El Cabildo de Lanzarote exige al Gobierno central en funciones que cumpla con su "compromiso" de Legislatura y declare la ruta Lanzarote-Madrid de Obligación de Servicio Público.
“El programa de gobierno entre PSOE y Sumar, que hemos conocido este martes, incluye el trayecto Menorca-Barcelona como experiencia piloto de Obligación de Servicio Público, pero deja fuera a Lanzarote a pesar de que el anterior Gobierno de Canarias nos vendió que el acuerdo estaba hecho”, según señala Oswaldo Betancort.
El anterior consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció el pasado mes de marzo en la isla, con la presencia de Dolores Corujo, la puesta en marcha de la primera ruta aérea Canarias-Península con carácter de Obligación de Servicio Público (OSP), que se aplicaría a título experimental entre Lanzarote y Madrid, tras el acuerdo alcanzado entre la Consejería y con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Ahora ese acuerdo, que cumplía con todos los requisitos y que permitía limitar el precio de los billetes entre Lanzarote y Madrid, ha quedado en agua de borrajas. Exigimos a Pedro Sánchez que cumpla con el compromiso asumido e incorpore la ruta Lanzarote-Madrid en su agenda de gobierno, para evitar así lo que sería una discriminación para los derechos de movilidad de los ciudadanos de esta isla”, ha apuntado Betancort.
Lo que se pretende con esta experiencia piloto de la OSP es "recuperar el equilibrio tarifario" que existía con anterioridad a julio de 2018 cuando se aplicaba el 50% de subvención, y que posteriormente, con la aprobación del aumento hasta el 75% de subvención en las rutas entre Canarias y Península, el precio de los billetes experimentó una "subida desbocada" en torno al 28%.
En el ámbito del transporte aéreo una de las principales herramientas utilizadas por los Estados Miembros de la Unión Europea para garantizar la cohesión territorial, es el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP) en aquellas rutas aéreas en las que la aplicación de las reglas generales de libre mercado "no garantiza una adecuada movilidad" de los ciudadanos en términos de disponibilidad o precios.
En las rutas en las que se dan esas circunstancias y bajo condiciones muy tasadas, como excepción al régimen general de libertad de acceso al mercado y de fijación de precios, los gobiernos pueden imponer unas condiciones mínimas que las compañías aéreas que quieran operar en la ruta tendrán que satisfacer, y que se refieren a precios máximos, número mínimo de vuelos, capacidad mínima (asientos), horarios de operación, etc.
Cuando ninguna compañía aérea está dispuesta a dar cumplimiento a las condiciones impuestas en la ruta, el Estado puede entonces adjudicar la prestación del servicio en exclusividad y a través de un proceso de licitación pública, a una compañía aérea a la que se compensará por el déficit económico en el que incurra por la prestación de los servicios.
