La consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín, ha informado que el Cabildo ha realizado el pago de las facturas pendientes a ADISLAN, una vez resueltas las dificultades administrativas.
Martín ha explicado que la auditoría realizada a lo largo de los últimos meses detectó diversas incorrecciones en los criterios de la facturación presentada por ADISLAN: “Algunos conceptos reflejados en las facturas chocaban con lo dispuesto en el Convenio de Dependencia firmado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, que da soporte jurídico y económico al servicio prestado por ADISLAN”.
Ante tal circunstancia, tanto los servicios de Bienestar Social como Intervención han tenido que proceder a evaluar las consecuencias de tales discrepancias y, además, establecer mecanismos que permitieran, con plenas garantías jurídicas, proceder al pago de las facturas una vez corregidos los errores detectados.
En ese sentido, Isabel Martín propuso al Consejo de Gobierno Insular, celebrado el pasado 17 de mayo, la adopción de un acuerdo que diera cobertura a las decisiones que debían adaptar los responsables del área de Bienestar Social y ha sido este viernes, 28 de mayo, cuando se han podido informar las facturas por parte de los técnicos del servicio tras los trabajos de comprobación realizados.
“Lamentamos profundamente la incertidumbre padecida por la plantilla, por las personas usuarias y sus familias como consecuencia del retraso en el pago de las facturas pero los resultados de la auditoría nos impedían actuar de manera diferente", ha manifestado Martín.
Auditoría.- La consejera ha señalado que estos retrasos no volverán a producirse puesto que ya se han subsanado los errores advertidos por la auditoría y se ha dado traslado a ADISLAN de las pautas a seguir para que la facturación pueda ser atendida en los tiempos adecuados.
Martín ha recordado que esta desagradable situación es consecuencia directa del abandono sufrido por el área durante demasiados años, hasta el punto de que los principales servicios prestados por el Cabildo en el área de Bienestar Social “se están llevando a cabo sin ningún soporte legal, pues no existen contratos que les den la necesaria cobertura. Hemos tenido que recurrir, incluso, al Consejo Consultivo de Canarias para poder desbloquear esta situación heredada”.
La responsable de Bienestar Social ha insistido en que se trata de una situación compleja y de extraordinaria importancia: “Estamos prestando servicios sin ningún tipo de contrato por un importe que excede los 2,7 millones de euros al año. La falta de rigor con la que se venía actuando nos obliga ahora a extremar los controles para detectar y corregir situaciones que no hemos creado pero a las que tenemos que responder con responsabilidad”.
“No han creído nunca en los servicios de atención a la dependencia y los han tratado meramente como una maquinaria clientelar de hacer favores cuando se trata de atender derechos reconocidos con el rigor y la calidad que exige la ley y la ciudadanía merece”, ha finalizado.
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