La Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) ha llevado a cabo una protesta este martes, frente a las puertas del Cabildo, para mostrar su disconformidad con la propuesta de licitación por parte de primera institución de la isla de los servicios de residencia, centro de día, centro ocupacional y hogares funcionales que viene gestionando esta organización. "Las familias no estamos de acuerdo", se asegura en un comunicado enviado por Adislan.
Al respecto, cabe recordar que el nuevo grupo de gobierno del Cabildo reveló que el servicio de atención a la discapacidad, por un importe de 2,7 millones de euros al año, se había venido prestando de forma "irregular" sin contrato, y anunció en mayo que en "dos o tres meses" saldría a licitación. Sin embargo, Adislan considera que "un proceso de licitación/privatización de los servicios de atención a la discapacidad es un riesgo que pone en peligro la calidad de los servicios que ofrece" en la actualidad. Y es que, asegura que "en ésta siempre prima el interés común, no existiendo lucro, sino una mejora continua de los servicios con la participación directa de las familias, frente a empresas mercantiles que tienen beneficio económico con la prestación de los servicios".
Al respecto, Adislan expone los aspectos en los que se basa como organización, afirmando que las familias los consideran "fundamentales para la gestión y por tanto para la prestación de servicios a las personas con discapacidad intelectual. Entre ellos, defiende su trayectoria y bagaje en la atención a las personas con discapacidad intelectual, señalando que llevan "más de 50 años al frente de la discapacidad". Asimismo, destaca el "arraigo de la persona y sus familias" y afirma ser "una organización que presta los servicios con valores, empatía, cercanía, que actúa con transparencia y con perspectiva comunitaria.
De igual forma, Adislan apunta que ofrece "una atención inmediata en las urgencias" y que trabaja "para que nadie esté fuera del sistema de apoyos", asegurando que todas las personas son atendidas y apoyadas. Además, afirma llevar a cabo un "impulso continuo en las mejoras en los apoyos que se ofrecen a las personas, en la gestión organizativa, en la eficiencia y en el avance de la profesionalización de la entidad".
Adislan también señala que "permite la la movilidad ágil entre los servicios para atender a las necesidades de apoyos personales" y afirma que ofrece a sus trabajadores "trayectoria profesional". Por ello, apunta que "en la plantilla existe un alto porcentaje de contratos indefinidos, aspecto fundamental en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual y sus familias".
Por último, expone que su máximo órgano de gobierno "se basa en principios de participación", manifestando que "existe una participación activa de las familias que, junto con la fiscalización por normativa y procedimientos de la administración pública, ofrece todas las garantías de cumplimientos de derechos en la prestación de servicios".
Así, amparándose en que es una entidad "con valor público, de interés en relación a su trayectoria e historia y no siendo un operador económico", Adislan reclama al Cabildo que "se considere y se dé valor a la larga trayectoria, validada y consolidada en la prestación de apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, el arraigo social, y el agravio comparativo con el resto de islas de Canarias" y que "se valoren alternativas jurídicas que protejan a las personas con discapacidad intelectual, y a la participación de las familias en la gestión de los servicios de atención a la discapacidad intelectual en Lanzarote".
