Ecologistas en Acción ha criticado al Gobierno de Canarias por escoger "la alternativa con más impacto ambiental" para el proyecto de la autovía de la LZ5. La organización medioambientalista expone que en el procedimiento de adjudicación, el Ejecutivo "no valoró adecuadamente el impacto ecológico" que supone "empichar" ocho kilómetros de suelo rústico protegido.
La organización ecologista ha instado al exconsejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, a que explique las razones por las que "rebajó la importancia de los criterios ambientales" en la valoración final de las alternativas del trazado de la autovía LZ5. En este sentido, han asegurado que esta rebaja supuso que se escogiera crear una circunvalación entre Argana y el Aeropuerto, "atravesando territorio virgen de El Jable".
Según han defendido, en el primer estudio de valoración de alternativas para la LZ5, el Gobierno de Canarias "ponderó los aspectos ambientales con un valor de 3, mientras que en el estudio final de alternativas, donde se incluye la alternativa de soterramiento solicitada por el Ayuntamiento de San Bartolomé, se cambió la ponderación del impacto ecológico de 3 a 2 puntos".
Ecologistas en Acción ha alertado de que "tal rebaja de criterios ambientales" hizo que no se escogiera la opción "más económica, pero la más impactante ambientalmente".
La asociación ecologista ha indicado que el trazado de ocho kilómetros y seis carriles va a atravesar "suelo rústico de protección natural y patrimonial y afectará a especies protegidas por las Directivas Hábitats, como es la Hubara". Así, han añadido que "la alternativa elegida no cumple con las directivas de derecho de la Unión Europea", ni con la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias, al prohibir "expresamente ocupación de nuevos suelos, y más aún siendo espacio natural protegido".
Por último, el colectivo ha añadido que el Gobierno de Canarias debe explicar cuál fue el procedimiento de adjudicación del trazado de la LZ5. En esta línea, Ecologistas en Acción ha asegurado que el exconsejero socialista y empresario José Francisco Henríquez Sánchez, "fue uno de los responsables de rebajar la valoración del impacto ecológico" y a la vez "resultó adjudicatario del proyecto" por valor de 1,5 millones de euros, a través de su empresa familiar Henriquez Sánchez.
