Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado de prensa este martes la decisión del Cabildo de Lanzarote de iniciar el procedimiento para conceder la licencia turística provisional al hotel ilegal Sandos Papagayo, antes Papagayo Arena. El colectivo en defensa de medioambiente señala que este hotel "es uno de los mayores símbolos de la corrupción en Lanzarote, que condenó a prisión a políticos y empresarios e imputó a más de 200 implicados tras el Caso Yate".
El polémico Papagayo Arena es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación. Ecologistas en Acción ha recordado que el hotel ilegal Sandos Papagayo "carece de licencia turística e incumple el Plan Insular de Lanzarote y el Plan Parcial, ocupando más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, incumpliendo la altura máxima permitida, las plantas construidas, el número de plazas alojativas e invadiendo, además, el vial público de acceso a la playa de Las Coloradas, a la que solo se puede llegar desde el interior del hotel".
En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cometer infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.
A pesar de todos estos incumplimientos, el establecimiento "continúa abierto y opera con normalidad", recalca el colectivo Ecologista. Así, añade que las licencias de este hotel fueron concedidas de forma irregular por el exalcalde José Francisco Reyes, "protagonista de una de las mayores tramas de corrupción de Lanzarote, quien autorizó miles de camas turísticas y terminó en prisión tras la sentencia del Caso Yate".
Reyes reconoció en la Audiencia Provincial la “comisión de los delitos contra la ordenación del territorio que se le imputaron” y haber sido “plenamente consciente, al emitir las licencias urbanísticas para la veintena de hoteles ilegales, el puerto Marina Rubicón y el plan parcial de Playa Blanca, de su disconformidad con el planeamiento urbanístico que le era de aplicación, así como de la falta de informes jurídicos y técnicos que dieran cobertura a tan arbitraria decisión municipal”, admitiendo, además, el cobro de sobornos para tramitar las licencias.
Suelo público ocupado por el hotel
La Dirección General de la Costa y el Mar publicó el pasado 8 de julio el deslinde definifivo de Costas en Playa Blanca. Este documento determinó que la zona de Protección para el plan parcial de Las Coloradas debe ocupar una anchura de 100 metros, por lo que la mayor parte del establecimiento hotelero queda dentro de la nueva servidumbre.
"La franja que debe quedar liberada para el paso público y donde se prohíbe la construcción de viviendas y hoteles incluye el tramo de costa donde está ubicado el hotel ilegal Papagayo Arena", resalta Ecologistas. Mientras tanto, "la promotora del hotel solicitó recientemente la anulación del nuevo deslinde, que afecta directamente al complejo turístico, argumentando que ya no hay nada que proteger” en esa zona de costa, como ya informó La Voz.
El colectivo medioambientalista expone que pese a ilegalidad "más que constatada" del establecimiento hotelero, el Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), incluyó en el Consejo de Gobierno del pasado lunes 19 de agosto la propuesta de aprobación de concesión a la entidad Papagayo Arena SL de la autorización del proyecto y clasificación provisional en la modalidad de establecimiento alojativo hotelero en la tipología de hotel con categoría de cinco estrellas.
"El hotel Papagayo Arena es uno de los mayores símbolos de la corrupción en Lanzarote, que condenó a prisión a políticos y empresarios e imputó a más de 200 implicados tras el Caso Yate", al tiempo en que exponen que "la intención de Coalición Canaria de legalizar la situación de un hotel que incumple todas las normativas posibles es un ejemplo más de la política especulativa y contra el interés general que les caracteriza, utilizando las instituciones públicas para la defensa de los intereses privados y en contra de la legalidad o cualquier normativa o protección del territorio que se les ponga por delante".
El colectivo medioambientalista relaciona este caso, con la postura que mantiene Coalición Canaria "frente a la orden de demolición del hotel Oliva Beach en Fuerteventura, que pese a las irregularidades y la caducidad de la concesión, defienden la continuidad del complejo hotelero y sus intereses privados frente a todo".
Para concluir, Ecologistas en Acción ha exigido a Oswaldo Betancort y al Ayuntamiento de Yaiza, última institución responsable en la regularización del hotel ilegal, "la paralización de cualquier trámite que implique la legalización de este símbolo de la corrupción, que cumplan la legalidad, escuchen a la ciudadanía y aboquen al Papagayo Arena a su final más justo: la demolición".
