El Cabildo de Lanzarote ha celebrado este jueves la aprobación de la planificación hidrológica insular en la isla, tras el anuncio del Gobierno de Canarias de comprometerse a aprobar la próxima semana ese Plan Hidrológico de Lanzarote.
Al respecto, Oswaldo Betancort, presidente de la Institución insular, ha reconocido que fue un "varapalo llegar al Gobierno del Cabildo el pasado año y encontrarnos con una total inacción en este asunto". Sin embargo, el trabajo "concienzudo siempre da su fruto y en breve estaremos en sintonía con la Directiva Europea Marco del Agua para evitar sanciones y la pérdida de financiación”.
Betancort ha recordado que la "inminente aprobación del documento" por parte del Gobierno de Canarias ha encontrado el “respaldo continuado” del Cabildo de Lanzarote, desde donde se ha brindado una "estrecha colaboración" al Ejecutivo después de que éste subrogara las competencias del Consejo Insular de Aguas “ante la total falta de diligencia del anterior grupo de Gobierno insular”. Y ha añadido el presidente: “Les recuerdo que en marzo de 2023 entró en el Cabildo de Lanzarote y en el Consejo Insular de Aguas el escrito de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de Canarias, comunicando que se iniciaba el procedimiento de subrogación y que se le concedían 10 días hábiles para presentar alegaciones. Algo que ni siquiera hicieron”.
El presidente del Cabildo y también diputado regional, ha felicitado expresamente al consejero autonómico de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda, quien el martes en sede parlamentaria confirmaba que la próxima semana sellarán la aprobación del Plan Hidrológico de Lanzarote, el primero del tercer ciclo que debía haberse aprobado en 2021 y el anterior Gobierno no hizo. Igualmente, el presidente Oswaldo Betancort ha agradecido el trabajo de la parlamentaria lanzaroteña del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Calero, “quien ha mostrado su compromiso político haciendo una fiscalización cercana de este asunto”, aclara.
"Seguridad jurídica"
Para Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, “el Plan Hidrológico es uno más de los retrasos de planificación que acumuló el anterior Gobierno insular. Y ahora”, continúa, “esta aprobación que realizará el Ejecutivo canario garantizará hasta 2027 una seguridad jurídica que ahora no tenemos, y una planificación en materia de aguas ahora inexistente. También, les recuerdo, regularizará la desalación de entidades para su autoconsumo”. El texto, además, establecerá condiciones específicas que limiten desaladoras privadas allá donde llegue la red pública de abasto.
Cejas ha recordado, por último, que tanto la aprobación inicial del Plan Hidrológico insular como el Plan Especial de Gestión de Inundación para el periodo 2021-2027, “son dos documentos necesarios y cuya ausencia nos está suponiendo perjuicios para la gestión medioambiental, tal y como demuestran los expedientes por incumplimiento de las directivas del Parlamento Europeo” en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas.
Inicialmente se esperaba que la aprobación de este documento estratégico para responder a los retos actuales que presenta el sector primario y las comunidades de usuarios del agua llegara a finales de este año y, de cumplirse las previsiones anunciadas, se ha acelerado su confección y estará finalmente este verano. Planes Hidrológicos en Canarias
Tal y como detallan desde el Gobierno de Canarias, los planes hidrológicos son los documentos en los que se plasman las pautas a seguir en la gestión del agua de cada isla y, además, establecen el marco normativo a través del cual se proyectan los objetivos medioambientales y se conocen los recursos disponibles para cada territorio. Como es conocido, la diversidad isleña en esta materia es enorme.
En primera instancia, son los cabildos y los consejos insulares de aguas los que redactan y desarrollan los proyectos que se llevan a cabo en cada isla. Estos planes surgen para dar respuesta a la implantación de la Directiva Marco de Aguas, de obligado cumplimiento para todos los territorios de la Unión Europea y se realiza en ciclos de seis años.
