En democracia el sistema electoral no es una simple ley, es el marco que distribuye la representación política, y por tanto el poder, en una comunidad humana. Las Islas Canarias, en la Disposición Transitoria Primera de su Estatuto de Autonomía establecen un sistema electoral el cual está marcado de forma sustancial por la cuestión territorial, y lo de que esta se deriva, desde el pleito entre las islas capitalinas, hasta las desigualdades históricas entre unos territorios y otros. Este sistema permite representar las siete circunscripciones de forma igualitaria en función de las siete islas, sobrerrepresentando a los habitantes de las islas menos pobladas, infrarrepresentando a los de las más pobladas y con una aritmética denominada triple paridad que equipara los diputados elegidos por las por las dos islas capitalinas entre sí, ambas con el resto de las islas del Archipiélago, y los elegidos por las dos provincias entre sí.
La desproporción en el valor del voto es una imperfección totalmente entendible y necesaria, además de utilizada de forma recurrente en sistemas electorales de todo el mundo, con la intención de mejorar la representación territorial y equilibrar la distribución del poder en un lugar fragmentado como el nuestro; sin embargo, el sistema de triple paridad se ha mostrado como profundamente imperfecto y absolutamente ineficaz para tal efecto.
Si el objetivo fundamental de la triple paridad es que los diputados electos por la circunscripción insular defiendan con pareja contundencia los asuntos de sus respectivas islas y que se deban, por tanto, a las demandas de estas y su gente, la historia parlamentaria canaria arroja una certeza contundente: en contadas ocasiones se ha roto la disciplina de voto en el Parlamento de Canarias (bastaría una mano, y sobrarían dedos), y nunca, nunca, se ha hecho por diferencias de los diputados de las islas no capitalinas en relación a las decisiones que se iban a tomar por parte del ejecutivo o el legislativo canario.
Y razones no han faltado, la última en los presupuestos de 2017 cuando los diputados por Lanzarote de Coalición Canaria y PSOE levantaron la mano a favor de unos presupuestos autonómicos que no contemplaban ni un solo céntimo de euro para una demanda mayoritaria en la isla: la Unidad de Radioterapia.
Además de que la influencia de los parlamentarios de las islas no capitalinas para con los asuntos de su isla/circunscripción está más que en entredicho cuando se analiza el abismo que existe a todos los niveles entre las islas capitalinas y las no capitalinas: nula presencia de administración autonómica, notoria falta de infraestructuras e inversión, o la escasez de recursos en cuestiones básicas como transporte, sanidad, educación, o justicia en las islas no capitalinas, y que están provocando inclusive problemas graves como la pérdida de población en El Hierro.
Lo que es el estandarte del sistema electoral canario: la circunscripción insular, y el plus de esta que impone la triple paridad en las islas no capitalinas, se diluye como un terroncito de azúcar en la propia dinámica parlamentaria, y en el seno de los propios partidos engullidos por sus propias maquinarias sitas en Gran Canaria o Tenerife.
Frente a esta realidad palpable, que ni en el legislativo ni en el ejecutivo autonómico la triple paridad supone un hecho sustancial para la mejora de la situación de las islas no capitalinas, solo se esgrimen dos argumentos que más se encuentran en la dimensión del deseo que de la razón : que podría haber sido peor; y que la mera presencia de ciudadanos elegidos por Lanzarote, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura o La Palma ya demanda la elaboración de programas específicos para dichas islas. Ambas razones sin ningún rigor científico, ambas cuestiones complementarias, que pasan tangencialmente sobre el objetivo de un sistema electoral, dependientes de la voluntad de los actores implicados en el proceso y también impropias de sus pronunciadores, algunos Presidentes de Cabildos.
Y parece más que evidente que aquellos que quieren llevar el debate a decidir sobre la triple paridad sin matices, no lo hacen en la búsqueda de un proceso de reflexión altruista y en favor del bien común, sino que persiguen algún interés particular, probablemente utilizar el subterfugio falaz de la defensa de las islas no capitalinas para perpetuar un status quo que les beneficia.
Y para ello son capaces de llegar desde las amenazas, hasta enfundarse un disfraz de nacionalistas para reclamar decidir aquí el sistema electoral; el mismo disfraz que guardaron en un baúl y bajo llave, haciendo gala de una tremenda hipocresía, cuando en 1996 aplaudieron la subida de los topes electorales en Madrid.
Nadie duda de la necesidad de un factor de corrección territorial en el sistema electoral canario, al contrario, es el punto de partida del que debería partir cualquier propuesta; pero, desde luego, sería coartar del debate a la ciudadanía canaria, y las posibilidades de mejora de las islas no capitalinas en una reforma electoral, si con intenciones espurias se quisiera colocar interesadamente en el debate como el único factor de corrección territorial válido la triple paridad.
De hecho, resulta especialmente insultante para las islas no capitalinas, no ya solo que reciban un tratamiento infantil por parte de sus representantes políticos al calor de ridículas metáforas sobre carreras atléticas ( como en el Manifiesto firmado por cinco Presidentes de Cabildo, los cuatro de Coalición Canaria y el otro de ASG), sino que minusvaloren la madurez política y social de las seis islas no capitalinas de aprovechar el inmejorable contexto de oportunidad que se abre ante la reforma del Sistema Electoral Canario para incluir un factor de corrección territorial más efectivo, que tenga repercusiones reales y legales en ellas, no exclusivamente en inflar su representación en un Parlamento con una férrea disciplina de voto, sino asociada a partidas presupuestarias, a servicios básicos, o a la descentralización real del poder.
Ejemplos de esto hay en diversos sistemas políticos de todo el mundo, y ni Lanzarote, ni La Palma, ni Fuerteventura, ni La Gomera ni El Hierro, ni La Graciosa, están en condiciones de dejar pasar la posibilidad de aprovechar la coyuntura de cambio para desmarcarse de la falsa dicotomía impuesta por Coalición Canaria de "o la triple paridad o el centralismo" y afirmar sin miedo que el proyecto de Canarias nacido del Estatuto de 1982 está obsoleto, que las relega a la periferia en la toma de decisiones en el Archipiélago, y que, por todo ello, se reclama una reforma del sistema electoral que nos permita, de una vez por todas, a los que aquí vivimos, igualarnos en derechos y oportunidades, así como tener poder de decisión real sobre lo que aquí pase.
*Borja Rubio, concejal y portavoz de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife