El Cabildo de Lanzarote ha ordenado este jueves medidas cautelares para impedir que puedan iniciarse las obras en el inmueble del antiguo hotel Oriental, dejando así en suspenso la licencia otorgada el día anterior por el Ayuntamiento de Arrecife.
Desde el área de Patrimonio de la Corporación insular ya habían emitido hace más de dos años un informe desfavorable al proyecto, y ahora han reclamado al Consistorio la documentación para conocer el alcance de lo aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno de Arrecife.
La herramienta a la que ha recurrido al Cabildo está dentro de las potestades legales que tienen tanto la Corporación como el Gobierno de Canarias, para frenar una intervención que consideren que puede atentar contra el Patrimonio. Y aunque su vigencia está limitada en el tiempo, pudiendo alcanzar un plazo máximo de seis meses, su entrada en vigor es inmediata.
Para su cumplimiento, el Cabildo ya ha remitido esa orden tanto al Ayuntamiento como a la propiedad, notificándole que no puede iniciar los trabajos.
Solicita el expediente completo al Ayuntamiento
El Cabildo se personó hace un año en el expediente municipal abierto desde 2017 en el Ayuntamiento de Arrecife, pero desde la Corporación insular afirman que desconocen qué se ha aprobado exactamente y han reclamado al Ayuntamiento que remita una copia completa de todo ese expediente en un plazo “improrrogable” de 10 días. A partir de ahí, Patrimonio volverá a analizar la licencia, para determinar si lo autorizado es lo mismo a lo que se opuso en su día, o si se han introducido modificaciones en el proyecto, cosa que al Cabildo no le consta que haya ocurrido.
Entre otras cosas, Patrimonio advirtió ya en 2019 de que el proyecto supondría la desaparición de importantes valores patrimoniales, ya que implicaba el derribo del interior del inmueble. Además, señalaba que este edificio es “uno de los exponentes más relevantes del patrimonio arquitectónico” de Arrecife. De hecho, también instaron al Ayuntamiento a incluirlo en su Catálogo Arquitectónico municipal, pero el Consistorio sigue sin contar siquiera con ese documento, pese a que es una obligación legal.
Precisamente en esa ausencia de protección oficial se ha basado el grupo de gobierno de Arrecife para otorgar la licencia a los promotores, siguiendo el criterio de sus técnicos municipales, que sostienen que el informe de Patrimonio del Cabildo "no es vinculante".
Sin embargo, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias defienden que aunque no exista Catálogo o no esté culminado, la administración conoce que hay una serie de valores en ese inmueble y tiene obligación de protegerlos. “Lo que no puede ocurrir es que la inacción de una administración provoque la destrucción de un bien patrimonial”, apuntan.
Una votación controvertida
Tal como informó este miércoles La Voz, la licencia se aprobó en la Junta de Gobierno de Arrecife con opiniones divididas dentro de los socios del pacto. Los concejales del PSOE y el de Nueva Canarias emitieron un voto favorable pero "condicionado", pidiendo que la licencia no entrara en vigor hasta 15 días después de ser notificada al Cabildo, precisamente para que la Corporación tuviera margen para adoptar medidas cautelares si lo consideraba necesario.
Sin embargo, esa postura no fue aceptada por el PP, que contó con el apoyo de la edil de Somos Lanzarote, Eli Merino. “Nuestro voto, al no salir la propuesta, se traduce como una abstención”, señalaba a La Voz la concejal socialista Cristina Duque. Por su parte, la alcaldesa, Ástrid Pérez, aseguraba después en un comunicado que la licencia se había aprobado "por unanimidad" de todos los miembros de la Junta de Gobierno.
En cualquier caso, el Cabildo ha decidido finalmente actuar antes de recibir la notificación de la licencia, ordenando su paralización y dejándola por ahora sin efecto, hasta que el proyecto autorizado vuelva a ser analizado por Patrimonio.
