El Cabildo de Lanzarote estudiará el documento ambiental del proyecto Cultivo de dorada, lubina y atún atlántico que la empresa Yaizatún promueve en la Isla. Esta iniciativa empresarial contempla la instalación de jaulas marinas entre la punta de La Bufona y la playa del Barranquillo, litoral que baña los términos municipales de Arrecife, San Bartolomé y Tías.
Tras analizar este documento, la máxima institución insular mostrará su posición ante la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, que gestiona el trámite.
En la mañana de este viernes, el consejero de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, ha mantenido una reunión de coordinación con los departamentos de Política Territorial, Asesoramiento Jurídico, Pesca, Geoparque, Medio Ambiente y la Reserva, a fin de solicitar informes particulares acerca del mencionado documento ambiental y la viabilidad y pertinencia de la iniciativa empresarial.
Además, con el fin de disponer de argumentación actualizada de carácter ambiental, el área de Pesca ha encargado una evaluación de impacto, que formará parte de los criterios para la definición de la postura de la administración insular ante el Gobierno de Canarias.
La iniciativa empresarial contempla la instalación de jaulas marinas en una franja de agua entre la punta de La Bufona y la playa del Barranquillo, litoral que baña los términos municipales de Arrecife, San Bartolomé y Tías.
La Dirección General de Transición Ecológica ha informado al Cabildo de que, en la actualidad, el proyecto se encuentra en el momento técnico previo al pronunciamiento sobre si la propuesta de actividad económica se debe someter o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Según establece la Ley, dicho pronunciamiento debe tener en cuenta, tanto el análisis técnico de la documentación presentada, como el resultado de la fase de consultas a las administraciones públicas competentes y afectadas, así como a las personas interesadas.
Las consideraciones que se estimen oportunas deberán trasladarse al Gobierno de Canarias en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción del documento.
El consejero responsable ha manifestado su interés por debatir y consensuar la decisión que se tome con los Ayuntamientos afectados “con el objetivo de actuar como un frente unido, además de disponer de puntos de vista antes de responder a un proyecto de este calado”.
