Lanzarote lleva muchos años arrastrando un problema con la vivienda residencial que se ha transformado en estructural y crónico. La burbuja del alquiler creada gracias a la presión que ejercía el alquiler vacacional y la falta de vivienda pública empujó a muchas personas jóvenes a pagar auténticas barbaridades por una habitación y un baño compartido.
Esta situación también afectó negativamente a nuestros servicios públicos. Trabajadoras y trabajadores de sectores esenciales como la sanidad o la educación procedentes de otras islas se veían en la tesitura de tener que rechazar empleos porque les era prácticamente imposible encontrar alojamiento asequible en toda la isla. Y eso contando con un sueldo público bastante por encima del salario medio de la isla.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 va a traer grandes consecuencias laborales, económicas y sociales. Es esperable que el mercado de la vivienda también se ponga patas arriba con consecuencias que de momento parecen impredecibles.
Lo que sí podemos predecir es que el desempleo galopará como nunca hemos visto en nuestro pequeño rincón del mundo gracias a la debilidad del sector turístico al que hemos confiado el bienestar de la clase trabajadora insular. Esto hará crecer de forma exponencial el número de personas que necesitarán del escudo institucional para salir adelante hasta un nivel casi inasumible por los servicios sociales de las diferentes instituciones.
La isla tendrá que poner todos sus recursos en dos propósitos: la reinvención del tejido económico y la protección de las familias más vulnerables. Por esto es de una obvia irresponsabilidad seguir empujando a grandes y pequeños propietarios a confiar sus propiedades al mercado vacacional como está haciendo alguna formación política que parece no querer salir de su viejo paradigma.
Más allá de que Lanzarote y sus gentes necesiten ahora de todo el esfuerzo posible para que nadie se quede atrás, tampoco en materia de vivienda, el estado actual (e incluso cortoplacista) del mercado turístico no recomienda que las familias conejeras tengan ni la más mínima esperanza en él. Ni los turistas pueden venir de momento ni Lanzarote está en condiciones de seguir alimentando la burbuja.
Hace unos meses propusimos al Cabildo de Lanzarote hacer un estudio sobre el mercado del alquiler vacacional para conocer el impacto económico que genera el sector, si ayuda realmente a distribuir riqueza, si contribuye a generar ingresos públicos que se traduzcan en buenos y necesarios servicios comunes y como afecta al mercado residencial y sus precios.
La propuesta se aprobó y vemos más necesario que nunca conocer todos esos datos antes de que los partidos políticos y los actores sociales que protegen al empresariado y sus intereses consigan imponer su criterio por encima de las necesidades de las familias y del sector público.
La formación política de la que tengo el orgullo de ser portavoz en la primera institución insular está poniendo todos sus esfuerzos en hacer una oposición responsable y útil proponiendo medidas de recuperación económica y social que nos alejen de la precariedad en la que veníamos viviendo ya varias décadas.
Estamos totalmente convencidas de que el camino a recorrer es muy duro, pero que gracias a la lucha del pueblo conejero, siempre valiente y peleón, traerá un horizonte de dignidad.
Alejémonos de los viejos caminos que nos fallaron cuando más lo necesitábamos, del alquiler vacacional, del todo incluido, del parque móvil desproporcionado, de limpiar habitaciones por dos euros.
Hay toda una isla por reinventar y construir.
*Myriam Barros Grosso, portavoz de Lanzarote en Pie-Sí Podemos en el Cabildo de Lanzarote.