Hace unos días, según algunos medios de comunicación, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, reclamaba un “solución integral” para que los presos de ETA “estuvieran en casa” y “para su liberación”. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una movilización promovida por la Red Ciudadana Sare en Bilbao que reivindicaba el acercamiento a cárceles vascas de los presos de ETA.
Al hilo de las manifestaciones atribuidas a la portavoz de la fuerza política de la izquierda abertzale, creo necesarias hacer algunas consideraciones. Una primera tiene que ver con que es innegable que, constitucionalmente, las penas privativas de libertad deben de estar orientadas a las reeducación y reinserción social de los/as penados/as.
Por ello, analizando caso a caso y anudando los mismos a nuestra legislación penitenciaria, hoy como ayer nada habría que objetar a una demanda de acercamiento de presos a centros penitenciarios radicados en el País Vasco si el fin perseguido fuera el que signé con anterioridad, tal y como, por otro lado, han llevado a cabo diferentes gobiernos del PSOE y PP en la etapa democrática.
Una segunda consideración tiene que ver con que, al mismo tiempo, la Constitución Española consagra la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Por lo tanto, de lo anterior es fácilmente colegible que la solución integral que se predica por la mencionada portavoz ya viene contemplada en la legislación española, tanto para el acercamiento como para la liberación de los presos de ETA.
Sin embargo, por lo que he visto y oído en el Senado desde que accedí a esta Cámara en representación de las islas de Lanzarote y La Graciosa, encontrándose ETA derrotada por la ciudadanía y la democracia, y siendo evidente que los jóvenes representantes de la formación abertzale nada tienen que ver con los asesinos, aun así creo sinceramente que algunos, so pretexto de la total normalización de la vida política en Euskadi, pretenden que se incumplan u orillen las leyes. Me explico.
Lo vindicado debería de ser inaceptable no solo por los motivos legales anteriormente aducidos, sino por razones de carácter ético y moral porque, aun estando de acuerdo con una política de perdón ante un sincero arrepentimiento, no lo estoy con una política de olvido que, al leer lo manifestado por Maddalen Iriarte, no nos hiciera pensar que lo/as que tenían que haber estado en casa estas navidades son las más de 854 personas que perdieron la vida por la mano asesina de la banda terrorista.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.