La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el pasado enero un informe sobre la futura aprobación de la ley canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. En él, indica que el régimen que se quiere aplicar para controlar la vivienda vacacional en Canarias "debe necesariamente fundamentarse" sobre "razones de interés general", que tienen que estar "debidamente acreditadas". Al tiempo en que alerta de que puede generar la "sustitución en el futuro" de pequeños propietarios por propietarios "profesionales".
Además, añade que "no caben" las motivaciones "de carácter económico", como pueden ser, favorecer a la oferta de productos alojativos tradicionales, como hoteles y apartamentos ya instalados en las islas.
La CNMC expone que debe "acreditarse de forma efectiva" que las medidas que se toman son para paliar la falta de vivienda residencial, proteger los espacios naturales y conservar la esencia de los barrios y pueblos, tal y como apostilló la Consejería de Turismo canaria en la exposición de motivos del borrador de la ley. Al tiempo en que insta al Área a indicar "cómo la concreta forma de intervención sirve para proteger" estos puntos.
Asimismo, aconseja al Ejecutivo regional que "analice la incidencia concreta y efectiva en cada ámbito territorial", para prestar atención a las zonas especialmente tensionadas y "modular la intervención en consecuencia".
Al mismo tiempo, insta al Gobierno canario a "realizar los ajustes pertinentes" en otras normas, como la ley canaria 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias para "facilitar el trasvase de infraestructuras turísticas, ya sean establecimientos hoteleros o viviendas turísticas, a viviendas residenciales".
Alerta de la afección a pequeños propietarios y de la creción de viviendas vacacionales profesionalizadas
La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia insta a la Consejería de Turismo a incentivar a los ayuntamientos a "llevar a cabo las revisiones necesarias" para "modular la reserva de uso residencial en los casos en los que sea preciso".
Asimismo, alerta de que las medidas orientadas a limitar el "doble uso residencial-hospedaje en las viviendas", "desvirtúa la naturaleza de la vivienda de uso turístico y supone una restricción a esta actividad económica". A lo que añade que aunque se tomen medidas a nivel individual, "el efecto conjunto puede amplificar su impacto e incluso podrían llevar a que la actividad de las viviendas de uso turístico se convirtiera en residual" y generar "graves consecuencias en la competencia de servicios turísticos".
En este sentido, apostilla que aunque se desprende que "podría alcanzarse el medio millón de plazas", el doble de las actuales en todo el archipiélago, con las restricciones propuestas "muchas viviendas actualmente destinadas a uso vacacional podrían quedar fuera del mercado" y afectaría a "particulares y pequeños tenedores de viviendas" a la hora de "instalarse" en zonas de uso turístico.
La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia indica que se espera "una sustitución en el futuro" de las vacacionales de pequeños propietarios por unas vacacionales "de propietarios profesionales" o por otros establecimientos hoteleros o extrahoteleros y acusa al Ejecutivo regional de "incentivarlo".
Así, pide al Gobierno "un análisis en profundidad de los impactos conjuntos, potencialmente negativos, de las medidas propuestas". Mientras, indica que suspender de forma automática la habilitación como vivienda turística en las zonas que se declaren como tensionada "no se encuentra convenientemente justificada" y podría ser "desproporcionada".
Ascav clasifica el informe como "demoledor"
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha tachado este informe de "demoledor" en un comunicado de prensa emitido en la mañana de este martes. Así, se ha hecho eco de la alerta de la CNMC, donde resalta que "lo que podría generar graves consecuencias en la competencia de los servicios turísticos de Canarias"
Además de lo anterior, como ya señaló ASCAV, el Proyecto de Ley "incluye medidas desproporcionadas que no se justifican". Así lo confirma la CNMC que considera que no se justifica en el Proyecto de Ley las reservas del 90%-10% (80%-20% para las Islas Verdes) respecto a la reserva de uso residencial por cuanto deben ser los municipios quienes habría de justificar el porcentaje más adecuado para su ámbito territorial.
Ascav ha resaltado que "un nuevo informe, junto a los múltiples a los que ya ha tenido acceso la Consejería de Turismo que desacredita el Proyecto de Ley; y pese a todos ellos, la Consejería de Turismo ha continuado adelante con su proyecto de Ley anti vivienda vacacional, confirmándose, como ya ha repetido reiteradamente ASCAV que el objetivo es eliminar paulatina pero inexorablemente las viviendas vacacionales de Canarias y, fundamentalmente, despojando al 90% de los titulares de aquellas que son pequeño propietarios, de la posibilidad de ganarse la vida con el turismo".
