La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, ha defendido que la licencia otorgada este miércoles para la rehabilitación y el derribo de la parte interior del antiguo hotel Oriental se ajusta “a la legalidad vigente”, respondiendo así a las críticas de la oposición y a las dudas de sus propios socios de gobierno.
Sobre estos últimos, sostiene en un comunicado que han votado todos a favor, al asegurar que el permiso se ha aprobado “por unanimidad” en la Junta de Gobierno. Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde NC han señalado a La Voz que su voto favorable era condicionado, subrayando que ese condicionante ha sido rechazado. “Nuestro voto, al no salir la propuesta, se traduce como una abstención”, apuntaban desde las filas socialistas, que señalan que se aprobó con cuatro votos a favor -del PP y de la concejal de Somos Lanzarote, Eli Merino- y tres abstenciones.
En su comunicado, la alcaldesa se refiere a esa propuesta solo como una “posibilidad” que “se debatió”, y hace una lectura distinta del voto de sus socios, considerándolo favorable. En concreto, lo que pedían PSOE y NC era que no se hiciera efectiva la licencia -y no se pudieran por tanto iniciar las obras- hasta que pasaran 15 días desde que fuera notificada al Cabildo, para que tanto la Corporación insular como el Gobierno de Canarias "tuvieran la posibilidad de adoptar las medidas que consideren necesarias", dado que el área de Patrimonio de la Corporación insular puso reparos a este proyecto hace más de dos años.
Al respecto, el comunicado remitido por la alcaldesa sostiene que esa propuesta “no prosperó, al entender el grupo de gobierno que cuatro años ya es tiempo suficiente para otorgar una licencia”. Además, se remite al último auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, fechado el pasado 30 de julio, que estimó un nuevo precurso presentado por la propiedad del inmueble, Inmobiliaria Chimida, S.L.
El Juzgado cuestiona la "pasividad" del Cabildo y el Gobierno canario
Ese auto, entre otras cosas, cuestiona la “pasividad” tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias. Respecto a la Corporación insular, que sí emitió un primer dictamen desfavorable en marzo de 2019, el Juzgado señala que después solicitó personarse en el expediente, pero sin embargo no volvió a emitir un informe, a pesar de que el Ayuntamiento aceptó su personación hace casi un año.
“Lo mismo ocurre con la Comunidad Autónoma”, añade el auto, que explica que el Gobierno de Canarias remitió un escrito al Consistorio en noviembre de 2020, recordándole que la Ley de Patrimonio otorga al Ejecutivo regional la “actividad inspectora” en la protección de estos bienes y pidiéndole que adoptara "medidas cautelares", pero sin embargo “nada ha remitido” después.
“Han permanecido pasivas durante casi un año”, concluye el Juzgado, que ordena así continuar el trámite para resolver la solicitud de licencia. No obstante, el auto también aclara que eso “en ningún caso” implica que “le sea condecida la licencia, sino que se continúe con la tramitación y que se resuelva por la administración el expediente”, adoptando “la resolución que sea procedente".
