El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha asegurado en la mañana de este lunes que el Tribunal Supremo dictó el pasado 18 de diciembre un decreto "del que se desprende" que "el procedimiento judicial por el concurso de acreedores de Inalsa sigue abierto". Así pues, según el responsable insular, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas "será el que abra el incidente para determinar la culpabilidad o no de los antiguos administradores de la empresa pública de Aguas".
De acuerdo con esta misma fuente, el decreto del Supremo declararía "desierto el recurso de casación, por falta de representación procesal". Este recurso fue presentado por los administradores concursales de Inalsa en contra de la sentencia del 24 de febrero de 2017 de la Audiencia Provincial de Las Palmas "que obligaba a abrir la sección sexta del concurso de Inalsa y determinar la culpabilidad o no de los antiguos administradores y dirimir su responsabilidad en la quiebra de la misma, fijando las posibles indemnizaciones".
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha señalado que "habrá que esperar al resultado del incidente judicial en el que se determinará la responsabilidad, si la hubiera, de los miembros que formaban parte de los dos últimos consejos de administración de Inalsa".
Según ha señalado el Cabildo de Lanzarote en un comunicado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó el recurso de apelación interpuesto por la mercantil Edam Janubio UTE, en noviembre de 2015, contra el convenio que firmó Inalsa con los acreedores. Edam Janubio pedía la apertura de la sección sexta de calificación al contener el acuerdo una quita de un 21,76 por ciento y una espera de cinco años.
El 24 de febrero de 2017 la Audiencia Provincial falla estimando el recurso de apelación y revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, de 13 de septiembre de 2013, favorable al convenio, y ordenaba la formación de esa sección sexta.
En 2020 el juzgado de lo Mercantil llegó a ordenar el embargo preventivo de las propiedades de 17 miembros de los consejos de administración de Inalsa entre julio de 2007 y junio de 2009, cuando la empresa entró en concurso de acreedores con una deuda en torno a los 50 millones de euros.
