El Cabildo de Lanzarote ha reafirmado su oposición a nuevas instalaciones de acuicultura frente a las costas de la isla, tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de una autorización de la Dirección General de Pesca del gobierno autonómico en la conocida como Zona de Interés Acuícola Lanzarote 2 (ZIA LZ 2).
Esta autorización, que será impugnada por la entidad, se ha resuelto en favor de la empresa que ha venido explotando hasta el momento la instalación situada en aguas de Playa Quemada, toda vez que dicha explotación viene obligada a su cese por haber expirado el plazo de la misma.
Según ha explicado la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, el organismo que representa "exige sus competencias" para controlar la actividad acuícola en el territorio: "Igual que nos defendimos cuando quisieron privatizarnos el viento, no vamos a permitir que nos expropien el mar".
El PROAC afectará a las costas de Lanzarote
Tal y como ha señalado Corujo, desde el ejecutivo ya advirtieron de que adoptarían una estrategia común con los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos en contra del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
El PROAC fue aprobado por el Gobierno de Canarias en el año 2018, con el visto bueno del Cabildo de Lanzarote "entonces", ha señalado la presidenta, indicando que ahora no se oponen a esta actividad económica "por sistema", ya que la aceptan cuando las instalaciones se ejecutan en tierra.
Sin embago, plantean "una defensa jurídica común" contra el planteamiento que se realizó en su momento en ese documento, "porque afectaría a las costas de Arrecife, Playa Honda y Tías".
"La competencia es del Cabildo"
El PROAC establece una zona de interés acuícola situada entre La Bufona (Arrecife) y Punta el Barranquillo (San Bartolomé-Tías), marcándolos como puntos de posible interés para la práctica de esta actividad pesquera, algo que rechaza el Cabildo, los ayuntamientos, la patronal turística y las cofradías de pescadores.
Corujo recuerda que, fruto de decisiones que se adoptaron en el pasado mandato "absolutamente criticables", ahora tendrán que encontrar las vías para acabar con "lo que se hizo mal".
Por ello, como el BOC establece que la misma empresa que realizaba la actividad en Playa Quemada (Yaiza) pretende recibir concesión para seguir operando en otras zonas de la costa lanzaroteña, la corporación redactará un "requerimiento con los argumentos legales que rechazan la presencia de nuevas jaulas marinas en nuestras costas", ha avanzado.
"La competencia es nuestra", ha concluido la responsable del Cabildo insular.
