No ha presentado ni una sola moción, ni un ruego, ni una pregunta durante casi medio año. De hecho, se embarcó hace cinco meses rumbo a Martinica, y desde entonces no ha vuelto a pisar el Ayuntamiento. Sin embargo, los vecinos de Arrecife siguen pagando una secretaria a Pedro de Armas, y también sus "excesivas" facturas del teléfono móvil. Y es que Pedro de Armas se olvidó de sus responsabilidades como concejal del PNL en la oposición, pero sí se acordó de llevarse de viaje el teléfono que le paga el Ayuntamiento con fondos públicos.
Ahora, el grupo de gobierno estudia adoptar medidas para poner fin a esta situación. Por lo pronto, hablan de pedirle que devuelva, al menos, lo que ha gastado por encima de los 120 euros mensuales que tiene asignados cada concejal en concepto de factura telefónica. Tarde, pero ya es algo.
Sin embargo, incluso aunque se hubiera ajustado a esos 120 euros de gasto, ya sería inadmisible. Cada céntimo que haya tenido que pagar el Ayuntamiento por las charlas de Pedro de Armas desde el Caribe, desde Estados Unidos o desde donde esté ahora, ya es una auténtica aberración. ¿Qué puede hacer por su municipio un concejal que lleva casi medio año en otro continente? ¿Se puede preocupar de la gestión que se está realizando en el Consistorio o de las necesidades de un barrio o de un vecino? ¿Puede representar a los mil ciudadanos que le dieron su voto en las pasadas elecciones?
Desgraciadamente, el caso de Pedro de Armas es una muestra más de lo poco protegidas que están la instituciones ante actitudes tan irresponsables como ésta. De lo que se puede llegar a bastardear la democracia. Puede que el hecho de que el acta sea del concejal y no del partido sea necesario para proteger a los cargos públicos ante posibles abusos o revanchas dentro las formaciones políticas, pero el problema es que al hacer esas normas, se olvidaron de proteger a las instituciones. Y en Lanzarote, eso ha servido para todo tipo de esperpentos.
El mayor ejemplo, sin duda, está en el transfuguismo, que comenzó hace tres décadas en Teguise de la mano, cómo no, de Dimas Martín, y se repite legislatura tras legislatura en distintas instituciones y partidos. El último episodio, de nuevo, en La Villa, con un concejal que anunció públicamente que abandonaba la disciplina del PP, pero que sin embargo no ha entregado el acta. Y allí está, sin que se sepa exactamente a quién representa, cobrando por asistir a plenos y a comisiones. Además, el grupo de gobierno le ha permitido que pase a estar presente en todas, a diferencia de lo que sucede con otros concejales de la oposición.
Con la ley en la mano, es muy poco lo que se puede hacer contra un tránsfuga. Pero el problema es que, además, casi todas las formaciones se han aprovechado en un momento u otro de este tipo de situaciones. El pacto antitransfuguismo firmado en España por las principales formaciones políticas, se ha convertido demasiadas veces en papel mojado, porque siempre hay excusas para no llamar al tránsfuga por su nombre cuando se le necesita.
Y lamentablemente, tampoco hay mecanismos adecuados para evitar, como sucede con Pedro de Armas, que un concejal electo falte al respeto a sus votantes, a la institución y a la democracia, marchándose a navegar y a recorrer el mundo mientras su asiento permanece vacío durante meses. Y lo que es peor, mientras genera gastos a los ciudadanos de Arrecife con sus conferencias desde el Caribe y con una secretaria que nadie sabe exactamente lo que hace, ya que ante la ausencia del concejal, no hay ningún tipo de iniciativa por parte del PNL en el Consistorio.
Probablemente, De Armas pensará que si no va a estar en el grupo de gobierno, y especialmente si no va a poder controlar él la Concejalía de Urbanismo, no tiene sentido perder tiempo interesándose por lo que sucede en el Ayuntamiento o en el municipio (de hecho, en 2003 también se ausentó durante dos años del Consistorio, porque la entonces alcaldesa no le daba el control del Plan General).
Y considerando que Pedro de Armas puede permitirse semejante aventurilla náutica, tampoco le parecerá importante que el Ayuntamiento pague unos cuantos miles de euros entre facturas telefónicas y un sueldo innecesario.
Quizá si en las próximas elecciones se atreve a dar un mitin y a volver a pedir el voto, debería explicárselo a los ciudadanos que están pasando necesidades; a los que esperan un proyecto que no va a poder salir adelante por los recortes; o a cualquier ONG (y a las personas que dependen de ella) que va a ver reducida su subvención en medio de la crisis, mientras él despilfarra dinero público.
Y por supuesto, también debería explicarlo su partido, el PNL, que le ha permitido mantener esta actitud y no ha tenido ni una sola palabra de reproche, al menos públicamente, ni le ha pedido que entregue el acta.
Ante los vacíos legales de la normativa, que no da herramientas suficientes para combatir hechos como éste, son los demás políticos los que deben dar la talla, al menos poniendo el grito en el cielo y condenado este tipo de actitudes, si realmente quieren demostrar que no todos son iguales y que sí hay quienes respetan a los votantes y a la institución.
Ahora, y aunque algunos representantes de otros partidos han preferido no pronunciarse sobre este tema (quizá para no cerrar puertas a las uniones que pueda deparar el futuro), al menos el grupo de gobierno ha respondido a las preguntas de La Voz asegurando que estudiará qué medidas puede adoptar. Y aunque el margen de maniobra sea escaso y las posibles medidas insuficientes, debería aplicarlas con todo el rigor posible, y cuanto antes.