Ginés para proponer iniciar un procedimiento negociado en lugar de volver a intentar convocar un nuevo concurso público.
En caso de recurrir a esa opción, el secretario había advertido que no se podría "alterar de forma sustancial" el pliego que había salido al concurso que quedó desierto. Sin embargo, eso fue precisamente lo que terminaron haciendo, según ha considerado acreditado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia que ya es firme y que ordena revisar todo el proceso de adjudicación. En ese fallo, el TSJC concluye que durante la negociación se introdujeron "sorprendentes alteraciones" en los pliegos que fueron "en beneficio" de Canal.
Cabe recordar que tras esa adjudicación, Ignacio Calatayud también fue quien "asesoró" al presidente para incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja y para entregársela a Canal Gestión. Y cuando lo hizo, Calatayud ya había empezado a trabajar para Canal, que le abonaba 3.300 euros mensuales, además de pagarle también para asesorar al Consorcio. "Me parece irrelevante", contestó San Ginés cuando este medio le preguntó si conocía esta relación laboral de su asesor externo y amigo, después de que el juez le hiciera esta misma pregunta cuando declaró como imputado en la causa por la incautación.
Un ex directivo de Canal elaboró los pliegos y valoró las ofertas
Después de haber emitido el informe en el que se basó San Ginés para acudir a un procedimiento negociado para adjudicar el agua, Calatayud también participó en todas las reuniones, tanto de la mesa de contratación como con las empresas invitadas a participar en este proceso que la Justicia ha ordenado revisar.
En cuanto a los pliegos del concurso, quien los elaboró fue la empresa de un ex directivo de Canal, que después fue detenido en una de las causas de corrupción en las que está inmersa Canal de Isabel II. Además, cuando el concurso quedó desierto y se acudió al procedimiento negociado por recomendación de Calatayud, se volvió a contratar a este ex directivo de Canal para realizar la valoración técnica de las ofertas, dando la mayor puntuación a su antigua empresa. En la comisión de investigación creada en el Cabildo se le preguntó a San Ginés por esas contrataciones, pero no aclaró cómo se llevaron a cabo ni por qué se optó por la empresa de un ex alto cargo de Canal de Isabel II.
El otro informe, correspondiente a la valoración económica de las ofertas, fue redactado por el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y ni siquiera incluía un cálculo de cuánto dinero suponía cada oferta en lo relativo a los cánones variables, que era el punto fuerte de la otra empresa aspirante, Gestagua, superando con creces a la oferta de Canal. Esos cánones aparecían en el pliego inicial que se sacó a concurso, que señalaba que se valorarían con 15 puntos, es decir, más aún que la oferta en inversiones, por la que se podían obtener un máximo de 10 puntos . Sin embargo, a la hora de hacer su informe, el gerente argumentó que sería un "ejercicio de predicción" calcular cuánto dinero supondrían esos cánones variables y no llegó a dar cifras. Domingo Pérez se negó después a comparecer en la comisión de investigación creada hace unos meses en el Cabildo, mientras que San Ginés aseguró que era "imposible" conocer esa cifra. Sin embargo, tal como publicó este jueves La Voz de Lanzarote, las actas también confirman que el presidente sí manejaba datos de lo que hubiera supuesto, y la diferencia sería de decenas de millones de euros a favor de Gestagua.
